El Gobierno ha acudido a los tribunales para que la familia de Franco devuelva al Estado el Pazo de Meirás por entender que la compra de esta propiedad por parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta". La demanda ha sido interpuesta por la Abogacía del Estado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de A Coruña, tal y como adelantó este miércoles el El País y ha confirmado este jueves el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, en una entrevista en Los Desayunos de TVE. "Actuaron contra derecho", ha asegurado el líder socialista.
Según ha explicado el Ministerio de Justicia en un comunicado, los servicios jurídicos del Estado han encontrado una escritura previa de compraventa de agosto de 1938, hasta ahora desconocida, que demuestra que la propiedad fue comprada inicialmente por la "Junta pro Pazo del Caudillo" a la viuda del hijo de Emilio Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, por 406.346 pesetas y que deste entonces el dictador usó el pazo como residencia veraniega.
A pesar de ello, tres años después -siempre según señala Justicia en su nota- se otorga una segunda escritura pública en mayo de 1941 en la que presuntamente se "simula" la venta del Pazo de Meirás por parte de Esteban Collantes -que ya lo había vendido a la Junta- a favor de Francisco Franco por un "supuesto" precio de 85.000 euros.
Fue con esta última escritura con la que Franco inscribió a su nombre esta propiedad en el registro de la propiedad. Esta inscripción, "derivada de una compraventa ficticia", es la que permitió que, a su fallecimiento, su viuda donara el Pazo a su hija, Carmen Franco, de quien pasó a su vez a sus hijos y herederos.
La escritura original de 1938 ha sido encontrada en el marco del estudio jurídico llevado a cabo por la Abogacía General del Estado en cumplimiento con la resolución aprobada por unanimidad por el Parlamento gallego en julio de 2018, en la que se instaba al Estado a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación de esta propiedad para el patrimonio público.
Detracción de nóminas de funcionarios para pagar el pazo
La "Junta pro Pazo del Caudillo" se constituyó en marzo de aquel año por el gobernador civil y otros alcaldes de A Coruña con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición de Franco, autoproclamado ya jefe del Estado, para su utilización como residencia veraniega.
Según informa Efe, el dinero fue adelantado por el Banco Pastor, al que se devolvió con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con dinero que se restaba de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los ayuntamientos de la provincia.
Ahora, en su demanda, el Gobierno reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio al inmueble durante la dictadura. Para ello pide la rectificación del Registro de la Propiedad y la nulidad del título de donación en 1938, la "compraventa fraudulenta" de 1941 y la escritura de partición de la herencia de Carmen Franco.
El abogado de los nietos de Francisco Franco ha enmarcado la denuncia en la "estrategia de acoso y derribo" ejercida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la familia del dictador y ha criticado su "falta de cortesía" por filtrar a la prensa la demanda antes de que sus clientes tuvieran conocimiento de la misma, en declaraciones a Europa Press.
La teoría de la donación, "desmontada"
La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña se ha congratulado "por fin" de esta decisión al considerar que se trata de una "posesión irregular" de la familia Franco.
La asociación ha argumentado que un informe jurídico-histórico elaborado por expertos para la Diputación de A Coruña y otro informe realizado a instancias del Parlamento de Galicia "desmontan" la teoría de la familia Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador.
El pasado junio, los cuatro grupos que conforman el Parlamento gallego volvieron a pedir al Gobierno central la recuperación de la titularidad pública del Pazo de Meirás y anular los títulos nobiliarios de 'Ducado de Franco' y 'Señorío de Meirás'.
Esta petición se produjo un año después de que la Cámara legislativa gallega aprobase también por unanimidad la reclamación al Gobierno de iniciar la demanda civil contra la familia Franco para recuperar el pazo.