La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta para reformar la política de asilo y migración que renuncia a las cuotas obligatorias para el reparto de la acogida de refugiados. En su lugar, plantea un sistema voluntario y "flexible", con varios niveles de solidaridad con los países con mayor presión migratoria y apuesta por reforzar la frontera exterior de la Unión Europea que no logren estatus de refugiado.
Con esta decisión, ha tomado peso la posición de países como Hungría, Polonia o HungríaPolonia Austria que rechazaban de plano un mecanismo de cuotas obligatorias, que reclamaban otros estados como España. Las grandes diferencias entre los Estados miembro respecto a cómo gestionar la llegada de refugiados a la Unión Europea sigue enfrentando a las capitales, por lo que Bruselas se ha tomado más de un año de contactos bilaterales para tratar de superar las tensiones entre los bloques.
La versión definitiva de la reforma dependerá de las negociaciones que Bruselas debe iniciar ahora con los 27.
Refuerzo de la frontera exterior
El resultado es una propuesta que defiende la necesidad de una política "solidaria" pero que se sustenta en el refuerzo de la frontera exterior --con más peso para la guardia de fronteras Frontex--, y en dar un impulso a la cooperación con países terceros para agilizar las expulsiones de los inmigrantes que no obtengan el estatus de refugiado.
Así las cosas, la reforma que defenderá la Comisión en las negociaciones con los Veintisiete apela a una solidaridad "sin excepciones" entre los Estados miembro, para lo que ofrece, sin embargo, un mecanismo con base voluntaria que permitirá a los países elegir entre un catálogo de "contribuciones flexibles".
Expulsiones "patrocinadas"
De este modo, cuando un país se enfrente a una presión migratoria que no pueda soportar se esperará de sus socios que respondan ofreciéndose a realojar en su territorio a parte de los demandantes de asilo, pero podrán también optar por otras formas de apoyo como "asumir la responsabilidad del retorno" de los que sean deportados, algo que Bruselas define como expulsiones "patrocinadas".
La Comisión contempla varios escenarios en los que la solidaridad europea debería ponerse en marcha de manera más o menos intensa, desde la reubicación de demandantes de asilo rescatados en alta mar, con acogida voluntaria de otros países y un "mecanismo de corrección" para asegurarse que se atienden todas las necesidades, hasta una situación de crisis en la que la reubicación sería no solo de quienes se reconozca como refugiados, sino también de quienes están en frontera en situación irregular.
A pesar de que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, aseguró hace una semana que la propuesta serviría para "abolir" el reglamento de Dublín, por el que toda la responsabilidad de la tramitación y acogida del inmigrante recae sobre el país de entrada, este principio finalmente se mantiene en el proyecto que defiende Bruselas.
Defienden un equilibrio entre "solidaridad" y "responsabilidad"
"Ningún Estado miembro vive la migración del mismo modo y afrontan retos diferentes y únicos que deben ser reconocidos, entendidos y afrontados", ha considerado el vicepresidente comunitario responsable de Migración, Margaritis Schinas, para defender que la propuesta logra el equilibrio entre la "solidaridad" que reclaman los países en primera línea y la "responsabilidad" que evocan aquellos que están en segunda.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, por su parte, ha afirmado que la reforma asegurará procedimientos "más claros, justos y rápidos" en frontera, de modo que las personas que tratan de alcanzar la UE "no tengan que esperar en un limbo".
Para ello, ha explicado la socialista sueca, será necesario reforzar la cooperación con los países terceros desde los que llegan de manera irregular los migrantes para que éstos puedan ser deportados de manera más ágil, pero también para ofrecer vías legales de entrada y luchar con más firmeza contra las mafias que trafican con personas.
Más de 42.000 personas están en condiciones de hacinamiento e inseguridad en los centros de identificación de Lesbos, Samos, Quíos, Leros y Kos
Moria demuestra que el sistema actual "ya no funciona"
La crisis humanitaria en la isla griega de Lesbos, tras el incendio que hace días arrasó el campamento de Moria en el que residían más de 12.000 demandantes de asilo, demuestra que el sistema actual "ya no funciona" y es necesario "un nuevo comienzo", en opinión de los comisarios.
Con todo, Bruselas trabaja ya en un proyecto piloto con Atenas para levantar un nuevo campamento en Moria más moderno y con apoyo de las agencias europeas para acoger a los migrantes y agilizar la tramitación de sus expedientes.
Críticas de las ONG
Tras conocerse los primeros detalles de la reforma, varias ONG han criticado la propuesta por considerar que no responde a las necesidades humanitarias de los miles de demandantes de asilo que buscan asilo en la UE sino únicamente frenar su llegada.
"En su intento por lograr el consenso, la Comisión ha cedido a la presión de los Gobiernos de la UE que solo tienen por objetivo reducir el número de personas a las que se concede protección en Europa", ha lamentado la responsable de Oxfam para Europa, Marissa Ryan.
Desde Caritas Europa, por su parte, su secretaria general Maria Nyman, ha alertado del riesgo de que los nuevos procedimientos para agilizar las deportaciones "conduzca a devoluciones en caliente y aumenten las detenciones" de migrantes.
Por su parte, la directora para Europa de Save the Children, Anita Bay Bundegaard, ha indicado que aunque la ONG acoge "con satisfacción la atención específica que se presta a los niños y las niñas", teme que "las nuevas medidas propuestas corran el riesgo de repetir el mismo enfoque fallido que condujo a la terrible situación en el campo de refugiados de Moria y a los desastres en el Mediterráneo". "Es difícil comprender que la UE no haya aprendido de sus errores recientes", ha subrayado.