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La Fiscalía del Supremo estudiará si hay indicios de delito en las palabras de Monasterio sobre los menores no acompañados

  • El caso tiene que ver con la visita de la presidenta de Vox en Madrid a un centro menores inmigrantes

  • PP y Ciudadanos también mostraron su rechazo a las palabras de Monasterio

RTVE.es / EFE
2 min.

La Fiscalía de Sevilla enviará al Tribunal Supremo la investigación contra la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por una denuncia presentada por Podemos Andalucía por un presunto delito de odio a raíz de un acto electoral en el que participó en un centro de menores inmigrantes.

Fuentes del Ministerio Público han informado de que los fiscales de Sevilla ya han comunicado a la Secretaría Técnica que enviará el caso a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El caso tiene que ver con una visita de Monasterio, en noviembre pasado, a las puertas de un centro de menores en el barrio sevillano de la Macarena para protestar contra la inmigración ilegal, donde defendió la seguridad de los ciudadanos "sin temor a ser atracado o asaltado por una manada de menas" (menores extranjeros no acompañados).

Los representantes de Vox aprovecharon para protestar contra la inmigración ilegal y defender la seguridad de los barrios. Un acto que fue tachado por otros partidos que lo calificaron de "provocación" e "incitación al odio".

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que, en caso de delito, corresponde decidir al Tribunal Supremo sobre la supuesta responsabilidad penal de un miembro de la Asamblea siempre que se haya cometido fuera de la región.

Reacciones de rechazo entre los demás partidos

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, llevó ante la Fiscalía a Monasterio por un posible delito de incitación al odio supuestamente cometido por en el acto electoral celebrado el 4 de noviembre frente al centro.

El partido de Teresa Rodríguez defiende en su denuncia que la exposición pública en la que se encuentran los menores alojados suponía “un perjuicio grave a su tratamiento social” y promovía el rechazo del entorno en el que se sitúan.

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que cuentan con el apoyo de Vox en Andalucía, también manifestaron su rechazo. Lo hicieron a través de la consejera de igualdad, Rocío Ruiz, que aseguró que “no todo vale en campaña electoral” y que es “inmoral utilizar menores que intentan construir un proyecto de vida en Andalucía”.

Rocío Ruiz también añadió que los menores “están perfectamente integrados en el barrio”.

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