El Gobierno del presidente Donald Trump ha presentado este lunes una nueva norma que entrará en vigor el próximo 15 de octubre -según los planes del Ejecutivo estadounidense- por la que se podrán rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades de Estados Unidos consideren que se han convertido en una "carga pública" para el país.
Así, un inmigrante legal que viva en EE.UU. será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de tres años. Entre los beneficios públicos que se van a contabilizar están la asistencia alimentaria, los vales de ayuda de vivienda y los programas que subsidian el elevado coste de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
"En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses", ha detallado el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que ha defendido que la nueva regla "pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito en Estados Unidos".
Cancelar el estatus de migrante legal si puede ser una "carga pública"
Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las green card o de algunos visados.
Es más, las autoridades podrán determinar si el inmigrante se ha convertido o puede llegar a convertirse en una "carga pública" para la Administración -es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir- y cancelar su estatus migratorio legal.
Así, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por vía legal podría ver afectada su situación en el país, en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La norma, incluso, puede determinar la concesión de un visado legal, al cambiar los criterios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la hora de interpretar si un extranjero "es probable que se convierta en cualquier momento en una carga pública".
La medida no afectará a refugiados y asilados
La nueva medida, según ha explicado la Administración Trump, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en EE.UU.
Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su puesta en marcha -prevista para el 15 de octubre- podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse si la Justicia estadounidense así lo considera.
Grupos defensores de los inmigrantes han alertado de que esta regla discriminaría a las personas de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a unas ayudas públicas que probablemente necesiten para subsistir.
Estas organizaciones también aseguran que la normativa penalizaría a los inmigrantes con visado de trabajo que necesitan alguna asistencia pública de manera temporal.