La Policía impidió que los Mossos d'Esquadra destruyeran en una incineradora una ingente documentación entre la que se han hallado diferentes notas y documentos que describen la estrategia impulsada por dirigentes de CDC para impulsar el proceso independentista, así como diferentes acciones emprendidas con tal fin en los últimos años, una mina de información interceptada el pasado 26 mes de octubre, la víspera de que se aplicara en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, cuando los Mossos pretendían quemar varias cajas en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
El inicio del procés, en 2011
Según estos papeles intervenidos a los Mossos, la Policía concluye que el inicio del plan independentista se remonta a una reunión celebrada el 25 de noviembre de 2011 a la que acudieron los "máximos dirigentes" de la entonces Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Dicha cita se repitió a finales de diciembre, sumándose tres de los hijos del expresidente Jordi Pujol (Jordi, Oriol y Josep).
Tras esta segunda reunión, de la que fueron informados "un grupo de personas afines de los círculos empresariales, económicos y de la comunicación", se decidió que asumiera el rol de "controlador" Felip Puig, consejero de Interior entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012. Entre los empresarios que se cita figura José Antich Valero, "actual fundador y director del diario digital ElNacional.cat", del que se dice que tiene "carácter político y afín al PDeCAT".
En este plan, "Puig se encargaría de las tareas de controlador y de inteligencia" y, para tal fin, se dispuso de "tecnología y comunicaciones que operativamente se encuentran instaladas en vehículos -furgonetas camufladas- adscritas a la Unidad Tecnológica de los Mossos de la Central de Sabadell".
En el curso de este plan, una furgoneta camuflada, por ejemplo, se colocó durante meses "frente al domicilio particular de la entonces presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho", siguiendo órdenes directas atribuidas a Felip Puig. La Policía recuerda en su informe remitido a la Audiencia Nacional que la seguridad de la presidenta de los 'populares' en Cataluña estaba asignada a cuatro miembros de los Mossos, que tendrían "la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de Alicia Sánchez Camacho al propio Puig". Esta misma estrategia se seguía con el ministro del Interior, por entonces Jorge Fernández Díaz, "cada vez que se trasladaba a Barcelona".
La Policía concluye también que el proceso iniciado por CDC en 2011 "tenía como prioridad tejer alianzas con la patronal FEMCAT", a la que se define como fundación privada de empresarias que comparte la misión de que Cataluña se convierta en un país, así como con "destacados miembros de la judicatura y fiscalía, con especial atención a la Iglesia y partidos políticos como el PNV".
Espionaje a políticos, periodistas, empresarios...
Los Mossos tenían una lista de 43 personas formada por políticos, empresarios, periodistas, comisarios, detectives y entidades civiles, y en los efectos intervenidos por la Polícia a los Mossos aparecen muchos de los seguimientos que habían realizado los agentes que entendían que todos formaban parte de lo que llamaron "Operación Cataluña".
Estos nombres estaban situados en un "organigrama a color", encabezado por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Le seguía el comisario jubilado de la Policía Nacional, José Villarejo, quien se encuentra en prisión en la actualidad por blanqueo de capitales, pero también están el entonces DAO Eugenio Pino, y el comisario jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas.
Entre los políticos, estaban, además del ministro, Alicia Sánchez Camacho, J. Zaragoza y Jorge Moragas (exjefe de gabinete de Mariano Rajoy).
Espionaje al PP para contrarrestar la corrupción en CDC
Los investigadores destacan la "estrategia ofensiva-defensiva" con la que los dirigentes de CDC pretendían disponer de información sensible del PP para, dicen, "poder negociar con éste en caso de que las cosas se pusieran difíciles". Aquí se destaca el papel jugado por la familia del empresario Vicente Monje Tuñón, "quien presionó a terceros para que denunciaran sobornos por parte de dirigentes del PP".
Una nota informativa del 12 de octubre de 2012 que los Mossos querían quemar incluía también una serie de datos bancarios sobre los Pujol y otras personas del denominado caso Palau, "todo ello", según la Policía, "aportado por Falciani", el ingeniero de sistemas italo-francés que reveló datos bancarios en masa.
Los Mossos tenían documentación en la que se detallaban "otras líneas de investigación" que deberían iniciarse en torno a otros miembros de CDC.
"CDC pretendía ocultar todo el entramado de cobros por comisiones de los denominados 'caso 3%' y 'caso ITV", dice la Policía. En otra nota informativa sin membrete de fecha 1 de julio de 2014, en la que se incluye a bolígrafo "Doc.8" y la palabra "Reservado" impresa, se aborda el dinero offshore de la familia Pujol. "Son datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra", según los investigadores.
Informes "reservados" de Villarejo sobre la fortuna de los Pujol
Según el informe de la Policía, los Mossos d'Esquadra disponían de informes "reservados" elaborados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015 sobre la fortuna de la familia Pujol, documentos que otro comisario, Marcelino Martín Blas, también poseía y que no habría puesto a disposición de la autoridad judicial. Todos los miembros de la familia -Jordi Pujol, su mujer, Marta Ferrusola, y los siete hijos de ambos- han sido imputados por blanqueo de capitales.
Se trata de "datos aportados por varias entidades bancarias en Andorra" sobre la familia del expresidente catalán y de CDC. "En concreto, la BPA comunica que Marta Ferrusola y tres de sus hijos eran titulares de cuentas bancarias en dicha entidad, con movimientos en Luxemburgo. Los Pujol también habrían trabajado con otros bancos andorranos como Andbank, Banca Mora, Banca Dorca, Banc Catalana y Banca Cassany", resume el informe policial.
Contratos y pagos a una empresa de espionaje italiana
La Policía también intervino a los Mossos contratos y pagos a una empresa de espionaje italiana, Hacking Team, así como correos electrónicos entre miembros de esta compañía con menciones continuas al CNI
El informe recoge la existencia de un programa bautizado con el nombre de 'Cerberus' capaz de monitorizar toda la actividad de cualquier teléfono y que se mantuvieron en los años 2014 y 2015, bajo la presidencia en la Generalitat de Cataluña de Artur Mas.
Había también correos electrónicos de los Mossos, en uno de los cuales, remitido desde la consejería de Seguridad e Interior y reenviado al exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, se mencionaba a un artículo de El Confidencial en el que se apuntaba al interés de la Generalitat por entablar contacto con Hacking Team.
No queda claro si Trapero conocía "el servicio de espionaje catalán", pero la Policía apunta en su informe que el servicio de espionaje al que se hace referencia tiene su origen en el Cesicat (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña), que, por iniciativa propia o en colaboración con los Mossos, en una serie de actividades "irregulares", controló comunicaciones, correos, redes sociales y telefonía móvil, constituyendo "una verdadera estructura de información para un futuro estado catalán, en connivencia con la Comisaría General de Información del Cuerpo de Mossos, con quien trabaja paralelamente".
Actas falsas de intervenciones en colegios el 1-O
Entre la documentación intervenida el 26 de octubre a los Mossos, figuran también 33 impresos de las patrullas de la policía autonómica que actuaron en los colegios electorales del 1-O que fueron manipuladas a mano para hacer ver que intervinieron activamente en el cierre de puntos de votación.
Por ejemplo, corrigieron varios documentos anotando un "Sí" donde antes figuraba un "No" respecto a si se habían impedido las votaciones o si se hizo constar de forma expresa que los locales quedaban vacíos ante las advertencias de los agentes, aunque se hubieran cerrado por voluntad de los convocantes. En otro impreso, falsearon la hora de cierre de uno de los colegios, poniendo las 7:45 horas (antes de la apertura oficial) cuando en realidad fue precintado a las 10:30 horas pese a que los concentrados ya lo habían abandonado horas antes "sin dar explicaciones".
La Policía señala también la coincidencia entre los testimonios reflejados en los 313 impresos de las diferentes patrullas, "lo que sugiere el seguimiento de órdenes superiores", así como un formato de acta "normalizado con ese mismo fin" rellenado a ordenador y por lo tanto no en el lugar de votación. También señala que había "instrucciones" y "sugerencias" sobre lo que debía figurar en lugar de lo ya escrito.
Concluye la Policía que en la mayoría de los impresos se utilizan "de forma recurrente" los términos 'personas vulnerables', 'gran número de personas concentradas y en actitud de resistencia pasiva', 'presencia de niños' etc. "para justificar la imposibilidad de acceder a los centros de votación y proceder según las supuestas órdenes recibidas", cuando lo cierto es que, en la mayoría de los casos al llegar las patrullas éstos ya estaban abiertos o había personas concentradas en los accesos "que hacían imposible cualquier actuación" a la "exigua" dotación de dos mossos que se enviaba.
Además, el informe advierte que la inmensa mayoría del material intervenido por los Mossos "lo es, o por entrega voluntaria de los responsables de los centros de votación o porque los agentes entran cuando ya han finalizado las votaciones".