La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha presentado este martes por la mañana su renuncia al acta de diputada regional en la Asamblea de Madrid, según han informado fuentes parlamentarias.
Se trata del último cargo público que ostentaba Cifuentes, tras sus dimisiones como presidenta regional y del PP madrileño, que se produjeron tras estallar la polémica del máster y tras publicarse un vídeo en el que se la habría pillado supuestamente robando en un supermercado.
De esta forma Cifuentes, que dimitió como dirigente autonómica el pasado 25 de abril, no participará como diputada en el debate de investidura donde su número dos, Ángel Garrido, será presumiblemente elegido como su sucesor.
La expresidenta ha renunciado a su escaño mediante una carta dirigida a la Mesa de la Asamblea, registrada este martes en el Parlamento madrileño, donde subraya que la decisión se hace efectiva desde la fecha de este martes.
Su acta la asumirá Lucía Fernández
Según indican a Efe fuentes del PP, lo más probable es el acta de Cifuentes la asuma Lucía Fernández, quien ocupa el número 78 de la lista electoral con la que el PP concurrió a las elecciones autonómicas del año 2015, ya que los dos nombres que le anteceden en la papeleta -Federico Jiménez e Ignacio Tremiño- forman parte del Ejecutivo.
En lo que va de legislatura la lista del PP, con 48 diputados, se ha movido en decenas de puestos, dada la inclusión en el Gobierno de algunos diputados que han debido renunciar a sus actas, pero también debido a dimisiones a causa de investigaciones por corrupción como la del exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz o la de Josefa Aguado.
Pierde el aforamiento ante el TSJM
Tras su renuncia a su acta de diputada regional, Cifuentes ha perdido el aforamiento del que gozaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
También se quedó sin el fuero que ostentaba ante el Tribunal Supremo tras su dimisión como presidenta regional. Este privilegio viene contemplado en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que establece que "la responsabilidad penal del presidente de Gobierno, vicepresidentes y de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
A día de hoy, sería un juzgado ordinario el que investigara a Cifuentes si se abriera una causa judicial contra ella, un supuesto que no se da actualmente. Aunque no está imputada, Cifuentes está bajo la lupa de la Justicia por el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco siendo ella vicepresidenta del Parlamento madrileño, asunto incluido en la trama Púnica.
Además, es sin ser investigada la protagonista de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción por un delito de falsedad documental en relación al máster que cursó la exdirigente madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (RJCM).
La eliminación del aforamiento era uno de los compromisos de Cifuentes en su programa electoral. El 23 de mayo de 2016 su Gobierno aprobó el proyecto de ley de reforma del Estatuto, incluía esta medida y la reducción del número de diputados. Actualmente, se encuentra en tramitación parlamentaria.