Los ministerios de Justicia y de Igualdad preparan una batería de medidas y reformas legales con el objetivo de impedir que la industria de la explotación sexual continúe haciendo caja con la explotación de mujeres y que este tipo de violencia deje de ser un negocio en España. La prostitución es el segundo negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas. Un negocio basado principalmente en la explotación sexual de mujeres, en el que una cantidad siempre escandalosa de las víctimas son menores de edad y que no se ha detenido en nuestro país durante la pandemia. España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución y el primero en la Unión Europea.
Evitar que la explotación sexual sea un negocio
Para conseguir ese objetivo, se planean dos tipos de medidas que se articularán a través de la nueva Ley de Libertad Sexual y del Código Penal. Parte de las medidas buscan acabar con la impunidad en la que los proxenetas realizan sus actividades de explotación sexual. Esto conllevará una reforma del Código Penal que están preparando de forma coordinada los ministerios de Justicia e Igualdad. La Fiscalía General del Estado ya manifestó la necesidad de esa reforma para poder perseguir a quienes se benefician de la explotación sexual.
En la nueva tipificación de delitos que incluiría la tercería locativa. En este último caso, se trata por ejemplo de evitar la trampa por la que algunos dueños de prostíbulos aseguran que las mujeres son camareras y les "alquilan" las habitaciones en las que ellas realizan los servicios. Se trata de una figura condenada por sucesivos acuerdos internacionales contra la explotación sexual y la trata de personas, desde el Convenio de Nueva York de 1950.
Un "Plan Integral" para ayudar a las mujeres
Pero, ¿qué pasa con las mujeres víctimas de esa explotación sexual? Fuentes del Ejecutivo aseguran que se elaborará un "Plan Nacional Integral social, laboral y económico que garantice alternativas viables y de reparación de los derechos vulnerados para las mujeres víctimas de trata y explotación sexual" de forma integral e individualizada.
Algunas de estas medidas ya se pusieron en marcha durante el estado de alarma, como alternativas habitacionales o la previsión de que pudieran cobrar el Ingreso Mínimo Vital, no obstante, las organizaciones que trabajan con mujeres en contextos de prostitución aseguran que estas ayudas no les han llegado.
Y es que la mayoría de las mujeres víctimas de trata o explotación sexual dependen totalmente de los proxenetas. Aunque no estén extorsionadas, deben alojarse en los burdeles y pagar alquiler por ello y por cualquier objeto que usen, incluso el jabón o las sábanas, generan nuevas deudas y no tienen ni documentación ni medios para sobrevivir fuera de ese entorno.
Carmen Ynzenga, coordinadora de Proyecto Esperanza, subraya que hay muchas en situación irregular, o cuya documentación ha caducado y temen pedir ayuda, que no saben qué trámites pueden seguir, que no están empadronadas y ni siquiera tienen a su nombre una cuenta bancaria. "Así es casi imposible hacer las gestiones necesarias para conseguir las ayudas del gobierno que se anunciaron, como el ingreso mínimo vital".
“La situación de muchas mujeres les impide hacer los trámites para conseguir las ayudas“
Medios para escapar de la explotación sexual
La crisis económica que acompaña a la pandemia también las ha afectado cortándoles posibles salidas laborales. "Muchas mujeres que habían iniciado un proceso de integración e incorporación social estaban todavía en situaciones muy inestables. Este contexto de crisis ha supuesto una vuelta atrás absoluta, porque les es muy difícil sostener su situación laboral", afirma Carmen Ynzenga, que ha visto cómo muchas de estas mujeres volvían a pedirles ayuda o volvían a la situación de explotación sexual para poder sobrevivir.
Médicos del Mundo lanza este miércoles una nueva campaña con motivo del Día contra la Explotación Sexual en la que denuncia la ceguera de la sociedad ante quienes más sufren: "Con esta campaña, buscamos sacar a la luz a las personas que han quedado más ocultadas por la pandemia y a la vez generar rechazo social hacia quienes consumen, sostienen y financian el negocio de la prostitución", declara Celsa Andrés, vicepresidenta de la organización humanitaria.
Médicos del Mundo también denuncia las barreras que encuentran las mujeres para salir de este infierno. En 2020, la ONG ha atendido a más de 7.000 personas, de las que 590 presentan claros indicios de ser víctimas de trata. Casi el 90% de las personas atendidas son mujeres (89,6%), 7% mujeres transexuales y el 3% hombres. "Prácticamente ninguna de ellas ha conseguido el Ingreso Mínimo Vital, y además, al encontrarse muchas en situación irregular, ni siquiera pueden acceder con normalidad al Sistema Nacional de Salud ni a medicamentos y tratamientos, puesto que no disponen de tarjeta sanitaria", afirman.
“Hay que generar rechazo social hacia quienes consumen, sostienen y financian el negocio de la prostitución“
Estas organizaciones han constatado que las mafias de la explotación sexual han seguido explotando a las mujeres incluso durante el estado de alarma poniendo además en riesgo su salud. APRAMP, otra de las organizaciones veteranas en la asistencia a mujeres en contextos de prostitución, denuncia que durante el estado de alarma los proxenetas "movieron" a las mujeres desde los prostíbulos hasta pisos donde ellas quedaban todavía más desprotegidas.
A pesar de que operaciones de las fuerzas de seguridad contra las redes de proxenetas, la trampa ha seguido cerrada sobre miles de mujeres que se encuentran en una situación más vulnerable aún que antes de la pandemia. En Médicos del Mundo denuncian también que hubo hombres que presionaron para tener sexo sin protección o a menor precio porque sabían que ellas necesitaban cualquier ingreso para alimentar a sus familias.