La Audiencia Nacionaly la ha citado a declarar el 8 de septiembre tras reabrir la pieza donde investiga las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo, en las que ésta hablaba de las presuntas cuentas de Juan Carlos I en Suiza.
El juez Manuel García Castellón ha acordado este lunes la reapertura de esta pieza, denominada Carol y que es la número 5 del caso 'Tándem' o Villarejo, donde investiga esas supuestas grabaciones.
El magistrado también ha llamado a declarar como imputados al propio Villarejo (el 7 de septiembre), a su socio Rafael Redondo y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga.
En 2018, el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea archivó la pieza que ahora reabre García Castellón. Lo hizo siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que concluyó que el rey emérito era inviolable cuando fue grabada la conversación en Londres en 2015, antes de la abdicación.
Nuevo material y solicitud de colaboración desde Suiza
Ahora, en el auto, el juez García Castellón explica que, después del sobreimiento de la causa, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se ha analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza. También que la Fiscal suiza remitió una solicitud de cooperación judicial a la Audiencia Nacional por la conexión entre los hechos de ambas investigaciones.
En concreto, la reapertura se dirige para esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Larsen a Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de "unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española", así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, “sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones”.
El instructor detalla una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen en la que ésta le expone al comisario sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada. Villarejo le vendió sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo. En ese sentido, el juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.
Dado que el juez y la Fiscalía han discrepado sobre la posible conexión entre los hechos investigados en Suiza y España, el magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de dicha conexión, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos.
Encargos de Corinna a Villarejo
El magistrado argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarrejo, que se lucra recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía.
En el marco de esta actuación criminal, añade García Castellón, “pudiera haber se producido algún tipo de encomienda por parte de Corinna Larsen a José Manuel Villarejo, para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información”.
El juez recuerda que la investigación que dio lugar a la presente pieza separada arranca del hallazgo de unos archivos, de los que se desprenden diferentes y variados hechos que revisten la apariencia de infracción penal. El magistrado hace referencia al registro por parte de Villarejo de una conversación de índole privada en un domicilio particular y añade que se desconoce si los intervinientes en la misma eran conscientes de que estaban siendo grabados. Del contenido de tales conversaciones parecen inferirse, explica el juez, una serie de infracciones penales del relato expuesto por Corinna en los audios.
Las finanzas de Juan Carlos I, bajo sospecha
Las finanzas del rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por pandemia de COVID-19, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.
En el último mes han salido a la luz las declaraciones de la que fuera amiga del rey emérito así como del gestor financiero suizo, Arturo Fasana, y el abogado Dante Canonica en el marco de la investigación del fiscal de Ginebra Yves Bertossa, que sospecha que el rey emérito "ocultó cerca de 100 millones de dólares en Suiza" que podrían proceder del pago de comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca (Arabia Saudí) en 2011. En ellas revelan que el rey entregó 65 millones de dólares a Larsen procedentes de una donación del rey saudí y que don Juan Carlos participó de la creación de una estructura "offshore" para ocultar dinero en Suiza.
En España, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones para la adjudicación en 2011 del AVE a La Meca (Arabia Saudí) al comprobar que podría estar involucrado el rey emérito, que es aforado y cuya inviolabilidad hasta que dejó de ser rey en 2014 impide que se le pueda investigar por hechos ocurridos durante su mandato, aunque sí posteriores.