Siete vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presentado un escrito en el que solicitan la celebración de un pleno extraordinario en este órgano para tratar la reforma planteada por PSOE y Podemos(LOPJ) dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que, al ser más de cinco los vocales que solicitan la celebración del pleno, este será previsiblemente convocado por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en un plazo máximo de tres días hábiles. Ello quiere decir que la reunión debe tener lugar como muy tarde el próximo martes.
El escrito lo suscriben siete vocales designados a propuesta del PP, que son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona. En el breve texto de la propuesta, a la que ha tenido acceso RTVE, los vocales señalan que hacen su petición al amparo del artículo 600.2 de la LOPJ.
Piden que se examine la reforma presentada por PSOE y UP
Según dicho artículo, "deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente o si lo solicitaren cinco vocales". El pleno aún no ha sido convocado, pero fuentes del Consejo dan por seguro que el presidente lo aceptará si bien es probable que se fije para la semana próxima, ya que este viernes Lesmes acude a la entrega de Premios Príncipe de Asturias en Oviedo.
Los vocales piden expresamente que el presidente "convoque con carácter urgente un Pleno extraordinario para que se examine la reforma de dicha Ley Orgánica planteada por el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú" y, a tal efecto, acompañan a su petición el texto de la proposición de Ley Orgánica presentada el pasado 13 de octubre de 2020 en el Congreso, así como un borrador de declaración del Pleno sobre dicha reforma.
La reforma ha causado una fuerte respuesta tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones -excepto Jueces para la Democracia- y en ámbitos de la cúpula judicial se ha calificado incluso de inconstitucional el intento de acabar con la mayoría reforzada para designar a los vocales del CGPJ.
A ello se añade el método parlamentario elegido, la propuesta de ley, que elude los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.