La Sanidad pública española ha sufrido un deterioro en la última década, según denuncia la ONG Amnistía Internacional en su informe La Década Perdida: mapa de austeridad del gasto sanitario en España del 2009 al 2018. Coincidiendo con la relevancia que ha adquirido el colectivo sanitario durante la crisis del coronavirus, la ONG denuncia que la reducción de la inversión en el sector supone "una vulneración del derecho de toda persona" a la atención sanitaria.
De hecho, la inversión en el sector público se ha reducido en un 11,21 % respecto a 2009, frente al aumento del 16,28 % en el sector privado. Baleares era la única comunidad que había recuperado la inversión y Castilla-La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña, las que menos.
Las personas con rentas más bajas, los enfermos crónicos, personas con discapacidad, enfermos mentales y las personas mayores son los colectivos que más han sufrido los recortes en materia sanitaria después de la crisis de 2008, según la ONG. De este modo, AI concluye que el "derecho a la salud sigue estando en riesgo" en España diez años después.
Los devastadores efectos del recorte sanitario - Escuchar ahora
Caída del gasto por habitante
El informe analiza el gasto sanitario por habitante, tanto en términos generales como en la atención primaria o la atención especializada. En el primero de los casos, España destinaba 2.023 euros por habitante en 2018, 67 euros menos que en 2009, lo que supone una caída del 10,5 %. Con todo, España no es de los países que han experimentado una mayor caída en la inversión sanitaria: Lituania, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria o Rumanía destinan menos de 1.000 euros por habitante, frente a los más de 5.000 euros en países como Suecia, Dinamarca o Luxemburgo o Francia (11,3 %) y Alemania (11,25 %).
Por comunidades, ningún territorio ha recuperado el gasto sanitario por habitante a niveles previos a la crisis. Castilla-La Mancha es la comunidad que menos invertía en 2018 con respecto a 2009, seguida de Andalucía, que dedicaba 1.246 euros frente a los 1.657 euros del País Vasco. El resto de territorios aumentaron ligeramente su inversión por habitante, especialmente Cantabria y Castilla y León, con subidas por encima del 10 %.
En un comunicado, el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, lamenta que "España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de salud" y exige que no haya más "décadas perdidas".
Quince ciudades españolas se han sumado esta mañana en Madrid a la llamada marea blanca en protesta por los recortes sanitarios. En la capital, miles de personas han recorrido el centro bajo el lema la sanidad no se vende, se defiende. El consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty ha asegurado hoy que esta manifestación persigue "seguir estirando el conflicto".
La atención primaria, "gran olvidada"
La ONG denuncia que la atención primaria, fundamental en un sistema de salud tal y como ha puesto de manifiesto la gestión de la pandemia del coronavirus, ha sido la "gran olvidada" en esta última década. La inversión en este servicio ha caído un 13,1 % de media y ha pasado a suponer el 13,8 % del total del gasto sanitario público en 2018 frente al 14,39 % que constituía en 2008.
“La atención primaria tendría que dar respuesta al 85 % de los problemas de salud, pero se sigue recortando“
Por comunidades, Aragón y Cataluña son las que más han recortado; mientras que Murcia es la única que ha incrementado su gasto un 6,92 %. "La atención primaria tendría que dar respuesta al 85 % de los problemas de salud y en realidad supone un ahorro para la sanidad, pero se sigue recortando", denuncia a la organización Loly, una enfermera que lamenta que no se puede atender a 50 pacientes diarios. La profesional advierte: el coronavirus "nos ha enseñado que la salud de una persona afecta a otras y eso se traslada a barrios, pueblos", y pide empatizar con todos los pacientes mediante un sistema sanitario "público, universal y de calidad".
AI alerta sobre recortes sanitarios
El informe también desgrana los ratios de personal médico y de enfermería. El primero ha pasado de un 0,74 por habitante en 2009 al 0,77 en 2018; mientras que el segundo ha aumentado ligeramente del 0,61 % al 0,66 %. Baleares y Madrid han reducido el ratio, algo "preocupante" para la organización y que corrobora el testimonio a la ONG de Pedro, un médico de atención primaria en la capital. "Tenemos personal insuficiente, muy por debajo de lo que se espera de un país como España, medios insuficientes y un presupuesto menguante. Este es el contexto en el que aparece la pandemia", dice.
Otros compañeros denuncian la precariedad de un sector cada vez más desbordado, tal y como revela la última movilización de los médicos internos residentes en los últimos días en Madrid. A la cabeza de las reivindicaciones, la falta de atención personal que pueden dedicar a los pacientes por el amplio volumen de trabajo. "Hace 10 años el volumen era de una media de unas 20 personas al día. Ahora, antes de la crisis del COVID, yo llego a ver al día unos 50 pacientes o más. Así es imposible conseguir una calidad asistencial", relata una doctora de atención primaria en Galicia a AI.
Ante esta situación, Amnistía Internacional incide en la necesidad de reforzar el Sistema Nacional de Salud garantizando y cumpliendo los derechos humanos, mejorando la atención y reforzando el gasto y la inversión sanitaria.