El fiscal ha mantenido este miércoles la acusación por terrorismo para los cuatro encausados por los incidentes ocurridos en una manifestación en el casco antiguo de Pamplona en marzo de 2017, por lo que eleva a definitiva su petición de siete años de cárcel, ya que considera que "no fue una simple algarada", sino que se siguieron "las pautas marcadas por la estrategia de ETA", con "finalidad terrorista".
En la última jornada del juicio que celebra la Audiencia Nacional por estos hechos, el Ministerio Público acusa de un delito de desórdenes públicos terroristas a Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y a Julen P.G.
El fiscal José Perals, el mismo que acusa por terrorismo a los presuntos agresores de dos guardias civiles en la localidad navarra de Alsasua, ha expuesto en esta segunda jornada de vista oral, que la marcha, que no estaba autorizada formalmente y terminó con fuertes disturbios en el caso histórico, estuvo "perfectamente estructurada" por la izquierda abertzale radical, con el fin de crear un clima de "terror y coacción".
"Si algo nos ha demostrado la historia es que el terrorismo existe sin la necesidad de muertos. Todo esto sigue siendo lo mismo", ha explicado el representante del Ministerio Público que ha descartado que los hechos que dejaron tres agentes heridos e importantes daños materiales puedan ser constitutivos de delito de desorden público, puesto que "persiste la herencia de décadas de terrorismo en el País Vasco y Navarra".
Según el fiscal, el ideario de ETA permanece
A su juicio, la marcha convocada por la iniciativa 'Errepresioari Autodefensa' de la izquierda abertzale en la que participaron unas 400 personas, prueba que se trata de "la misma dinámica de siempre" y que el ideario y los métodos de lucha de la banda terrorista ETA permanecen, pese a que sea "de manera más episódica".
Respecto a la participación de los cuatro jóvenes acusados, de entre 21 y 26 años de edad, el fiscal ha explicado que ha quedado suficientemente acreditada por la versión prestada en la vista oral por los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad y que, prueba de que se trató de una actividad planificada, es que tres de estos viajaron desde Rentería (Guipúzcoa) cargados con piedras y artefactos como bengalas, con la intención de "alterar la paz pública" y provocando un "clima de terror" y "violencia inusitada".
También ha recordado que prueba de la "violencia intimidatoria" heredada de ETA fueron las consignas --como 'Borroka da bide bakarra' ('la lucha es el único camino'), 'Gora ETA' ('viva ETA') y 'Euskal presoak' ('presos vascos')-- que se corearon durante los apenas 15 minutos que duró la marcha hasta que se desató "la batalla campal".
También pide que los cuatro acusados indemnicen a las víctimas por los daños causados, valorados en 30.000 euros.
Con todo, Perals ha modificado su escrito de conclusiones para añadir que "tanto la convocatoria de la manifestación como el desarrollo de los hechos y el comunicado posterior, se deben a la dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical que es contraria a la inserción abertzale a las instituciones democráticas y se trata de una dinámica contraria al cese de la violencia del entramado de la organización terrorista ETA".
Por otro lado, el letrado Íñigo Iruín, que ejerce la defensa de Asier P.B, Rubén I.B y Endika E.M, ha pedido la absolución de sus clientes mientras que el letrado del cuarto acusado, Julen P.G ha solicitado ante el tribunal que preside la magistrada María José Rodríguez Duplá su absolución, aunque de manera subsidiaria un año de prisión por delito de alteración de orden público.