Madrid, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Castilla y León han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gestionar el ingreso mínimo vital y que no lo hagan solo País Vasco y Navarra, tal y como se comprometió el Gobierno en su pacto con el PNV el pasado 27 de mayo. Varias autonomías también han preguntado a Sánchez por el fondo no reembolsable de 16.000 millones anunciado por el Gobierno.
Sánchez se ha vuelto a reunir por videoconferencia con los presidentes autonómicos este domingo, a quienes ha avanzado que pedirá en el Congreso una sexta y última prórroga de 15 días del estado de alarma, hasta el 21 de junio, fecha en la que prevé que llegue la “nueva normalidad”, y les ha garantizado que las autonomías tendrán una “gobernanza total” en la desescalada cuando lleguen a la Fase 3.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado, tras la conferencia de presidentes, que en la región ya existe una Renta Mínima de Inserción (RMI) que llega en torno a 22.000 familias madrileñas, pero ha pedido que el ingreso mínimo vital pueda ser gestionado en igualdad de condiciones por cada una de las comunidades autónomas.
Según fuentes de la Junta de Andalucía, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha mostrado su sorpresa al conocer por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, están capacitadas para gestionarlo, algo que ha calificado de “imprudente”. “¿Las demás no?”, ha preguntado Moreno.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también ha pedido que sean las comunidades las que gestionen el ingreso mínimo vital, criticando que esta semana “se ha consultado y se ha negociado de forma unilateral con partidos nacionalistas y habrá dos comunidades autónomas que sí gestionarán la renta de integración social” de forma directa. "No tiene sentido esta decisión ni es respetuoso que se juegue así con las prestaciones de primera necesidad", ha apostillado, reiterando por otra parte "la necesidad de conocer cuanto antes" los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros.
Otra comunidad gobernada por el PP, Castilla y León, se ha sumado a esta petición. Su presidente, Alfonso Fernandez Mañueco, ha exigido al Gobierno que actúe con "lealtad" y mantega un "trato igualitario" a todas las comunidades excluyendo negociaciones bilaterales.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat lleva toda la semana realizando la petición de gestionar el ingreso mínimo vital. De hecho, la vicepresidenta del Consell, llegó a formular la petición en euskera al Gobierno central y ahora lo ha vuelto a hacer su presidente, Ximo Puig, quien ha solicitado "un convenio para que lo más pronto posible pueda gestionar" este ingreso, al tiempo que ha recalcado que "lo más importante son los ciudadanos, no quien administra una prestación".
Y también uno de los presidentes socialistas, Javier Lambán (Aragón) se ha sumado a la petición para gestionar el ingreso mínimo vital. "Considero un agravio que a Navarra y País Vasco se les ceda gestionar directamente el ingreso mínimo vital y a otras regiones no, por tanto, vamos a pedir que la gestión íntegra sea para la Comunidad", ha asegurado.
Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también pedirá gestionar el ingreso mínimo vital aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, pues el Gobierno regional conoce la realidad social de los cántabros "mucho mejor" que el Estado y se encarga, además, de la Renta Básica Social de 458 euros que reciben más de 5.000 familias.
Sánchez: "El ingreso mínimo vital dependerá de la Seguridad Social"
En la rueda de prensa posterior a la reunión con los presidentes, Pedro Sánchez, se ha limitado a afirmar que los detalles del ingreso mínimo vital se darán a conocer este lunes con la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En cualquier caso, ha asegurado que se trata de "una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social y, en consecuencia, eso garantiza la igualdad de derechos en todo el conjunto del país", especialmente para "sacar de la pobreza infantil a cientos de miles de niños y niñas".
En este sentido, ha recordado que hasta ahora eran las comunidades las que tenían iniciativas con las que, en función de sus recursos propios, de su voluntad política y decisión, cubrían a más o menos colectivos. "Ahora estamos estableciendo unos parámetros muy semejantes en el conjunto del país y en consecuencia se garantiza esa igualdad de derechos, esa igualdad de derechos con esa pobreza infantil a la cual vinculo la creación de este Ingreso Mínimo Vital", ha destacado Sánchez.