El Gobierno ha impulsado, a través del Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo, un plan para actuar contra la desinformación y "la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos" que "persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
La disposición, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fundamenta en que el acceso a la información veraz es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas y en que "la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales", y para velar por ello crea un mecanismo de vigilancia compuesto esencialmente por departamentos del Gobierno.
El plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para frenar esa desinformación detectada.
Prevención, detección y seguimiento de "fake news"
El punto de partida el proyecto es el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los estados miembros para atajar la desinformación. De esta forma, el Ejecutivo crea un Sistema Nacional para la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y respuesta a este fenómeno.
La estructura para la lucha contra la desinformación está formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil.
Por parte del Consejo de Seguridad Nacional, según consta en el BOE, le corresponde asistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la responsable de la coordinación de la política informativa del Gobierno.
Las "autoridades públicas competentes" que se integrarán en ese mecanismo son asimismo la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los Gabinetes de comunicación de Ministerios y "otros organismos relevantes".
Esas autoridades competentes serán las que podrán solicitar la colaboración del sector privado y la sociedad civil, entre los que se citan los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.
El plan establece cuatro niveles
Este plan de actuación contra la desinformación establece cuatro niveles. El primero es la detección, la alerta temprana y la notificación del problema. El segundo nivel comprende la convocatoria de la alerta y la realización de una campaña de comunicación pública sobre la desinformación, entre otras medidas.
Un tercer escalón conllevaría dar información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y hacer seguimiento y evaluación de la alerta, mientras que el cuarto estadio sería la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer estadio.
La puesta en práctica de este procedimiento, según recoge el BOE, se probará y entrenará tanto en ejercicios nacionales como en simulacros realizados conjuntamente con otros países e instituciones de la Unión Europea.
El PP lo ve un "escándalo" y pide la comparecencia de Calvo y Redondo
El PP no ha tardado en reaccionar al plan del Gobierno, que consideran un "escándalo" y ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y del director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo.
Tras recriminar al Ejecutivo que pretenda arrogarse la "potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera", en palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, su grupo parlamentario en el Congreso ha registrado dos solicitudes con la finalidad de que ambos den explicaciones sobre este asunto.
El PP, que ha exigido la retirada "inmediata" de la orden ministerial que regula la puesta en marcha de este plan de lucha contra la desinformación, insiste en que el Gobierno debe escuchar a las asociaciones de periodistas y a los profesionales de los medios de comunicación.
"El Gobierno aprueba una orden para 'vigilar' a los medios y 'perseguir' lo que el gabinete de Sánchez considere 'desinformación'. No solo atacan a la prensa crítica y señalan periodistas sino que crean un orwelliano 'Ministerio de la Verdad'. Un ataque intolerable a la democracia", ha escrito Pablo Casado en Twitter.
Vox cree que tratan de "controlar" opiniones y "censurar" a medios no afines
También desde Vox han criticado un plan que bautizan como "Ministerio de la Verdad" y cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.
"El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden", ha alertado Vox en su cuenta oficial de Twitter.
Desde esa misma red social, el líder del partido, Santiago Abascal, ha cargado contra Sánchez por "instaurar" la censura y pretender "erigirse en juez de lo que es verdad y mentira".
Cs recuerda que el Código Penal ya fija los límites a la libertad de expresión
Mientras, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa, después de que el Gobierno aprobara un procedimiento para monitorizar la información y solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
En rueda de prensa en la sede de Cs, Bal ha señalado que al inicio de la crisis del coronavirus el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya manifestó su pretensión de combatir las 'fake news' y de que "solo hubiera un canal de información oficial sobre la pandemia".
"No, España es una democracia avanzada, un país donde se respetan los derechos fundamentales, donde se respeta la libertad de expresión, ideológica, de prensa y de información" y donde "los excesos de estas libertades se corrigen con lo que dice el Código Penal cuando se cometen injurias, calumnias y el resto de delitos de expresión", y "en ese marco hay que moverse", ha afirmado.
La APM alerta de que el plan puede convertirse en censura
Tampoco ha tardado en reaccionar la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), quien ha alertado de que el plan contra las 'fake news', mediante el que monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios, "puede convertirse en censura".
"El periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para difundirla. En este sentido, cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida y la APM se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido", ha explicado la asociación en un comunicado.
“la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados“
En este sentido, la APM pone "serios reparos" a las herramientas anunciadas para esa lucha porque "deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos". A su juicio, "el riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad".
"Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos", ha manifestado, para después añadir que la libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es "una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático".