El Gobierno dejará de manejar el presupuesto de la Generalitat cuando cese la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque mantendrá controles para que no se destinen recursos públicos a actividades ilegales.
Fuentes del Ejecutivo español han explicado que el control directo de los presupuestos catalanes desaparecerá al mismo tiempo que deje de aplicarse el 155, ya que han subrayado que no puede mantenerse esa medida en base a declaraciones del nuevo presidente catalán sobre futuras actuaciones, sino ante hechos concretos.
El presidente investido de la Generalitat, Quim Torra, anunció este martes que, una vez que tome posesión de su cargo, enviará una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle una reunión en la que le exigirá levantar la aplicación del artículo 155 y la intervención de las finanzas catalanas.
Aunque cese la supervisión directa del presupuesto catalán, esas fuentes del Gobierno han subrayado que eso no quiere decir que Torra y sus consejeros puedan utilizarlo como consideren conveniente, ya que permanece siempre un control político que protagonizan principalmente los grupos del Parlament por si hubiera alguna irregularidad.
También han recordado que, cuando los presupuestos de Cataluña incluyeron una partida para la celebración de un referéndum sobre la independencia, se recurrieron y la Generalitat tuvo que cambiarlos.
Montoro garantiza que se vigilará el uso de fondos públicos
Así, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha precisado este miércoles que, aunque se levante la intervención de Cataluña ligada al artículo 155, el Gobierno seguirá controlando que no se destinen recursos públicos a actividades ilegales.
"Lo que no se puede es destinar recursos públicos a actividades ilícitas, el Gobierno lo va a impedir y no hace falta la intervención del 155 para impedirlo", ha afirmado Montoro durante su intervención en los desayunos informativos de El Economista.
El ministro ha destacado que ya se irá viendo "en qué consiste la retirada de controles", pero ha insistido en que "hay que mantener al menos los que existen desde 2015", unos controles que exigen, entre otras cosas, informar mensualmente a Hacienda sobre la ejecución de todo el presupuesto.
Montoro ha destacado que la intervención de las cuentas catalanas aplicada desde el 20 de noviembre de 2015 se decidió porque la desconfianza puso en riesgo la calificación crediticia del Reino de España. Preguntado sobre si se va a levantar ese control, el ministro ha contestado: "Pues va a ser que no".
Según ha precisado, el Gobierno va a seguir controlando que se cumple con la legalidad vigente mientras exista una "actitud desafiante" por parte del Ejecutivo catalán.
Se mantendrán las medidas de control aprobadas en 2015
Así, ha explicado que lo que se modificará es el control reforzado que se aplica en Cataluña desde hace aproximadamente medio año, aunque ha advertido que tendrá que verse cómo queda una vez que se retire la aplicación del 155.
Este control reforzado supuso retirar a Cataluña los fondos derivados del modelo de financiación para que fuera el Estado quien pagara los gastos de la Generalitat con cargo a una cuenta en el Banco de España. Según Montoro, ese control ha permitido que Cataluña "funcione con total normalidad", ya que ha sido una intervención "funcional y operativa".
En línea con lo acordado este martes entre el presidente Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, fuentes del Ejecutivo han indicado que, cuando se deje de aplicar el 155, se mantendrán en vigor todas las medidas de vigilancia impuestas en noviembre de 2015, que reforzaron los controles de los fondos extras de financiación de Cataluña.
Esas medidas obligan a la Generalitat a destinar de forma prioritaria los recursos recibidos del Estado -tanto por el FLA como por el sistema de financiación autonómica- al pago a los proveedores de los servicios públicos.
Además, se obliga al interventor de la autonomía a remitir al Ministerio de Hacienda un certificado inicial, en diez días, y una actualización mensual de toda la ejecución del presupuesto de la administración catalana, sus empresas y otros organismos.
Una vez comunicada esa información, se pueden poner en marcha los pagos y, para garantizar su cumplimiento, el interventor general debe facilitar mensualmente un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior, que tenían que respetar la legalidad vigente.
Además, Cataluña tuvo que interconectar su registro contable con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), para conocer y permitir la trazabilidad de todas las facturas.
De la misma forma, se determinó que el Consejo de Ministros debe autorizar uno a uno los endeudamientos a largo y corto plazo.
Según explicó el Gobierno entonces, todas esas medidas se mantendrían hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general en Cataluña o hasta que sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad catalana.