La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha reiterado este lunes que el Gobierno no se plantea iniciar un procedimiento de regularización de inmigrantes porque, entre otras cosas, "sinceramente" no cree que España sea un país "muy atractivo aún" para ellos. Asimismo ha abogado por una acción "conjunta y coordinada" para afrontar el aumento de la presión migratoria en España.
Así lo ha expresado durante un receso de la Conferencia Sectorial de Migraciones, que no se reunía desde septiembre de 2015, y en la que se ha dejado para otro encuentro, a principios del próximo mes, la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, los denominados 'menas'.
Valerio ha destacado que en este momento en el que el desempleo es todavía superior al 15% y castiga especialmente a mujeres y jóvenes, muchas de las personas que llegan a España "prefieren otros países en los que piensan que tienen mejores oportunidades". "Sinceramente, éste no es aún un país muy atractivo" para ellos, ha señalado.
De ahí que haya descartado que el Gobierno se esté planteando hacer una regularización como la que se realizó bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ha reconocido que en aquel momento dio sus frutos, en especial en las zonas rurales y despobladas.
"¿Quién ha dicho eso de papeles para todos y cuándo? Nadie del PSOE y nadie del Gobierno ha dicho eso; es un absurdo porque un poco de sentido común tenemos y lo que apostamos es por la inmigración legal", ha enfatizado.
Una acción "conjunta y coordinada"
La ministra de Trabajo ha apostado por una acción "conjunta y coordinada" entre el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos para afrontar el aumento de la presión migratoria en España. Según Valerio, se debería alcanzarse un "acuerdo de Estado" en esta materia, como así se lo ofreció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, durante la reunión que mantuvieron la semana pasada.
En la reunión, que según la ministra se ha desarrollado con un clima de "tranquilidad y de colaboración" con las comunidades autónomas "al margen del color político", se ha puesto de manifiesto que la situación actual "se veía venir" por las cifras que ya comenzaron a incrementarse el pasado año.
Así, ha indicado que en 2016 llegaron por la frontera sur unas 10.500 personas de forma irregular, mientras que el pasado año lo hicieron unas 24.000.
La ministra ha valorado las políticas migratorias que ha puesto en marcha el Gobierno en estos dos meses y que, a su juicio, "están dando resultado", dentro de que "todo es manifiestamente mejorable". Ha asegurado, además, que la dotación del fondo de apoyo a la acogida e integración para inmigrantes no está presupuestada para este año y sí lo estará para las cuentas de 2019.
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Las comunidades piden mayor colaboración al Gobierno
La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha solicitado a la ministra "una mayor coordinación y colaboración en la acogida urgente de personas migrantes".
Asimismo, ha pedido "más colaboración para la ampliación del programa de humanitario vasco 'Harrera' para migrantes en situación de exclusión grave, una regularización más ágil y flexible de los permisos laborales y la reformulación de los ámbitos competenciales en materia de inmigración".
En la misma línea, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha pedido a todas las comunidades autónomas llegar a una "coordinación nacional" y una manifestación de "voluntad política" para llegar a un pacto de Estado para abordar la migración.
“La reunión ha versado sobre buenas palabras pero ninguna concreción“
Por su parte, el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, ha criticado que la reunión haya versado sobre "buenas palabras pero ninguna concreción", a pesar de ser una situación "grave" por la "vulnerabilidad" de seres humanos.
El encuentro se produce justo después de que en el pasado Consejo de Ministros del 3 de agosto se aprobara la creación de un mando único para la cooperación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho y en medio de una constante llegada de pateras. Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque dotado con 30 millones de euros hasta final de año para el reforzamiento de la atención a inmigrantes y refugiados a pie de playa.