El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Lezo', Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por haber cobrado presuntamente una comisión de 1,8 millones de euros por el contrato del tren a Navalcarnero.
La decisión llega pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara que concluyera la instrucción de esa pieza, la número 3 del caso, y propusiera asimismo juzgar a seis personas, entre ellas González y el empresario Javier López Madrid.
La investigación se ha centrado en el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero, que no llegó a culminarse.
En un auto al que ha tenido acceso RTVE, García Castellón señala que la adjudicación de este contrato obedeció a un plan ideado por los investigados Francisco Javier López Madrid, consejero de OHL en el momento de los hechos, y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas, entonces consejero director general de Construcción Nacional de OHL, quienes trataron de asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que "compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta".
El plan que habrían ideado
Para lograr su propósito, ambos investigados habrían destinado 2,5 millones de dólares ‒aproximadamente 1,8 millones de euros‒ al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban los investigados Ildefonso de Miguel Rodríguez, director gerente de Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2009, y Jaime Ignacio González González, Presidente del ente público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012 y vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre los años 2003 y 2012, "a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada Guijarro", entonces Consejero Delegado de MINTRA y, como tal, órgano de contratación de la entidad.
Con ese plan sobre la mesa, para llevar a cabo el pago de la citada comisión contaron "con la colaboración esencial" de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos y Adrián de la Joya, "quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello".
Días después de la adjudicación, expone el juez, Ramos Ramos, siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.
Para dar cobertura a esta salida de fondos, el Ramos Ramos, de acuerdo con López Madrid y Martín de Nicolás Cañas, elaboró dos facturas por prestación de servicios ficticios que hizo aparecer formalmente emitidas por la sociedad panameña LAURYN GROUP INC., propiedad de De la Joya.
Desconoce las "circunstancias concretas" del reparto de comisiones
"No obstante, al día de la fecha no ha sido posible llegar a conocer las circunstancias concretas en que se llevó a cabo el reparto de esas comisiones entre este investigado y el investigado Jaime Ignacio González González", dice el juez.
En su escrito, García Castellón también señala que finalmente y siguiendo con el plan ideado, el 7 de octubre de 2011, "a pesar de que la sociedad concesionaria tuvo que paralizar la ejecución de las obras al no conseguir financiación debido a la oferta que presentaron", se solicitó una modificación contractual aduciendo indebidamente causas imprevistas, si bien, dado que en esa fecha MINTRA ya había sido disuelta, "no lograron culminar su propósito" al ser inadmitida su solicitud por la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la CAM, sucesora de MINTRA.
OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.
El juez García-Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.