El Banco de España ha empeorado las previsiones de caída del PIB por el coronavirus, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, prevé que la crisis será más larga de lo estimado y avanza que la economía caerá este año un 9,5 % en el mejor de los casos, tres puntos más que hace un mes. Avisa también de que no cabe una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia a corto plazo.
En la Comisión de Economía del Congreso, el gobernador ha avisado de que habrá dificultades en la recuperación y no se pueden descartar escenarios más desfavorables que los actuales. Solo en el primer trimestre el PIB ha perdido un 5,2 % pero a fin de año su retroceso será "el más abultado en tiempos de paz" y la crisis sanitaria "será más larga de lo anticipado y puede causar daños persistentes".
Hernández de Cos ha dicho que las dos alternativas que barajaba el Banco de España de caída del PIB para este año (entre el 6,6 y el 8,7 % si el confinamiento dura ocho semanas y en el 13,6 % si dura 12 semanas) son ya muy poco realistas. Es más probable una caída de la economía de entre el 9,5 % y el 12,4 % con incrementos posteriores del PIB de entre el 6,1 % y el 8,5 % el año que viene.
Cuidado con retirar las ayudas
Estos escenarios incorporarían una serie de medidas fiscales, monetarias y prudenciales, de forma que las caídas de la actividad serían significativamente más elevadas en ausencia de ellas. Hernández de Cos advierte contra la tentación de retirar las ayudas prematuramente que "aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos".
El gobernador ha dicho que hay que dar apoyo a las rentas y a la liquidez de los agentes más afectados, mediante inyecciones rápidas de recursos de naturaleza transitoria y subraya que "no hay alternativa sensata a la expansión presupuestaria". Aboga por una acción fiscal focalizada y rotunda en el corto plazo para preservar el tejido productivo que hará que el servicio de la deuda sea menos oneroso en el futuro.
Se ha mostrado favorable a una tasa Google coordinada a escala internacional y ve margen para mejorar la capacidad recaudatoria de los impuestos y su eficiencia, que -en su opinión- "deberá ser una prioridad". Ha apuntado a la revisión de los numerosos beneficios fiscales existentes que está realizando la AIREF y que "debería servir para racionalizar su uso".
A su juicio, la contrapartida necesaria de "este activismo fiscal frente a la pandemia" es el anuncio temprano de una estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales con el fin de continuar con la consolidación fiscal y la reducción del déficit.
Déficit y deuda disparados
El número uno del Banco de España estima que el coste presupuestario de la crisis será "muy alto", por el doble efecto de las medidas paliativas adoptadas y, sobre todo, de la acción de los estabilizadores automáticos, que conducirán a un déficit público muy elevado este año, con su consiguiente traslación al endeudamiento del conjunto de las Administraciones Públicas.
En el mejor escenario de caída del PIB, la ratio de deuda publicase elevaría hasta alrededor del 115 %, y en el escenario más adverso se situaría incluso por encima del 120 % del PIB (unos 25 puntos porcentuales más que a finales de 2019).
Según el gobernador, la duración de la perturbación es incierta, pero, en todo caso, debería ser limitada y dar paso a una recuperación una vez que se haya controlado la enfermedad, aunque ha avisado de que "no es descartable que se produzcan también algunos daños o cambios estructurales tras la crisis".
Un acuerdo de varias legislaturas
Hernández de Cos ha reclamado la necesidad de alcanzar un "acuerdo político" para "varias legislaturas" con el fin de impulsar un programa de "reformas estructurales" que permitan el saneamiento de las cuentas públicas, con una revisión del gasto y la mejora de los ingresos fiscales.
Ha matizado que esta estrategia debería ponerse en marcha una vez se haya superado la pandemia, si bien ha incidido en que "su diseño y comunicación no deberían dilatarse".
Desde el organismo monetario, su gobernador ha tildado de "insuficiente" la respuesta adoptada hasta el momento por las autoridades europeas, pues considera que "existe claramente margen para potenciar la respuesta" y, ante la "magnitud" de la crisis, considera que aumentar estas medidas "no es opción, sino necesidad".
Hernández de Cos ha calculado que el coste de todas las medidas aprobadas hasta el momento sin tener en cuenta los avales del Estado a través del ICO es del 3 % del PIB, de un entorno de 30.000 millones de euros.