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El Gobierno firmará esta semana el convenio con el ICO de ayudas al alquiler con efecto retroactivo desde el 1 de abril

DIANA FRESNEDA
6 min.

El Gobierno firmará esta semana con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el convenio de ayudas al alquiler para cubrir el pago de hasta seis mensualidades, sin gastos ni intereses, y que podrán aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de abril.

Así lo ha confirmado este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su comparecencia a petición propia y del PP, Vox y Ciudadanos, en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones llevadas a cabo desde su departamento en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Esta línea de avales con garantía del Estado de hasta 1.200 millones de euros se gestionará a través de entidades financieras, que no podrán obligar en los contratos a suscribir ningún tipo de productos -seguros de vida o de hogar-, tendrá un tipo de interés cero y se podrá devolver en un plazo de seis años ampliable a diez.

“El arrendador cobra todos sus meses y el arrendatario lo va pagando entre seis y diez años sin ningún tipo de intereses ni gastos, y con un aval público, que permite que si no puede pagarlo, lo haga el Estado”, ha asegurado Ábalos.

La medida, incluida en el Real Decreto-ley 11/2020 de medidas urgentes y extraordinarias publicado el pasado 31 de marzo, tiene como objetivo "hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad que pueden estar experimentando los arrendatarios de vivienda como consecuencia de la expansión del virus", ha señalado el ministro.

A partir de la semana que viene

Según fuentes del ministerio a Efe, los inquilinos podrán acudir a los bancos a pedir estos préstamos a partir la semana que viene, una vez que estas firmen también con el ICO y pongan en marcha el sistema.

A falta de conocer los detalles de la orden ministerial, que tambien podrían aprobarse esta semana, podrán solicitar esta ayuda al alquiler personas que hayan quedado en el paro, hayan sido incluidos en un Expendiente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o hayan visto reducidos sus ingresos a menos de tres veces el IPREM (unos 1.600 euros), con variables por hijos, mayores de 65 años y dependientes a cargo, siempre que el alquiler, más los gastos y suministros básicos, sea superior o igual al 35 % de los ingresos netos de la unidad familiar.

Pueden pueden ser mejorables pero han sido pensadas para ser equilibradas

Tras ser consideradas como "insuficientes" por la oposición, el ministro ha reconocido que "las medidas pueden pueden ser mejorables pero han sido pensadas para ser equilibradas", pues cree que el arrendador tampoco debe pagar las consecuencias de la pandemia.

En este sentido, el dinero lo recibirán "directamente los arrendadores" de las viviendas y desde el ministerio calculan que se beneficiarán unas 450.000 familias.

Plan Estatal de Vivienda

En su comparecencia en el Congreso, el ministro también ha anunciado que “están trabajando” para que esta misma semana se transfiera a las comunidades autónomas la ampliación de 100 millones de euros de la dotación del actual Plan Estatal de Vivienda.

"Es obvio que es insuficiente pero, al menos, hemos reforzado 100 millones", ha explicado Ábalos, quien cree que el Gobierno tiene que replantearse el Plan de Vivienda, "que es la apuesta de este Ejecutivo".

Dicha dotación, correspondiente a la anualidad 2020, se complementa a los 346 millones de euros adelantados anteriormente y tiene como objetivo dar liquidez a las comunidades para que puedan afrontar los gastos de las nuevas subvenciones.

Entre ellas, el Gobierno amplió las ayudas para el pago del alquiler a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio o colectivos vulnerables hasta un máximo de 600 euros o el 100 % de las ayudas a la cuota (más 200 de gastos), pudiendo llegar hasta los 900 euros mensuales.

Asimismo, en el marco de las actuaciones tras el decreto de estado de alarma se han introducido otras medidas como la suspensión de los desahucios, la prórroga de los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo o la reducción del 50% de la renta o una moratoria de hasta cuatro meses en el pago del alquiler cuando el arrendador sea una entidad pública o un gran tenedor (más de 10 viviendas).

Muchos ciudadanos se plantean cambiar de vivienda cuando termine el confinamiento

Medidas comunes en transporte europeo

En lo que respecta al transporte, el ministro ha adelantado que España, junto con Francia, Alemania e Italia, pedirá a la Comisión Europea-que tendrá lugar la videoconferencia de ministros de Movilidad de la Unión Europea (UE)- la emisión de recomendaciones para todos los modos de transporte en las relaciones transfronterizas y aéreas en los países miembros en el marco de la desescalada.

El ministro ha asegurado que el pasado 2 de abril estos cuatro países solicitaron por carta a la Comisaria de Transporte de la UE, Adina Valean, "acciones rápidas y coordinadas para afrontar la crisis en el sector del transporte a corto y medio plazo" y ha asegurado que mantendrán "la misma postura común" para la reunión de esta semana.

Solicitaremos medidas para apoyar financieramente al sector del transporte

"Hemos acordado solicitar medidas para apoyar financieramente al sector del transporte, incluyendo iniciativas para movilizar inversiones. En concreto nos preocupa el estado del sector de la aviación, duramente castigado con esta crisis", ha recalcado.

Los cuatro países también solicitarán que desde la Unión Europea se adopten soluciones para garantizar la continuidad de los transportes de mercancías, una vez que se permita el transporte de pasajeros.

Impacto económico

Ábalos ha reconocido que la crisis del coronavirus tendrá un importante impacto tanto el sector privado como el público. Por ejemplo, en el caso de Renfe, las pérdidas van a depender mucho de cómo se haga la desescalada y podrían variar de 200 a 400 millones de euros, "que lo tiene que soportar el Estado", ha recalcado.

El ministro ha confirmado que el sector aéreo privado es el más dañado, en parte por su relación con el turismo y con los viajes. "Tiene un problema de confianza y va a costar recuperarlo", ha afirmado, por lo que insta a implementar una política global europea con las mismas condiciones en todos los países y sugiere que los ERTE podrían ampliarse.

Mientras, en el transporte por mercancías, la recuperación estará muy ligada con la ocupación. En este sentido, Ábalos ha reconocido que las recomendaciones de 1/3 de ocupación para el sector privado van a ser "muy difíciles de mantener", por lo que el Gobierno tendrá que aplicar otras medidas.

Por último, respecto a la obra pública, el ministro ha planteado dedicar los fondos de reconstrucción europeos, en el caso de que finalmente los haya, a invertirlos en obra pública y en construcción. "Por un lado se garantiza el derecho a la vivienda y por el otro se mueve la economía y las actividades derivadas", ha recalcado.

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