Veinticinco familiares de personas fallecidas con coronavirus, han presentado este miércoles sendas querellas criminales contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante como responsables de las decisiones adoptadas en las residencias y los hospitales durante la pandemia.
Las familias están agrupadas en la plataforma Marea de Residencias, que amplía a su vez las denuncias al director de la Residencia de Alcorcón, y a los centros de de Leganés de Aralia Servicios Sociosanitarios-Parque de los Frailes, Domusvi-Leganés, Amavir-El Encinar y Vitalia Home Leganés. Se trata de una ampliación de las querellas presentadas el pasado 11 de mayo por 26 familiares de diez residencias de Madrid.
Las querellas se presentan contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Justicia, Enrique López, en este último caso por su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia, Interior y víctimas que se celebró el pasado 20 de abril.
En un comunicado la plataforma Marea de Residencias señala que López afirmó que las residencias estaban medicalizadas, y que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque "eran competencias del Gobierno central", lo que a juicio de los familiares denunciantes es una falsedad, porque el decreto de estado de alarma "dejaba claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid".
Denuncian "omisión del deber de socorro" y "trato degradante"
Entre los delitos de los que las familias acusan a los dos consejeros y a Díaz Ayuso figura el de lesiones imprudentes por "la omisión del deber de socorrer a los residentes, que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave, y no de adoptaron medidas”, según consta en las querellas a las que ha tenido acceso Efe.
También les atribuyen un delito de trato degradante, argumentando que en la situación que atravesaban las residencias, “a las familias apenas se les informa sobre su estado, cuando se hace ello tiene lugar con total falta de transparencia y sin transmitir información vez, toda vez que la proporcionada es incorrecta e incompleta”.
Los querellantes suman además un delito de prevaricación porque el plan de choque para las residencias de la Comunidad de Madrid "debió adoptarse mucho antes".
La querella de los familiares de personas fallecidas en la residencia de Alcorcón achacan a Díaz Ayuso, a López y a Ruiz Escudero delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y prevaricación y trato degradante “como responsables de las decisiones que se tomaron y de las órdenes y decretos que se dictaron con respecto al funcionamiento de las residencias y hospitales” durante la pandemia.