Ser de los primeros de la lista no siempre es bueno. Así lo demuestran los últimos datos de la Unión Europea a los que ha tenido acceso RTVE.es, donde España, con 24 casos, es actualmente el segundo país de la UE con más infracciones ambientales abiertas. Por delante, solo se encuentra Grecia, con 25 expedientes activos, un puesto que ha ocupado España durante tres años seguidos, llegando a acumular hasta 32 casos abiertos en 2018.
Aunque estas cifras muestran una ligera mejoría, las estadísticas para España a lo largo del tiempo siguen siendo demoledoras. Desde que se empezaron a tomar los datos en este ámbito en 2002, nuestro país ha acumulado un total de 1.329 infracciones (cerradas o en diversas fases de resolución). Este es el mayor número de infracciones que ha obtenido un país de la UE, seguido de lejos por Alemania con 879 e Italia con 721. Los países con mejores marcas en este sentido han sido Croacia (30), Lituania (58) y Letonia (61).
El historial de infracciones abiertas incluye un amplio abanico de casos. Los más antiguos, notificados en 2002 y 2003, están relacionados con la gestión de aguas urbanas y residuos, mientras que algunos de los más recientes tienen que ver con el incumplimiento de los niveles de contaminación atmosférica, el cierre de vertederos ilegales o el llamamiento a la protección de hábitats como el Parque Nacional de Doñana.
“Tenemos una tradición de incumplimientos bastante importante, pero no se puede atribuir a un único factor. En algunas ocasiones, se ha debido a la voluntad política o social, ya en muchas ocasiones que no se veía el medio ambiente como una prioridad, y en otras a la propia capacidad económica de las regiones para hacer frente a los retos ambientales”, asegura a RTVE.es Susana Borràs, profesora e investigadora de derecho ambiental en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
¿Qué casos se han cerrado en 2019?
Este segundo puesto le ha llegado a España hace tan solo unos días después de que la Comisión Europea (CE) cerrara el expediente que tenía abierto por la falta de planes de gestión de residuos – o de su revisión- en Aragón, Baleares, Canarias y Madrid. La remisión de estos documentos, que habían sido solicitados por la UE en reiteradas ocasiones, debía haberse realizado en 2010 por lo que llegan con más de nueve años de retraso.
Además de este, se han cerrado en 2019 y lo que llevamos de 2020, ocho de los expedientes que habían llevado a España al podio. Entre ellos, se encuentra el de las explotaciones mineras de carbón a cielo abierto de la provincia de León, como la de Fonfría, por el cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llegó a condenar a España en 2011 por no respetar la conservación de las especies como el urogallo o el oso pardo y su ecosistema, hoy ya en proceso de reforestación y descontaminación.
Siguiendo en este ámbito, Bruselas ha cerrado también el expediente que abrió en 2016 sobre la caza en vivo (es decir, con trampas, una práctica prohibida en la UE) de cinco especies de aves silvestres cantoras como los pinzones, después de que España no diera autorización para realizarlas durante 2018 y 2019.
También han sido subsanadas la falta de adopción y de transmisión a la Comisión Europea de los planes hidrológicos de cuenca revisados y actualizados de las Islas Canarias -con más de tres años de retraso y por los que incluso llevó a España ante el Tribunal de Justicia Europeo en septiembre-, así como la obligación de informar a la Unión Europea del estado de ambiental de las aguas marinas a nivel nacional.
El resto de casos cerrados han consistido en la trasposición correcta de la ley europea a la normativa española en ámbitos como: la evaluación del impacto ambiental, la protección de los animales de laboratorio, la aplicación del reglamento de la UE sobre las especies exóticas invasoras o la legislación de agua potable, esta última solicitada por Bruselas en 2017.
En este sentido, Borrà explica que tanto informar de los avances a la Comisión Europea como la trasposición "es un trámite necesario" ya que “el derecho de la UE goza de primacía frente al español”.
¿Qué causas siguen abiertas?
Otros procesos de infracción, en cambio, no están teniendo tanta suerte. Este es el caso de la gestión de dos nuevos expedientes llevados ante el Tribunal de Justicia Europeo en 2019. Uno de ellos es el de la “desprotección” de las masas de agua subterráneas que alimentan el humedal del Parque Nacional de Doñana (Huelva), en trámites desde 2016, y que adolece de sequías y sobreexplotación de acuíferos, según la Unión Europea.
La presión sufrida ha sido tanta que un informe de ese mismo año de la organización ecologista World Wide Foundation (WWF) describió Doñana como “un acuífero en alerta roja” al mantener de media alrededor del 20% del caudal de su agua natural, situación para la que necesitará, en los mejores casos, más de 30 años para recuperarse.
El Parque Nacional de Doñana cumple este miércoles 50 años, los que han transcurrido desde que, el 14 de agosto de 1969, el Consejo de Ministros acordara la declaración de este emblemático espacio, cuya conservación es de especial interés dada la biodiversidad que encierra. ¿Con esta declaración y la concreción de los límites del parque en octubre de ese mismo año se protegieron las 35.000 hectáreas que constituyen "el corazón de esta joya natural y se cerró una de las historias de conservación de la naturaleza más apasionantes y épicas del siglo XX", según han destacado desde WWF.
El otro es “la mala calidad del aire” de España, al superar los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2 de Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. A pesar de que la Agencia Europea de Medio Ambiente, indica que en España son atribuibles al NO2 entre 10.000 y 9.000 muertes prematuras anuales, esta causa, abierta en 2015, y que se está intentado subsanar con áreas de bajas emisiones como Madrid Central – sustituida posteriormente por Madrid 360º- o la ZBE en Barcelona, sigue pendiente.
“El cumplimiento de las sentencias europeas es obligatoria para los Estados. Es más, si el país persiste en el incumplimiento, la Comisión podría imponer la restricción a determinados derechos como el de acceder a fondos económicos e incluso suspender el derecho a voto”, apunta Borràs. “Esto,- aclara – nunca ha pasado y es difícil que ocurra ya que podría abrir una gran crisis política”.
La OMS celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este miércoles 5 de junio, recordando el impacto que la calidad del aire tiene en la salud y el bienestar tanto humano como del planeta. "El aire que respiramos es fundamental para nuestra existencia", defienden. En España, la contaminación atmosférica causa 10.000 muertes prematuas al año. La ONU exige a las ciudades medidas inmediatas.
La clausura de vertederos también es una de las causas pendientes para España, abierta desde 2007, en la que se pedía que se cerraran 61 vertederos ilegales alrededor del territorio españolDebido, sin embargo, a la lentitud del proceso, la Comisión Europea llevó a España ante el TJUE en 2015.
Desde entonces, a pesar de que hubo algunos avances, aún siguen pendientes las obras de clausura, sellado y regeneración de 22 vertederos (uno en Andalucía; diecinueve en Canarias y dos en Murcia), que motivó un nuevo aviso de la Comisión Europea “Cuando el TJUE sanciona lo hace a todo el Estado, independientemente de que algo no se haya cumplido solo en alguna región. Las autoridades españolas serán, por tanto, las encargadas de buscar las responsabilidades”, indica Borrás.
A estas infracciones se unen otras 22, algunas con más de 18 años de antigüedad, y que aún sin cerrar. Este es el caso del tratamiento de las aguas residuales de al menos 37 poblaciones, abierto en 2003, y por la cual la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en 2010.
Seis años después, este asunto seguía sin resolver en diecisiete de las poblaciones a que se refería la sentencia, lo que representa alrededor de 1.400 000 personas, según informó la CE, que llevó nuevamente a las autoridades españolas ante los tribunales por lo que fue sancionada con una multa de 12 millones de euros y una coercitiva de 11 millones de euros por cada semestre de retraso en la resolución. A pesar de la condena, el expediente consta como abierto en la base de datos de la UE, por lo que esta multa continuaría pagándose actualmente.
El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por incumplir las normas de tratamiento de aguas residuales
Para evitar nuevas infracciones, Borràs no considera que sean necesarias únicamente normas restrictivas, sino que apunta a aumentar la concienciación social y la visibilización. “De nada nos sirve tener leyes ambientales muy progresistas si no hay políticas que las acompañen y, junto con ellas, se apueste por la sensibilización y educación ambiental. Debería ser una estrategia integrada que no dependa del color político”, considera Borràs, que concluye que “hay que hacer cambios profundos en nuestro sistema y dejar de hablar de transiciones ecológicas para hablar de revoluciones”.
¿Cómo funciona el proceso de infracción?
El proceso de resolución de infracciones puede tardar desde meses hasta años, en función de la complejidad del caso y la capacidad o voluntad del país infractor. En primer lugar, la Comisión identifica posibles infracciones de la legislación de la UE sobre la base de sus propias investigaciones o tras las quejas de la ciudadanía.
Según Borràs, los ciudadanos pueden informar a la CE a través de tres procedimientos: una “notificación informal” con cartas o avisando a un funcionario, establecer “una queja formal” (disponible a través de internet) o “formulando una petición al Parlamento Europeo”. Tras valorar la queja, la Comisión envía una carta solicitando más información al Estado miembro, que dispone de un plazo de dos meses para remitir una respuesta detallada.
Si la Comisión concluye que el Estado no cumple sus obligaciones en función a la legislación de la UE, puede enviar un dictamen motivado, es decir, una petición formal para que se dé cumplimiento a dicha legislación, en el que explica por qué considera que se está infringiendo el Derecho de la Unión. La Comisión también instará al Estado miembro a que le informe de las medidas adoptadas, en un determinado plazo de tiempo (por lo general, dos meses).
Si el Estado miembro mantiene el incumplimiento, la Comisión puede optar por remitir el asunto al Tribunal de Justicia. En el caso de que este lo acepte, el tribunal puede imponer sanciones de carácter económico al Estado miembro.
“Se pueden imponer sanciones suma a tanto alzado, es decir, una cantidad fija, o coercitivas, por la cual, se sanciona al Estado de manera periódica hasta que este demuestre que ha solucionado la infracción. La cantidad irá en función de la gravedad de la norma infringida, su repercusión, el periodo y la capacidad del Estado”, describe Borràs.