El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox contra el real decreto del estado de alarma y las tres prórrogas posteriores para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
En su primer pleno no presencial de la historia, los magistrados han acordado en una providencia la admisión del recurso del partido que preside Santiago Abascal al cumplir con todos los requisitos formales, lo que no implica por el momento ningún pronunciamiento, solo abre su recorrido en el tribunal.
Además, el Constitucional ha admitido también los recursos de Vox y PP contra el decreto que permite al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, formar parte de la comisión del CNI.
Asunto de gran calado jurídico
En concreto, se revisarán los artículos 7, 9, 10 y 11 del real decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, los reales decretos que aprueban sus sucesivas prórrogas, así como la orden del Ministerio de Sanidad por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por la COVID-19.
Los magistrados han dictado una providencia en la que ordenan dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular alegaciones. Se trata de un asunto de gran calado jurídico y de amplía repercusión política, toda vez que el recurso será contra todo el decreto del estado de alarma en su conjunto.
La ponencia ha correspondido a Fernando Valdés que analizará el asunto en los próximos meses. El Constitucional abre la vía después de que el Supremo dejara claro en una reciente resolución su falta de jurisdicción para abordar una cuestión que es competencia del Tribunal de Garantías.
Debería haberse declarado el estado de excepción, según Vox
Con su recurso, Vox quiere que se determine si las acciones del Gobierno constituyen "una flagrante violación" de la Constitución al utilizar de forma "abusiva e injustificada" el estado de alarma y vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos.
Su portavoz, Jorge Buxadé, argumentó que el estado de alarma únicamente permite limitar la libre circulación de personas y subrayó que, si el Gobierno pretendía suspender derechos fundamentales, "como ha hecho", debería haber optado por el estado de excepción y pedir autorización al Congreso desde el primer momento. Vox apunta que se han vulnerado los derechos de reunión, manifestación y educación.
Además, el tribunal ha admitido también por unanimidad los recursos presentados por más de 50 senadores del PP y más de 50 diputados de Vox contra el decreto que permite al vicepresidente segundo formar parte de la comisión que evalúa los servicios de inteligencia, en cuyas reuniones participa desde febrero.
El líder del PP, Pablo Casado, señaló que no le parecía "decoroso" incluir en el real decreto una cuestión "tan sensible" como la "reivindicación" de Iglesias para garantizar su presencia en la comisión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras que Vox lo ve como un "truco" utilizado por el Ejecutivo para "blindar" a Iglesias en dicha comisión.