Horas antes de que la mataran, Carlota Salinas se encontraba recaudando fondos en su comunidad para los más afectados por el coronavirus. Un día después comenzaría el confinamiento ordenado por el Gobierno para luchar contra la pandemia. La muerte llegó por la noche, sin previo aviso. Varios individuos golpearon el portón de madera que da entrada a su domicilio. Tres hombres armados la sacaron a rastras. Tres disparos secos rompieron el silencio sepulcral que reinaba en su calle.
Carlota vivía en el barrio Guarigua, en el departamento colombiano de Bolívar. Tenía tres hijos. Su pareja está desaparecida. Los detalles de su asesinato los ha dado la Organización Femenina Popular de Colombia, que hoy sigue llorando la muerte de su compañera y activista. Porque Carlota llevaba más de una década trabajando en la OFP, impulsando proyectos con mujeres productoras, lideresas y defensoras de víctimas de la violencia.
Más de cien activistas asesinados
Por hacer todo eso, Carlota estaba en el punto de mira. Como lo estaban los 108 activistas y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante el año pasado. Como los estaban los 17 que murieron a tiros en las dos primeras semanas de 2020. Son datos de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU para Colombia, que no deja de alertar que ese país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para activistas y defensores. No en vano, desde que en 2016 se firmaran los acuerdos de paz, han muerto casi 600.
La semana en la que murió Carlota fue especialmente dolorosa para los líderes sociales de Colombia. En pocos días, otros cinco activistas perdían la vida en el país. Varios de ellos mientras guardaban el confinamiento que ordenó el presidente Duque para frenar la expansión del coronavirus. Así, resguardados en casa como millones de colombianos, estaban también Omar y Ernesto Guasiruma Nabaquera. El guion de Carlota se repitió. Los líderes indígenas del pueblo embera fueron sacados de sus casas.
Poco después, sus cuerpos eran dos bultos tirados en plena calle. Los matones les 'dieron plomo', como dicen en Colombia, y los dejaron a la intemperie como señal ejemplarizante, para que todo el mundo viera lo que ocurre cuando defiendes o denuncias cuestiones inconvenientes en según qué territorios. Con Marco Rivadeneira cambiaron de táctica. Lo engañaron para asistir a una reunión con campesinos que terminó siendo una encerrona mortal. Su delito fue promover una mesa de concertación entre el Gobierno y las comunidades de Putumayo para poner fin a la violencia.
Desprotección institucional
El confinamiento obligatorio genera todo tipo de incomodidades a millones de colombianos. Pero para los activistas y defensores amenazados, genera algo más: una desprotección institucional que pone sus vidas en peligro. Porque en tiempos de coronavirus el conflicto sigue latente, la violencia no para, y muchos de los que velan por los derechos de las víctimas del conflicto se han quedado sin escoltas.
La Unidad Nacional de Protección es una entidad que garantiza precisamente eso, protección y escolta a los líderes sociales, en función del grado de su amenaza. La UNP depende del Ministerio del Interior colombiano, que es quien asigna los escoltas a los amenazados. Tras la muerte de los defensores, la UNP ha dicho en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus sistemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”.
El cumplimiento a rajatabla de esa norma aumenta a niveles insospechados la vulnerabilidad de los defensores. Lo han denunciado varias ONGs y lo reitera también la Organización Nacional Indígena de Colombia, harta de poner muertos sobre la mesa desde que acabara el conflicto. Su líder, Luis Fernando Arias, afirma que la cuarentena y el confinamiento de escoltas y policías ha significado que los líderes amenazados permanezcan en sus viviendas. Solos, sin que alguien los cuide.
La soledad de los defensores no ha pasado inadvertida para Amnistía Internacional, que ha pedido a los estados que su respuesta al Covid-19 no descuide sus obligaciones con los derechos humanos. Dice Amnistía Internacional que los líderes sociales afrontan hoy mayores riesgos, porque no pueden desplazarse de un sitio a otro para garantizar su seguridad. Y dice también que los agresores saben muy bien que la fuerza pública está centrada estos días en combatir la pandemia.
Los escoltas disminuyen con la cuarentena
El panorama es algo parecido a esto: los escoltas disminuyen o no están; los amenazados se esconden en lugares desconocidos por temor a los ataques, o se quedan en sus casas a expensas de lo que pueda pasar. Porque el protocolo oficial frente al coronavirus ha hecho también que disminuyan las rondas policiales nocturnas junto a las casas de los líderes sociales.
Amnistía Internacional es tajante: las medidas contra el Covid-19 no son una excusa para desatender la protección a los defensores. Las ONGs piden al gobierno del presidente Duque que actúe con decisión para evitar que los grupos armados sigan exterminando líderes, valiéndose de esta situación de emergencia. Que actúe, entre otras cosas, para que cuando caiga asesinado el próximo líder social dejemos de hacernos la misma pregunta: ¿quién defiende a los defensores?.