El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, que será el marco normativo que facilitará la descarbonización de la economía española para 2050, cumpliendo así con los objetivos de la Unión Europea (UE) y con el Acuerdo de París contra el cambio climático.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también formarán parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.
"Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta par facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el provenir garantizando la equidad", ha subrayado Ribera.
Hoja de ruta para que España sea neutra en emisiones
El Ministerio para la Transición Ecológica ha trabajado en el Plan durante los últimos ocho meses y ha empleado seis modelos matemáticos internacionales con más de 1.000 variables para diseñar una hoja de ruta con el fin último de que la economía española sea neutra en emisiones de gases de efecto invernadero en 2050.
Fuentes del Ministerio han señalado que las normas permitirán una adaptación al cambio climático, "en un país totalmente vulnerable", con una mejor gestión de agua, de costas e infraestructuras, y meter los escenarios reales de los efectos para la planificación y buena gestión de los recursos.
Los principales objetivos son una reducción del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 (España estaba 18 puntos porcentuales por encima en 2017), un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final (con un 74% de renovables en la generación eléctrica) y un 39,6% de eficiencia energética.
Las medidas recogidas en el Plan supondrían la generación de entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos (de 102.000 a 182.000 en energías renovables) y la movilización de unos 236.000 millones de euros entre 2012 y 2030 (el 80% procedentes del sector privado).
La ministra ha explicado que este marco normativo es "ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible" y que está en línea con los compromisos asumidos por España en la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Así, ha vaticinado que este paquete normativo permitirá la creación y "reposicionamiento" la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.
Se trata, ha dicho, de una propuesta "sólida, transversal" y que maximiza las sinergias "de forma convincente" porque han participado todos los Ministerios, se ha contado con el conocimiento científico y se han analizado más de "mil" variables.
Otras formas de transporte
En cuanto a la movilidad y el transporte, el Gobierno espera que reduzca sus emisiones en 28 millones de toneladas de CO2 equivalente en la próxima década y prevé que un 35% la proporción de pasajeros por kilómetro en desplazamientos que ahora se hacen con vehículos de combustión se hagan por transporte público, en bicicleta o a pie.
La penetración de renovables en el sector de la movilidad sería de un 22% en 2030 por la incorporación de unos cinco millones de vehículos eléctricos (coches, furgonetas, motocicletas,etc.) y el uso de biocarburantes avanzados.
El Gobierno asegura que acompañará al sector de la automoción en el proceso de fabricación de vehículos menos contaminantes a lo largo de la próxima década.
De hecho, ha fijado un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros para fomentar acciones de movilidad sostenible y conectada, rejuvenecimiento de las plantillas y mayor participación de la mujer, apoyo a la innovación en el sector y formación.
De hecho, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, en 2040 los vehículos nuevos que se vendan deberán ser de cero emisiones de CO2.
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2021-2030 señala que en ese periodo se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como históricos, no destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones cero de CO2.
Asimismo, en el periodo 2021-2025 se destinarán otros mil millones de euros para facilitar la introducción de más vehículos eléctricos. Con ello, el Ministerio para la Transición Ecológica confía en que, en las dos próximas décadas, el sector nacional de automoción se pueda posicionar ante la transición internacional que se va a producir.
Según la previsión del Gobierno, España contará con unos cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 debido a la penetración de las energías renovables en el sector de la movilidad, lo que supondría aproximadamente un 16% del parque móvil.
El Gobierno prevé que la descarbonización rebajará la factura de la luz
Por otra parte, según el Ejecutivo, la descarbonización generará en 2030 una rebaja del 12% antes de impuestos en la factura de la luz respecto al precio actual, gracias a la entrada masiva de renovables.
Además, en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se recoge que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
La Ley incluye la realización de un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil y en base al mismo se elaborará una propuesta de calendario para la revisión de esas ayudas y medidas.
Asimismo, contempla que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto positivo en la transición hacia un desarrollo bajo de carbono, exceptuando los recursos transferidos a las administraciones territoriales, así como los gastos que, por su propia naturaleza, no tienen incidencia directa en el cambio climático, un objetivo que se revisará al alza antes de 2025.
Además, a partir de 2020 los ingresos procedentes de subastas de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimento de los objetivos en materia de cambio climático y Transición Energética y, a través de los Presupuestos del Estado de cada año, se podrá destinar el 30% de los mismos a medidas de acompañamiento para la transición justa.