La Administración de Justicia entra en su propia fase 2 de desescalada y hasta el 70 % del personal se reincorpora a los juzgados, con independencia de su ubicación. El sindicato CSIF ha pedido que se apliquen "de forma efectiva" todas las medidas de protección de la salud y se generalicen los test para detectar el coronavirus.
La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Justicia tomó la decisión de cambiar de fase el pasado viernes, así, desde este martes y durante 15 días, acudirán a sus centros de trabajo entre el 60 y el 70 % de la plantilla de juzgados y tribunales. Además se establecen turnos de tarde cuando el número de funcionarios impida garantizar la seguridad.
CSIF lamenta en un comunicado que el Ministerio haya planteado una vuelta a la normalidad en la Justicia por etapas supeditando la desescalada "a criterios ajenos a la seguridad laboral" y con independencia de en que fase sanitaria se encuentre cada provincia.
Piden test y mascarillas
El sindicato critica especialmente que no se hayan asignado aforos máximos en salas y que no se hayan realizado test serológicos a los funcionarios antes de reincorporarse, les parece un agravio comparativo porque el Consejo General del Poder Judicial si que aseguró test para los jueces.
Denuncian además que se va a incrementar la actividad judicial sin que se hayan realizado evaluaciones de riesgo de tareas tan comunes como la práctica de diligencias fuera de la sede judicial, protocolos para usar las salas de vista, el establecimiento de recorridos internos y uso de ascensores, o el manejo adecuado de expedientes y paquetes.
Con respecto a las mascarillas, el departamento de Juan Carlos Campo ha anunciado la compra de un millón de mascarillas que llegarán a las diferentes sedes en julio, "tarde y mal", según la central sindical, y con las que se cubrirán las necesidades hasta el mes de septiembre u octubre.
Desde CSIF subrayan que no es de recibo que tras más de dos meses desde que se decretara el estado de alarma "se siga hablando de unos medios que no llegan". Por eso, advierte de que denunciará las infracciones que detecte en materia de seguridad y salud.
Se activan los plazos
Este cambio de fase irá acompañado el 1 de junio con el fin de la suspensión de los plazos administrativos, y el 4 de junio con el de los plazos procesales, algo que en palabras del ministro será clave en la reactivación judicial.
Tras esta segunda fase llegará la tercera en dos semanas, denominada "actividad ordinaria con plazos procesales activados", contempla la vuelta al trabajo de la totalidad de la plantilla. La fase 4, que comenzará en el momento en que se levanten las recomendaciones sanitarias, permitirá que se retome al funcionamiento ordinario de cada órgano.
El Ministerio trabaja en el diseño de un plan de choque para reforzar los juzgados mercantiles, de lo social y de lo contencioso-administrativo ante el alud de casos relacionados con la crisis sanitaria. Su intención es poner en marcha para finales de año 23 juzgados que atiendan de forma temporal los asuntos derivados de la pandemia y que continúen su actividad en 2021.