El Gobierno ha decidido dejar en suspenso la aprobación de la senda de déficit para 2019-2021, que fue rechazada por el Congreso en julio, y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2019, hasta concretar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acabará con la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit, donde el Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.
Podemos ha explicado que sólo el Congreso votará la senda de estabilidad, pero fuentes gubernamentales han apuntado que también se podría dar al Congreso la capacidad de levantar el veto del Senado, como ocurre con las tramitaciones de leyes con carácter general.
Mientras se decide sobre la reforma, El Ejecutivo ha optado por posponer la aprobación de la senda de déficit, que estaba prevista para este viernes en el Consejo de Ministros.
En esa senda, mantiene los objetivos de déficit renegociados con Bruselas -frente a los anteriores del PP, más restrictivos- y que son del 1,8% del producto interior bruto (PIB) para 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021.
"La senda ya ha sido aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera", dicen desde el Gobierno, por lo que será la misma que se someterá a aprobación parlamentaria cuando se lleve al Consejo de Ministros.
El Consejo de Política Fiscal vuelve a aprobar la misma senda de déficit que rechazó el Congreso
Además, este jueves el objetivo de déficit también ha sido ratificado por segunda vez en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que ha estado presidida por las ministras de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y de Hacienda, María Jesús Montero, junto al presidente de la FEMP, Abel Caballero.
Según informó el Ministerio de Hacienda, el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las instituciones locales acordado es el 0,0% del PIB para cada uno de los ejercicios del período 2019-2021. Asimismo, el objetivo de deuda pública es del 2,3% para 2019; 2,2% para 2020, así como y 2,1% para 2021. La moción ha contado con el rechazo de los representantes del PP.
El preacuerdo ha allanado el camino para la aprobación del déficit
El anuncio de un pacto para la reforma de la Ley de Estabilidad, hecho este miércoles por Podemos tras la reunión mantenida con el Ministerio de Hacienda, ha allanado el camino para la futura aprobación de los objetivos de déficit del Gobierno socialista, que aún no ha definido cómo sorteará legalmente la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.
Según Podemos, el cambio legal haría que la senda de estabilidad sólo se votase en el Congreso, pero desde el Ejecutivo señalan que la modificación legal podría consistir en establecer el mismo proceso parlamentario para aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit que el que se sigue para sacar adelante las leyes de carácter general: primero se vota en el Congreso, luego se pasa al Senado y, de allí vuelve a la Cámara Baja, que puede levantar el veto del Senado si se cumplen determinadas circunstancias.
La actual redacción de la Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé además que, en caso de rechazo a los objetivos en el Congreso o el Senado, el Gobierno tiene que presentar una nueva senda en el plazo de un mes, que vence el 27 de agosto, aunque el Ejecutivo considera que el hecho de que se vaya a reformar cambia las cosas.
Preacuerdo entre Gobierno y Podemos para acabar con el veto del Senado a los objetivos de déficit
Los populares han anunciado que irán si es necesario al Tribunal Constitucional (TC) porque "está en juego es la calidad de la democracia", según ha dicho el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
En la misma línea, el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido al Gobierno que "deje de ser rehén de las políticas fracasadas de la izquierda radical" que defiende Podemos, y ha acusado a ambos de querer "cargarse" la separación de poderes en España con "filibusterismo parlamentario".
A las críticas se ha sumado Ciudadanos, cuyo secretario general, José Manuel Villegas, ha acusado este jueves al Gobierno de "hacer trampas" y de buscar "truquillos y triquiñuelas legales" para saltarse la legalidad y aprobar la senda de consolidación fiscal sin pasar por el Senado.
Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha recordado que la capacidad de veto del Senado de la senda de estabilidad presupuestaria fue una prerrogativa introducida en el ordenamiento jurídico por el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que con carácter general en las tramitaciones de leyes prevalece el voto del Congreso.
PNV, ERC y PDeCAT, a favor de la reforma
En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, del PNV, la única formación que votó junto con el PSOE a favor de los nuevos objetivos de déficit en julio y la que mantiene una de las posiciones más dialogantes.
No obstante, su apoyo a los Presupuestos de 2019, ya que la formación vasca no renuncia a su reivindicación histórica de recibir el traspaso de las competencias sobre la Seguridad Social, según declaraba este miércoles el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
Desde ERC han recordado que la formación ya pidió reformar la Ley de Estabilidad para evitar la vía de bloqueo en el Senado, pero que están a la espera del contacto directo entre el Gobierno de España y el de Cataluña "para concretar cifras".
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha explicado que ha hablado con la portavoz socialista para manifestarle su coincidencia con el fondo de la reforma pero su preocupación por la fórmula jurídica con la que se concretará para que no quede en un intento falso.
Nueva Canarias, por su parte, ha reclamado en un comunicado que se reforme la Ley de Estabilidad para permitir a autonomías y corporaciones locales una mayor flexibilidad en el gasto.