Una vivienda de Madrid. Al titular del contrato de alquiler, el estado de alarma le ha llevado a un ERTE y, por tanto, se acoge a la moratoria de pago de mensualidad. Hasta ahí, las medidas del Gobierno han cubierto parte de sus carencias. Lamentablemente, no es el final de la historia: el inquilino subarrienda a su vez ilegalmente dos habitaciones a dos familias, pero tiene miedo al contagio así que las echa a la calle al primer estornudo. Un desahucio invisible. “Eso está pasando. Y con familias con menores a cargo”.
Los servicios sociales públicos y el tercer sector (las ONG) alertan: junto a los fallecidos y a la presión del personal sanitario, hay una tercera pata en la tragedia en la crisis del coronavirus: la pobreza y la exclusión social están aumentando y las dificultades de la población que ya estaba en esa situación se agravan.
El tamaño de la oleada de pobreza que viene se desconoce aún, no ha habido tiempo ni medios para cifrarla, pero existe y la administración y las ONG coinciden en la urgencia por atenderla.
“Se ha hecho mucho con la emergencia de personas sin hogar, pero hay una segunda oleada: mujeres, hombres, jóvenes y familias que se van a quedar sin un lugar donde vivir. A los desahucios de alquileres se va a sumar un desahucio invisible que no puedes demostrar legalmente: te echan de tu habitación”, explican desde EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social).
Las ONG describen que la población fuera del radar burocrático, que intenta por primera vez acceder a unos servicios sociales, encuentra una complicada situación en la que no hay atención presencial, sino telefónica o telemática. “Tramitar una Renta Mínima de Inserción (400 euros en la Comunidad de Madrid) se vuelve muy complicado”, explican sobre un trámite que la plataforma ciudadana RMI Tu derecho calificaba ya como un “laberinto”.
Según los datos del INE de 2018, el 5,4% de la población tenía privación material severa, el doble del porcentaje que había en 2008. Un indicador de que la salida de la anterior crisis no fue limpia y una alarma de los peligros que supone la entrada en una nueva crisis.
Las dos primeras respuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en coordinación con las Comunidades Autónomas fueron el reparto de 25 millones para asegurar las becas comedor y otros 300 millones para reforzar los servicios sociales (cuyas competencias son autonómicas y municipales) en personal o material de protección. Y, en general, los propios municipios han reaccionado rápido para atender a las personas sin hogar.
Pero parte del Gobierno considera insuficiente la respuesta y trabaja para acelerar la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital que, tras lograr el respaldo de los sindicatos, el vicepresidente Pablo Iglesias ha llamado Ingreso Mínimo Vital Puente. Sería un parche de urgencia hasta alcanzar un Ingreso Mínimo Vital que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calificaba hace unos días de "una medida estructural".
Mujeres, familias monoparentales, inmigrantes y personas mayores en zonas rurales
¿Cuáles son los perfiles más afectados? Tercer sector y ministerio coinciden en que la crisis afecta a todos los grupos de edad y sexo, pero la pobreza tiene un perfil feminizado, ya que las mujeres tienen empleos más precarios, también las personas mayores en zonas rurales están más desasistidas, los niños sin acceso a internet quedan fuera de la educación, y, por último, la población inmigrante y la de etnia gitana que dependa de la economía informal.
Voluntarios de la Cruz Roja descargan alimentos en el aeródromo de Igualada-Ódena (Barcelona), donde se instalará un espacio logístico humanitario para distribuir productos de primera necesidad entre las familias en riesgo afectadas por el confinamiento total. ae
“Mucha más gente está solicitando alimentos”, reconocen desde Cáritas, cuyos comedores sociales han experimentado lo diabólico de la situación: tuvieron que reemplazar a toda velocidad a sus voluntarios de edad avanzada por otros más jóvenes que, aunque nos sean grupo de riesgo, pueden transmitir la enfermedad. “Sobre todo aumentan las familias vulnerables, que no tienen ni para comer”, añaden.
“A la gente más precaria les va a suponer todo un esfuerzo elevado al cubo: todo son dificultades“
Carmen Flores, de la Asociación de Solidaridad con Madres Solteras, describe una llamada de esta misma semana: “Una mujer joven con un bebé de un mes. Nos manifiesta que ha roto con su pareja y se sospecha de una situación de violencia. Parece que está ocupando una vivienda y solicita ayuda para alimentación”.
Identifican muchas empleadas domésticas que no están dadas de alta en la seguridad social. “Viven de alquiler compartido y no van a acceder a las ayudas. A la gente más precaria les va a suponer todo un esfuerzo elevado al cubo. Todo son dificultades, todo lo que les podía fallar de un sistema de protección social, les falla”.
Otro caso, que EAPN sitúa en el barrio de Carabanchel. “Vivienda social. Matrimonio de 64 y 56 años. Él tiene párkinson y la mujer síntomas de coronavirus. Un hijo de 28 años con discapacidad intelectual. Viven, como mucha población gitana, de ventas en mercadillos pero ya no es posible. La poca ayuda que reciben la gastan ahora en comida, pero no tienen para productos de higiene. Apenas saben leer y escribir y necesitan más ayudas sociales porque además su hijo necesita alimentación especial. Están encerrados y todo lo que les llega es información de la televisión”, describe Gabriela Beni, directora de la Asociación Progestión y directiva de EAPN Madrid.
Brecha digital para solicitar atención en los servicios sociales
Para un perfil así, la atención en tiempo de coronavirus es un imposible. Tanto los servicios sociales como las propias ONG han tenido que cerrar todas sus actividades que no forman parte de los servicios esenciales y la atención presencial es una de ellas.
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“La brecha digital es enorme: ahora y desde hace mucho tiempo. Con la progresiva digitalización de la administración, la gente que se está quedando en la cuneta es muchísima. Hay gente que no maneja el correo electrónico o que no pueden hacer llamadas por el móvil”, alertan Beni. “Y el problema son las familias que nunca han estado empadronadas o les ha pillado la epidemia en otro lugar”.
“Con la progresiva digitalización de la administración, la gente que se está quedando en la cuneta es muchísima“
Mientras, la urgencia no cesa. En Madrid, dependiendo del distrito, servicios municipales, entidades sociales, Samur Social y Cruz Roja, se coordinan para ayudas alimentarias de emergencia.
“Tanto servicios municipales como servicios sociales tenemos identificadas las necesidades, pero hay que facilitar el acceso a esa prestación económica durante un tiempo. Simplificar burocracia y requisitos para que llegue a las situaciones de vulnerabilidad clara. Las personas tienen necesidades muy urgentes. Día a día”.