El cúmulo de procedimientos judiciales sin resolver durante el estado de alarma y el aluvión de nuevos pleitos como consecuencia de la pandemia colocan en una situación muy difícil a la Administración de Justicia, que podría sufrir un "colapso" de actividad cuando comience la desescalada.
Con el fin de evitarlo, el Gobierno prevé aprobar este martes un real decreto con medidas urgentes para los próximos tres meses entre las que se incluirían, según fuentes del Ministerio de Justicia a RTVE, la celebración de juicios telemáticos y la habilitación de parte del mes de agosto.
Se trata de una norma de carácter transitorio que todavía podría sufrir cambios antes de su aprobación y que incluirá medidas procesales, concursales y organizativas. El objetivo de todas ellas será proporcionar instrumentos a los juzgados para evitar su saturación cuando se reactiven las causas suspendidas por el estado de alarma y haya que atender a los nuevos casos.
El real-decreto se aprobará para ser aplicado de forma urgente, con independencia de la futura Ley de Agilización de la Justicia, que esta sí tendrá un carácter estructural.
Del 11 al 31 de agosto, días hábiles para las actuaciones judiciales
Para dar respuesta a la previsible 'avalancha' de nuevos pleitos, una de las medidas que están sobre la mesa es declarar como hábiles las actuaciones judiciales los días 11 a 31 de agosto, exceptuando los fines de semana y festivos.
Esta medida está siendo muy criticada por asociaciones de jueces, abogados y fiscales, puesto que, con carácter general, este mes es inhábil en el ámbito de la Administración de Justicia.
Nuevos horarios en la Administración
El borrador también incluye medidas enfocadas a garantizar el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, como de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con dicha Administración. Por eso, se optará por un distanciamiento de seguridad en el desarrollo a las vistas y audiencias públicas y se fomentará la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales, así como en las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia.
El objetivo es evitar excesivas concentraciones en las sedes judiciales, un fin que también llevará a establecer turnos de mañana y tarde para los funcionarios de la Administración de Justicia que eviten la coincidencia de todo el personal en las mismas horas Esto, además, permitirá que las vistas también se celebren por las tardes.
Según fuentes de Justicia a Europa Press, serán los funcionarios quienes voluntariamente tendrían que escoger trabajar por la tarde -entre las 14.00 y las 20.00 horas-, y se buscarán acuerdos con los sindicatos para arbitrar la fórmula que se uliliza para cubrir los turnos.
Juicios telemáticos y reinicio de plazos procesales
Asimismo, se contempla la celebración de juicios telemáticos, salvo en los procedimientos por delitos graves, en los que la "presencia física del acusado resulta necesaria".
Ante la falta de medios tecnológicos, el real decreto-ley también prevé la dotación de medios e instrumentos electrónicos y de sistemas de información necesarios, y facilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal para que los trabajadores de la Administración de Justicia puedan desarrollar su función sin la necesidad de que se encuentren físicamente en las sedes judiciales.
Por otro lado, teniendo en cuenta que plazos procesales quedaron suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma, y ante la previsión de que en los primeros días en los que se retome la actividad judicial se incremente el número de recursos presentados, el borrador también contempla un reinicio del cómputo de los plazos para que éstos se puedan presentar en un plazo más prolongado de tiempo.
Justicia también asegura en su decreto que es preciso "configurar procedimientos" que permitan su tramitación y resolución con celeridad al tener su origen "directo y fácilmente identificable" en la crisis sanitaria, como es el reequilibrio del régimen de visitas o custodia compartida no disfrutados por el confinamiento.
Por ello, propone que un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria.
Juzgados dedicados a procedimientos vinculados al coronavirus
El nuevo decreto ley también podría abrir la puerta a que los nuevos juzgados pendientes de apertura se dediquen exclusivamente a procedimientos vinculados al COVID-19.
Asimismo, se incluye dentro de las medidas que podrían ser aprobadas una "tramitación preferente" a determinados procedimientos desde que se levante la suspensión de plazos procesales y hasta el 31 de diciembre de este año.
Estarían incluidos los relacionados con la denegación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la pandemia; los procesos de despidos; los procedimientos para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el decreto por el que se suspendió la actividad no esencial; así como la impugnación individual o colectiva de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Jueces, fiscales y abogados rechazan algunas medidas
Las mismas fuentes señalan que el real decreto se ha preparado con la participación y consenso del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia y las asociaciones y sindicatos de todos los operadores jurídicos.
Sin embargo, varias asociaciones de jueces, fiscales y abogados consultadas por RTVE.es han mostrado su desacuerdo con algunas de las medidas que podrían aprobarse este martes y aclaran que no será viable un plan para evitar el colapso si no va acompañado de una inversión económica.
Entre las propuestas con las que están en desacuerdo se encuentra la relativa a la especialización de los juzgados para los casos relacionados con la pandemia.
"Los juzgados de nueva creación no solucionarán nada, si las mismas plantillas que hay, que ya eran insuficientes, tienen que atender el trabajo que había más el nuevo", sostiene el magistrado Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
También muy escépticos con esa medida se muestran desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Su presidente y portavoz, Juan Antonio Frago, cree que esta especialización no será eficaz y lo argumenta mediante el ejemplo de los juzgados especializados en cláusulas suelo, que, recalca, "no están funcionando".
Las asociaciones creen que habilitar agosto no es eficaz
Otra de las medidas 'de choque' más criticadas es la que tiene que ver con declarar agosto como mes hábil para agilizar, supuestamente, la tramitación y resolución de los procesos judiciales, algo que desde ninguna de las asociaciones consultadas se considera conveniente.
“Esa medida no sería útil y además no permitirá la tan cacareada conciliación personal y profesional en agosto”, recalca Frago, cuya asociación envió un informe al CGPJ en el que señalaron que “habilitar agosto supondría bien que se tuvieran que aprobar la limitación por este año de los días de vacaciones o bien escalonar las vacaciones a lo largo del año, con lo que no se trabajará ni un mes a pleno rendimiento y será peor el remedio que la enfermedad”.
Como alternativa a dicha habilitación, las asociaciones proponen justo lo contrario, que todo el personal al servicio de la Administración de Justicia se tome sus vacaciones en el mes de agosto, de tal forma que en julio y septiembre puedan funcionar a pleno rendimiento.
Del mismo modo, los jueces, abogados y fiscales consultados tampoco apoyan que se habiliten las jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.
“Los jueces y magistrados destinan la tarde a redactar las sentencias y resto de resoluciones. Si en horario de mañana y tarde celebran vista-comparecencias se dilatará enormemente la resolución de los asuntos”, subrayan desde la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), cuyo vocal, Álvaro Iraizoz, también advierte de que no habrá "milagros" si las medidas son "a coste cero".
Todas las asociaciones coinciden, además en que ya se podría hablar de "colapso" antes de la pandemia y temen que la respuesta judicial sea ahora aún más lenta, si el Ministerio de Justicia no opta por un refuerzo de personal que haga viables las medidas del real-decreto.