Desde 2013, las 407 mujeres asesinadas por violencia de género han dejado 293 menores huérfanos. Desde que se contabilizan los asesinatos por violencia de género en 2003, la mil primeras mujeres asesinadas dejaron 1.494 huérfanos, de los que casi la mitad, 765 eran menores de edad cuando su madre murió asesinada. Según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el 75% de las víctimas eran madres y la mitad tenían hijos o hijas que eran menores de edad en el momento del crimen.
Los asesinos de las mujeres eran los padres de 499 de estas criaturas. La mayoría de estos niños y niñas, que son también víctimas directas de violencia de género, pasan a quedar al cuidado de familiares que se hacen cargo de su tutela. Un informe de Fundación Mujeres y el Fondo Soledad Cazorla destaca que esas familias, además de enfrentarse a la tragedia que supone el asesinato, a menudo pasan por dificultades económicas y personales por acoger a esos menores. Además, los propios menores sufren las secuelas psicológicas de la violencia de género que han presenciado, la falta de sus madres y la estigmatización que les puede suponer ser hijos de los asesinos.
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La Fundación Mujeres pide que se desarrollen por completo las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género para proteger a menores hijos e hijas de las víctimas. También llama a que se atiendan las necesidades especiales de protección de los hijos de las mujeres que sufren violencia de género en general y a quienes han quedado en situación de orfandad por estos crímenes. Unos casos que deberían incorporarse al debate sobre la Ley de protección a la infancia y la adolescencia, aseguran.
Mejoras en las ayudas a las familias
Los huérfanos de las mujeres asesinadas son también víctimas de violencia de género. La Fundación Mujeres, ha hecho este lunes público el informe del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que complementa las ayudas públicas para huérfanos a causa de la violencia machista. En este trabajo, Fundación Mujeres advierte que muchas familias desconocen las ayudas a las que tienen derecho o no saben el procedimiento para solicitarlas y pide que se mejore la asistencia para facilitar y agilizar los trámites: "Observamos que es necesario incrementar el apoyo a las familias respecto del procedimiento de solicitud. Igualmente, hemos identificado que no siempre existe suficiente información en relación con este derecho y sus efectos, ni entre las familias ni entre los y las profesionales que se ocupan de la primera acogida".
En el informe se reconoce la mejora que ha supuesto la ley de marzo de 2019, que ha aumentado los recursos dedicados a pensiones de orfandad y ha creado una nueva prestación para los casos en que la víctima no cumpliera con los requisitos de cotización de la Seguridad Social, aspectos que benefician a las familias más vulnerables. Recuerdan no obstante que la cobertura para las familias que se hacen cargo de los huérfanos y las huérfanas de la violencia de género no es universal y depende del nivel de renta de las familias. Llaman la atención sobre los casos que quedan fuera de las ayudas por el requisito de orfandad absoluta: cuando el padre no es el agresor y en los casos de familias que adoptan a niños y niñas huérfanos por estos crímenes.
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Más vulnerables en tiempos de coronavirus
El Fondo Sociedad Cazorla ha incrementado su actividad desde que comenzó la pandemia, con el acompañamiento a familias cuyas necesidades se han visto agravadas por el confinamiento por el COVID-19, tanto proporcionando medios para que las niñas y niños puedan seguir las clases a distancia como aumentando los servicios de asesoría jurídica que ofrece a las familias que los acogen.
Por las consultas que reciben en su asesoría jurídica, saben que a la tragedia que supone el asesinato de la mujer se une toda una serie de complicaciones económicas para las familias que acogen a los menores: desde dudas sobre la fiscalidad de las indemnizaciones hasta problemas en la disolución de la sociedad de gananciales de los padres. Por eso hacen una serie de propuestas a las administraciones para mejorar la situación de las familias que se hacen cargo de estos menores y facilitar los procesos.
En 2019, se concedieron 32 becas de orfandad por un total de 57.000 euros, que beneficiaron a 21 familias de todo el país. La mayor parte de los fondos se dedicaron a gastos de material y refuerzo escolar, así como de apoyo psicológico para ayudar a los menores a superar la situación. Para este año se pretende aumentar el número de esas becas.