La mayoría de los grupos de la oposición en el Congreso han criticado este miércoles aspectos de la reforma educativa defendida por la ministra Isabel Celaá, que se tramita cuando está vigente el estado de alarma, pero el texto sigue su curso tras rechazarse las enmiendas totales de PP, Vox y Ciudadanos.
En el primer examen en el Parlamento de la Ley Orgánica de Modificación de la LOMCE (LOMLOE) o 'ley Celaá', todos los partidos, excepto UPN, han votado en contra de devolver el texto al Gobierno, como pedían los tres partidos citados.
La votación ha sido: no, 62 votos presentes y 133 telemáticos; y sí, 52 votos presentes y 101 telemáticamente; cero abstenciones.
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha advertido este miércoles en el Congreso que rechazar su proyecto de reforma educativa es "defender el mantenimiento" de la política de recortes en el sector educativo que se puso en marcha tras la 'ley Wert' puesta en marcha en 2013 por el Ejecutivo del PP.
Celaá ha asegurado que los argumentos usados para enmendar la reforma "no responden al contenido" del proyecto de ley, pues sí se respeta la formación religiosa, la enseñanza del castellano o los centros concertados y los de Educación Especial.
"Rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley -la LOMCE o 'ley Wert'- que ha dado cobertura normativa a la política de recortes en educación, pasando del 5,04 % del PIB en 2009 al 4,2 % en 2018", ha asegurado durante su intervención en el Pleno del Congreso en la que ha defendido su proyecto de reforma educativa ante las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox, para devolver su texto al Gobierno.
La ministra ha iniciado su defensa de la ley haciendo un repaso de sus principales objetivos, entre los que ha destacado un aumento de las oportunidades formativas, un currículum moderno, la detección temprana de las barreras de aprendizaje de los alumnos, el refuerzo de la equidad, la reducción del abandono temprano, el fortalecimiento de la educación de 0 a 3, los cambios en el sistema de la FP o el impulso a la carrera profesional de los docentes.
"Esta ley se compromete con la mejora de la financiación pública de la educación" y con un esfuerzo inversor que "va más allá de coyunturas económicas o políticas", ha aseverado la ministra.
Cs tiende la mano para un pacto educativo
Ciudadanos ha tendido la mano a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para negociar un pacto educativo, aunque la formación naranja condiciona el diálogo a que el Gobierno "congele" la tramitación parlamentaria de su reforma educativa.
Ciudadanos ha registrado este miércoles una solicitud para la reapertura de la subcomisión para el pacto educativo que naufragó en 2018, según ha anunciado la diputada Marta Martín en la tribuna de oradores del hemiciclo.
"Si de verdad quiere alcanzar un consenso, tiene una alternativa", ha dicho Martín dirigiéndose a la ministra Celaá, a la que ha pedido que "congele los plazos de tramitación de enmiendas parciales" hasta llegar a "un acuerdo de mínimos" entre los grupos parlamentarios sobre las necesidades del sistema educativo. Un trabajo que la diputada de Ciudadanos plantea "de manera técnica no sectaria, invitando a la comunidad educativa a hacer aportaciones".
También ha rechazado que deje en manos de los nacionalistas el porcentaje de horas de estudio en castellano o se cree inquietud en los centros de Educación Especial.
El PP propondrá una alternativa
Desde el Partido Popular, principal grupo de la oposición, descartan cualquier tipo de negociación con Celaá porque consideran que su reforma educativa nació sin propósito de acuerdo. "En ningún momento ustedes han querido negociar con nosotros, han buscado la confrontación y no el acuerdo", ha asegurado la diputada del PP Sandra Moneo.
Moneo ha anunciado que el PP presentará una alternativa a la 'ley Celaá', a la que ha tildado de "ley de la imposición y del oscurantismo", así como un proyecto "anticuado" y "obsoleto" porque rescata la Ley Orgánica de Educación (LOE) del PSOE aprobada en 2006.
"Va a asestar un golpe mortal a la calidad el sistema educativo, del que difícilmente se va a recuperar", ha augurado, además de subrayar que modernizar la educación no es "regalar tabletas" a los alumnos.
Asimismo, ha criticado que el PSOE se levantara en su día de la Subcomisión del Pacto de Estado de Educación, promovida por el PP, argumentando que no se garantizaba un 5 % de PIB en educación cuando los socialistas tampoco lo han fijado.
Vox y la educación sexual
Por su parte, Vox ha denunciado que la reforma quiere imponer "desde la más temprana edad" una "supuesta educación sexual, ideológica y sectaria, de forma organizada y curricular, como corresponde a un sistema totalitario", en palabras de la diputada Georgina Trías, que ha mostrado su preocupación por las "ideas progres y descabelladas" de "perspectiva de género" que plantea el proyecto educativo del Gobierno.
"No vamos a consentir una educación sexual de esta catadura y aún menos sin el consentimiento expreso de los padres, ni el adoctrinamiento sectario, totalitario y relativista que quiere imponer la ideología de género en las conciencias de los niños y jóvenes españoles", ha proclamado la diputada de Vox. Tampoco la "corrupción y perversión de la juventud mancillando su inocencia", ha apostillado.
Para Trías, la 'ley Celaá' vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y valores, y ha negado que la Constitución promueva el "laicismo" que atribuye a la reforma del Gobierno socialista por relegar la asignatura de Religión "despojándola de todo valor académico".
Otros partidos muestran reticencias
Por su lado, la portavoz del PSOE, Luz Martínez, ha recordado que la Lomce se "impuso" en 2013, "sin consenso ni apoyo parlamentario", y que la mayoría de partidos están reclamando "un cambio de ley". Ha pedido a la derecha que "progrese" y ha preguntado qué problemas hay en la educación afectivosexual o en igualdad de género.
Desde Unidas Podemos, Joan Mena ha defendido la Lomloe como "una oportunidad" y la forma de derogar la Lomce, aunque ha pedido que se "blinde" la educación pública.
En sus turnos de palabra, Coalición Canaria, Bildu, PNV, el grupo Republicano o el Plural han expresado su rechazo a las enmiendas a la totalidad debatidas, pero han mostrado sus reticencias a la Lomloe, que supondría la octava ley educativa desde 1978.
Los partidos nacionalistas han discrepado especialmente de la 'ley Celaá' por invadir competencias y no respetar, por ejemplo, la ley de educación catalana o porque Galicia merece tener su propia ley educativa.
Fijar fecha para el debate sobre las enmiendas parciales será el siguiente trámite para la Lomloe.