El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han vuelto a pedir explicaciones a Pablo Iglesias sobre su papel en el conocido como caso Diana después de que el vicepresidente segundo del Gobierno haya respondido por primera vez en un mes públicamente sobre este tema en una entrevista en Las Mañanas de RNE.
El caso Dina investiga si el excomisario Villarejo, ahora en prisión, robó el móvil de la exasesora de Podemos Dina Bouselham. Una copia de la tarjeta de ese móvil acabó en manos de Iglesias, que tardó meses en devolvérsela a la afectada porque, según ha explicado esta mañana, no quería someterla a más presión ya que en esa tarjeta había contenido íntima de su exasesora.
Por su parte, el también dirigente de Unidas Podemos se ha mostrado dispuesto a comparecer, siempre y cuando se consolide en la Cámara Baja una nueva comisión sobre "las cloaclas" del Estado. En ella, ha afirmado, no solo acudiría él mismo, sino que también deberían hacerlo el expresidente Mariano Rajoy o la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ahora retirados de la vida política.
Un "culebrón" para Ciudadanos
Desde la formación naranja recriminan a Iglesias que no haya ido ya y de forma voluntaria al Congreso para aclarar el asunto, inmerso a su vez dentro del caso Villarejo. Así lo ha declarado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que ha calificado su actuación de "oscura".
"Primero fue de acusador, luego de víctima, denunció las 'cloacas del Estado', se aprovechó políticamente del tema, luego dice que le persiguen... Le entregaron una tarjeta que funcionaba y luego la devolvió destruida, su exasesora Dina (Bousselham) cambia su declaración", ha dicho Bal, intentando resumir lo que ha calificado como "culebrón".
Desde su punto de vista, este comportamiento puede "como poco calificarse de oscuro". "Parece un poco raro que se actúe así ante un juez instructor", ha apostillado Bal, incidiendo una vez más en que las explicaciones no se las deben a ellos, sino al conjunto de la ciudadanía.
El Partido Popular pide reunir a la Diputación Permanente del Congreso
Por su parte, los ataques desde el PP, en este caso por parte de la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, se han centrado en el "chivatazo" de la Fiscalía sobre el caso Dina que Iglesias, asegura, "no ha negado". Además, ha subrayado que su formación exige "más explicaciones" porque se trata del vicepresidente Segundo del Gobierno de España.
Por ello, el Grupo Popular ha pedido reunir a la Diputación Permanente del Congreso para intentar que Iglesias comparezca ante la Comisión de Justicia con el fin de "informar sobre su participación" en la conocida como 'pieza Dina', una parte del 'caso Tándem' desgajado a su vez del 'Caso Villarejo'.
En un acto celebrado en Vitoria para apoyar al candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, Gamarra también ha señalado que se han encontrado con que "todos aquellos que hablan tanto de conciliación o de feminismo van en la dirección contraria". En la entrevista, asegura, Iglesias habla de Dina como una de sus "trabajadoras".
"Y hablaba de una tarjeta de memoria y hablaba, él decía, yo no lo he visto, él la ha debido de ver, de fotos íntimas que tenía que esa tarjeta, que entregó destruida. Y yo me pregunto si es muy habitual en las políticas feministas de conciliación y de apoyo a la mujer trabajadora que tu jefe se quede con una tarjeta de memoria de tu dispositivo móvil", ha resaltado.
Vox ya presentó una denuncia en la Fiscalía
Estas reacciones se unen a la ya iniciada por Vox a comienzos de esta semana, cuando formalizó una denuncia ante la Fiscalía contra Pablo Iglesias, la asesora de Podemos, su abogada y al fiscal Ignacio Stampa por seis delitos, entre los que figuran: denuncia falsa, falso testimonio, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.
La formación liderada por Santiago Abascal admitió que no tenían “acceso al procedimiento seguido ante la Audiencia Nacional". Aseguran que únicamente lo conocen por los medios de comunicación, pero el grupo pone en valor la información sobre el procedimiento judicial “coincidente” y “la falta de desmentido”, lo que “hacen que se deban considerar como indicios sólidos, privilegiados y suficientes para el inicio de una investigación”, según los servicios jurídicos de Vox.