Madrid vive desde este sábado su vuelta al estado de alarma, el segundo en menos de un año debido al coronavirus, tras un rifirrafe político entre el gobierno de Sánchez y el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que ha desembocado en una lucha judicial y en incertidumbre entre los ciudadanos.
Las restricciones tomadas son, según los expertos consultados por RTVE.es, necesarias para frenar los contagios en la Comunidad, aunque consideran que las discrepancias políticas y judiciales han hecho que se retrasara la lucha efectiva contra la pandemia. "Pretendían hacer criterios de conciliación, pero al final no han conciliado a nadie, ni a la Comunidad de Madrid, ni a los empresarios, ni los criterios científicos. El virus ha llegado muy lejos", asegura el director del grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López.
Además del retraso, otros expertos apuntan a que las medidas finales son "insuficientes para controlar la transmisión de forma efectiva y rápida" en Madrid. "Se necesita un plan de intervención muy duro con todas las medidas que se puedan (limitación de movilidad, limitación de reuniones, restricción de horarios, etc.) que podrían incluso requerir del cierre de la hostelería y de otras empresas", explica el director de la Unidad de Salud Pública de Sevilla, Eduardo Briones.
El tercer problema es que será necesaria una "labor de pedagogía" para reducir la "confusión" en la ciudadanía y apelar "más a su responsabilidad a la hora de cumplir las cuarentenas y el uso de la mascarilla", según señala el director del Centro de Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, que pone el objetivo en disminuir la tasa de contagios en la Comunidad de Madrid, la segunda más alta después de Navarra, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
¿Son suficientes las medidas?
Las medidas del estado de alarma en Madrid, el primero que se aplica en una sola comunidad autónoma, son las mismas que las anunciadas hace ocho días, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad las tumbara: restringir la movilidad de los ciudadanos fuera de nueve municipios madrileños, la reducción de aforos en establecimientos o la prohibición del consumo en barra en la hostelería. Su vigencia ha comenzado de forma inmediata el viernes tras ser publicado en el Boletín Oficial del Estado y su duración será, de momento, de 15 días, el plazo máximo que permite la Constitución para el estado de alarma.
Tras este periodo, según consideran los expertos, ya se podría atisbar si la situación va mejorando o se necesitan nuevas actuaciones. “El efecto de las medidas no se puede notar todavía. Hay que esperar y ver a partir de mínimo 10 días", explica el epidemiólogo y catedrático de Salud Pública del Instituto Hospital del Mar, Miquel Porta. Además, opina que los jueces tendrían que "haber aceptado las medidas en el primer momento", ya que "la ley es un medio para proteger la salud y la economía, y no un fin”. "Las restricciones son las adecuadas en este momento, la cuestión es si se van a cumplir”, añade.
En esta línea, también se ha expresado el director del departamento de salud pública de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Rodríguez, que considera buenas las recomendaciones del gobierno central - en su opinión, no tan alejadas a efectos prácticos de las de la Comunidad de Madrid, ya que ambas intentan atajar la movilidad y la reunión-, aunque el procedimiento "haya generado confusión en la ciudadanía y reduzca la credibilidad de las indicaciones".
Briones, en cambio, defiende que las medidasy recomienda que se mejore "urgentemente la comunicación a la población, aclarar las dudas y buscar su colaboración" para un periodo ya "inevitable" de restricciones en la vida normal. Asimismo, apuesta por "el sistema de rastreo, aislamiento y seguimiento de casos y contactos" y por "evaluar" como podría mejorarse el sistema.
¿Y si no mejora la situación?
Si trascurrido un tiempo no mejorase la situación o se estancara, los epidemiólogos aconsejan volver a fases anteriores o endurecer las sanciones por el incumplimiento y las normas. "La responsabilidad no recae solamente en la administración, sino también en la población. Hay que cumplir las cuarentenas, si no no hay forma de doblegar la pandemia" explica Badiola y propone "trabajar más con los asintomáticos, ya que algunos de ellos no tienen la percepción de estar enfermos" e "imponer sanciones más fuertes", especialmente, a reincidentes".
Rodríguez apuesta, por su parte, por "ir recorriendo el camino inverso al de desescalada" si empeora la situación, mientras que José Antonio López incide en mejorar aquello que, bajo su punto de vista, ya se tendría que haber llevado a cabo hace tres meses. "Tendríamos que haberlo previsto antes reforzando los rastreadores, la atención primaria, controles de aguas residuales e incluso haber puesto en marcha el radar COVID. También hacer cribados, pero no aleatorios, sino en los puntos con más contagios", enumera.
"Las siguientes medidas a tomar serán claramente más drásticas, restricciones más serias en la hostelería, ocio interior y allí donde se reúne la gente", propone López para reducir los contagios, que ya suman en torno al 30 % de los diagnósticos y fallecidos a nivel nacional. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, Madrid acumula 261.762 casos y 9.739 muertes desde el inicio de la pandemia, motivo por el cual Sanidad constata transmisión comunitaria descontrolada. Por su parte, en su informe diario de situación epidemiológica, el gobierno madrileño eleva el número de fallecimientos a 16.999, el total de positivos a 267.947 y los recuperados, a 55.874.
"Si queremos atajar el virus ahora mismo vamos a herir, esperemos que no de muerte, a la economía, pero sin salud y sin controlar la pandemia tampoco hay futuro económico en nuestro país", concluye López.