Los presupuestos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado este lunes al Congreso de los Diputados prevén un significativo incremento de los gastos, que se disparan por encima del 5% hasta alcanzar su mayor nivel desde 2010, con el objetivo de revertir buena parte de los recortes llevados a cabo durante la crisis, al subir de forma considerable las partidas dedicadas a aspectos como la dependencia e infraestructuras, además de eliminar la subida de las tasas universitarias y limitar el copago farmacéutico, entre otras medidas.
Pese a que la traslación efectiva de esas cuentas públicas a la realidad sigue aún en el alero, puesto que el Ejecutivo no cuenta aún con los apoyos suficientes para garantizar que salgan adelante, el Gobierno socialista ha querido plasmar en el proyecto de ley su pretensión de reimpulsar el gasto social, su gran bandera tras la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa y su mayor baza de cara al ciclo electoral que se avecina.
Así lo ha recalcado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar los presupuestos en el Congreso, el punto de partida para intentar su refrendo parlamentario: "Para este Gobierno es fundamental defender que el colchón de seguridad del Estado del bienestar forma parte de nuestro pacto constitucional", ha recalcado, al tiempo que cargaba contra quienes abogan por un "Estado mínimo".
"Son un punto de inflexión, un cambio para recuperar la confianza de los ciudadanos", ha insistido Montero, al asegurar que las cuentas propuestas "llevan la recuperación económica a los colectivos más castigados durante la crisis, frente a quienes se han olvidado de ellos con la austeridad".
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Más gastos, y más ingresos
Esa pretensión se traduce en un aumento del presupuesto consolidado de gastos del 5,1%, hasta los 472.660 millones de euros; de esa suma, los gastos no financieros, que reflejan la verdadera inversión del Estado, ascienden a 345.358 millones de euros, lo que representa un 5,3% más que en 2018. Un salto considerable respecto a las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy, que eran los más expansivos tras la recuperación y que elevaban el gasto no financiero un 3%, hasta 327.955 millones.
Pese a ese incremento del gasto, el Gobierno defiende que las cuentas públicas propuestas permitirán avanzar en la reducción del déficit, incluso cumplir con el objetivo del 1,3% marcado por la senda que dejó aprobada el Ejecutivo popular para 2018, al no haber podido aprobar en el Parlamento su propia senda, que flexibilizaba ese objetivo hasta el 1,8%.
Para ello, se confía en una recaudación récord, gracias al buen comportamiento de la economía y a las nuevas figuras tributarias, es decir, un 7,9% más que en 2018. De hecho, la previsión es que se reduzca la deuda pública al 95,4% del PIB, por debajo del 96,9% previsto para 2018, y que la partida dedicada a los intereses se reduzca a 31.398 millones, algo menos que los 31.547 millones de euros pagados el año pasado.
Montero ha asegurado, en este sentido, que se trata de unas cuentas "realistas" y "acordes con la evolución económica", que, como recoge el cuadro macroeconómico incluido en los presupuestos, prevén que el crecimiento se ralentice a lo largo de 2019. "Son las cuentas que nuestro país necesita, dan respuesta a los grandes retos y viene a solucionar los problemas cotidianos de la gran mayoría de los ciudadanos", ha recalcado.
| 2018 | 2019 | |
| PIB real | 2,6% | 2,2% |
| Consumo privado | 2,3% | 1,7% |
| Consumo público | 1,9% | 1,4% |
| Formación bruta de capital fijo | 5,7% | 4,4% |
| Exportaciones | 2,4% | 2,8% |
| Importaciones | 3,5% | 3,1% |
| Demanda nacional | 2,9% | 2,2% |
| Saldo exterior | -0,3% | -0,1% |
| PIB nominal | 3,6% | 3,8% |
| Deflactor del PIB | 1% | 1,7% |
| Tasa de paro | 15,5% | 14% |
Acento en los gastos sociales
La ministra de Hacienda no ha ocultado que, para contar con recursos que permitan reforzar el Estado del Bienestar, el Gobierno quiere elevar la presión fiscal, que en estos presupuestos sube un punto hasta el 35,5%. Sin embargo, ha defendido que las subidas de impuestos son "medidas muy selectivas, con precisión de bisturí", que, ha asegurado, "blindan a las clases medias, trabajadores, autónomos y pymes".
En este sentido, ha señalado que "el 99,6% de los contribuyentes no va a tener ningún tipo de modificación en el Impuesto sobre la Renta", ya que las subidas se centran en los tramos más altos, por encima de 130.000 euros, y que el tipo mínimo de tributación del 15% solo afectará al 0,7% de las empresas.
Como contrapartida, Montero ha destacado la subida del gasto social, que acapara el 57,3% del gasto del Estado, con 209.510 millones de euros, esto es, 12.599 millones más que en 2018, lo que, según asegura el Ministerio de Hacienda en su resumen ejecutivo, es la mayor subida desde 2009.
La ministra ha destacado, en especial, las medidas sobre dependencia, cuya partida sube un 59,3% hasta 2.232 millones de euros; juventud, con 670 millones para el plan de empleo juvenil y 137 millones para medidas de acceso a la vivienda; desempleados, con la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, y mayores, lo que incluye la revalorización de las pensiones.
Los presupuestos prevén destinar más del 57% de su importe a gasto social
Más dinero para casi todos los ministerios
Otro aspecto relevante es el incremento de la asignación para la lucha contra la violencia de género, en el marco de unos presupuestos que Montero ha definido como "feministas, comprometidos con la igualdad y los derechos de hombres y mujeres". Así, se incluye una dotación de 220 millones de euros para financiar el Pacto de Estado sobre la Violencia de Género, lo que supone una subida del 9%.
En cualquier caso, no solo aumenta considerablemente el gasto social: la inversión en infraestructuras, si se aprueban las cuentas, será de 7.572 millones de euros, lo que representa un aumento de 2.161 millones, un 39,9% más.
El incremento del gasto también se aprecia si se leen los presupuestos desde otros puntos de vista: por secciones, todos los ministerios dispondrán de más dinero, salvo el de Hacienda y el de Trabajo, algunos de ellos con incrementos muy significativos, como el 40,9% de Sanidad, que contará con 3.128 millones, o el 21% del Ministerio de Economía.
Por administraciones, las autonomías contarán con 110.570 millones, es decir, un 6,2 % más que en 2018, mientras que los ayuntamientos recibirán 19.329 millones, un incremento del 7,6%, siempre que las cuentas públicas salgan adelante.
Las cuentas de 2019 llegan al Congreso
Aumento de la inversión en Cataluña
En este sentido, también es significativo el aumento de la inversión para Cataluña, que finalmente sería del 16,8%, hasta situarse en 2.251 millones de euros, un extremo que se antoja clave para atraerse el apoyo de los partidos independentistas catalanes.
Del resto de regiones, Andalucía recibiría 2.133 millones de euros, un 16,5% más que en 2018, mientras que la Comunidad Valenciana sería la tercera con mayor incremento, casi un 10% más, hasta 1.190 millones. Madrid, por su parte, se situaría como la tercera región en términos absolutos, con 1.250 millones.
A partir de ahora, las cuentas públicas inician su tránsito parlamentario, que se prevé arduo. En primer lugar, los distintos grupos pueden presentar, hasta el 8 de febrero, las enmiendas a la totalidad, que se empezarán a debatir el 12 de febrero y se votarán al día siguiente, el miércoles 13.
Si superan ese primer trámite, se debatirán las enmiendas parciales a principios de marzo, para después pasar al Senado. Con todo, algunas de las medidas que el Ejecutivo incluye en los presupuestos deberán afrontar antes la tramitación parlamentaria, ya que el 22 de enero está previsto que se debata la convalidación de los decretos sobre la subida de las pensiones, el aumento del salario mínimo a 900 euros mensuales o el alza salarial para los empleados públicos, entre otros.