El Gobierno y el PP han pedido que se convoquen inmediatamente elecciones autonómicas en Cataluña después de que el Tribunal Supremo haya confirmado este lunes y por unanimidad la condena de inhabilitación por año y medio que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reclamado unos comicios en Cataluña "cuanto antes mejor" para que haya una "relación fructífera" entre ambas administraciones.
Sobre la sentencia, la vicepresidenta ha eludido cualquier comentario, pero no sobre su trasfondo político. "Es cierto que con esta situación convendría que Cataluña entrara en un espacio en el que los catalanes sean los que hablen; cuanto antes mejor", ha dicho a los medios en el Congreso, adonde ha acudido para continuar con Unidas Podemos la ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
Otros miembros del Gobierno también han expresado su "respeto" a esta decisión judicial. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González-Laya, ha asegurado en una rueda de prensa que "España es un estado derecho con una separación de poderes" y ha recordado que "todos tenemos la obligación de respetar la ley: ciudadanos y gobernantes".
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El PSOE cree que se abre "un tiempo nuevo" para Cataluña
Por su parte, la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, ha instado a superar el "bloqueo" provocado por los independentistas. En rueda de prensa, nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena de año y medio de Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del 'procés' de los edificios públicos en periodo electoral, la presidenta del PSOE y vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, ha reclamado que se convoquen elecciones "más pronto que tarde".
"Esta inhabilitación abre un tiempo nuevo para Cataluña. Se debe producir lo antes posible la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes superar la situación de parálisis y de bloqueo generada por la actitud de los partidos independentistas a lo largo de los últimos meses", ha defendido Narbona.
Por ello, ha pedido que Torra no prolongue "de una manera injustificada" la situación "extremadamente precaria" en la que queda ahora Cataluña tras su inhabilitación.
Asimismo Narbona ratificado que la inhabilitación de Torra no modifica la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo con Cataluña. "No cambia su inhabilitación la disposición al diálogo que mantiene el Gobierno de coalición, ya que el diálogo es imprescindible para superar las cuestiones políticas en Cataluña", ha señalado. Aun así, el pasado 17 de septiembre, cuando tuvo lugar la vista en el Tribunal Supremo, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que en la mesa de diálogo con Cataluña no se podría sentar quien estuviera inhabilitado.
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PP, Vox y Cs aseguran que la inhabilitación ha sido posible "gracias" a ellos
Por otro lado, Casado, en un mensaje en Twitter, ha asegurado que la inhabilitación de Torra ha sido posible "gracias a la denuncia del PP ante la Junta Electoral Central". También ha señalado, además, que "el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de la sentencia y el orden público en Cataluña".
Este lunes antes de conocerse la sentencia, en declaraciones a Onda Cero, Casado había subrayado que con la inhabilitación de Torra se dejaba muy claro que "la impunidad no debe existir" en España "como pretenden los independentistas y el Gobierno, que ahora plantea indultos y modificaciones del Código Penal a la carta de los independentistas". Y también aseguraba que si Torra era inhabilitado debería haber elecciones "cuanto antes" en Cataluña y advertía de que de no haberlas, sería "un fraude de ley".
Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, también ha celebrado en Twitter la sentencia y ha asegurado que ha sido posible "gracias" a su formación y su equipo jurídico.
El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé y la responsable de sus servicios jurídicos, Marta Castro, han pedido que la sentencia se ejecute "lo antes posible" y han exigido la convocatoria "inmediata" de elecciones en Cataluña.
También en Twitter, la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha defendido que con la inhabilitación de Torra "se hace justicia" y "gana la libertad" y asimismo ha anotado que fue su formación quien denunció ante la Junta Electoral la existencia de pancartas de apoyo a los presos en edificios públicos.
"Los espacios públicos son de todos y un dirigente político no puede saltarse las leyes para inundarlos con propaganda separatista", ha remarcado Arrimadas, que ha recordado que su partido inició una causa "que hoy acaba con su inhabilitación".
Podemos considera "injusta" la condena
Para Unidas Podemos, la condena de Torra es "injusta". Así se ha pronunciado el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, en Twitter tras conocer la inhabilitación. A su juicio, es el caso "más absurdo" que ha visto y supone "una sentencia injusta más" de un Poder Judicial "secuestrado por la derecha", que no les debe "desviar" del "camino de la política".
El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha publicado en redes sociales un mensaje en el que muestra su rechazo a la sentencia.
"Cesar a la máxima autoridad de una comunidad autónoma por tardar horas en cumplir las instrucciones de un órgano administrativo como la Junta Electoral es un despropósito democrático", ha opinado Errejón.
Urkullu considera una "desproporción" la condena
También el lehendakari, Iñigo Urkullu, considera una "desproporción" la decisión del Tribunal Supremo que confirma la inhabilitación del presidente catalán y cree que "en nada ayuda a propiciar una salida al contencioso institucional y político de dimensión y calado" que se da en Cataluña.
Tras recordar que Torra ha sido el primer president de la Generalitat en ser inhabilitado en el ejercicio de sus competencias en estos 40 años, Urkullu afirma que, "aún teniendo en consideración los requerimientos de la Junta Electoral Central y de que el propio president reconociera su desobediencia, hay una desproporción evidente entre el hecho original, mantener una pancarta reivindicativa no atentatoria contra Derecho Humano alguno en el balcón de la Generalitat, y el resultado final, la inhabilitación del President".
"Se produce, además, en un contexto de especial sensibilidad sanitaria, emocional, económica y social", advierte en su mensaje el lehendakari.