El Gobierno ha contratado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick por casi 545.000 euros para que ejerza la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante el tribunal de Bruselas que tramita la denuncia presentada contra él por del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro exconsellers huidos de la Justicia española.
Así lo ha anunciado este jueves el Ministerio de Justicia en un comunicado, en el que detalla que "el valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros".
El contrato con el bufete, que ha sido elegido tras un proceso de selección, ya ha sido rubricado en las dependencias de la Embajada de España en Bruselas, indica la nota.
"Una vez formalizado el contrato, el bufete Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo", recalca el comunicado.
Pedro Sánchez sostiene que la demanda de Puigdemont contra Llarena "no es una cuestión privada, sino de Estado"
Citado el 4 de septiembre
La demanda civil, presentada de forma conjunta por Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí, denuncia que Llarena habría violado su derecho a la presunción de inocencia y que "no es imparcial" en la instrucción de la causa contra los impulsores del procès independentista.
A raíz de esa demanda, un tribunal de Bruselas ha citado a declarar al magistrado el próximo 4 de septiembre, aunque Llarena no tiene porque comparecer físicamente.
Llarena, por su parte, solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente aceptó ampararle por lo que considera un "ataque planificado" a su independencia que intenta, "sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayaba este lunes que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino "de Estado", y defendía que que su gabinete ha atendido "desde el primer momento" los requerimientos del CGPJ en relación a la defensa del juez, aunque varios partidos de la oposición han criticado lo que consideran titubeos y "bandazos"en la reafirmación de la soberanía jurisdiccional española.