El exconsejero madrileño Francisco Granados ha negado en la segunda sesión del juicio del chivatazo del caso Púnica que el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le diera el soplo de que le estaba investigando y ha asegurado que nadie le dijo "nada de si se había colocado una cámara" frente a las empresas de David Marjaliza.
"Este señor no me dice nada de que haya una investigación abierta contra mi ni contra nadie", ha asegurado Granados durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional, en el que ha reconocido que se encontró con Talamino -también acusado- el 5 de septiembre de 2014, en las fiestas de Valdemoro, en el que le dijo que "había compañeros suyos trabajando" en un tema económico "que no tenía más trascendencia". "Jamás me dijo que había una investigación secreta", ha precisado el político..
Sin embargo, ha admitido que "este comentario tan inocuo" le causó cierta preocupación porque le sonó "a advertencia", por lo que llamó al también acusado José Luis Caro, guardia civil en excedencia y amigo de Talamino, para aclararlo y él le dijo que le extrañaba y que el agente estaría "borracho". "Se lo pregunto porque es amigo de Talamino, no porque fuera guardia civil, si hubiera sido fontanero se lo hubiera preguntado también", ha dicho.
Granados asegura que es "falso" que él advirtiera a Marjaliza de que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) en Valdemoro se centrara en sus negocios y ha dicho que fue éste el que le llamó a él.
Reconoce que tenía cuentas en Suiza
La fiscal Carmen García Cerdá ha comenzado el interrogatorio preguntándole por sus cuentas en Suiza y Granados ha vuelto a reconocer que tuvo dinero en el extranjero. "Como ya declaré en sede judicial, como había reconocido en 2014, yo tuve desde 1993 dinero en Suiza (...) Una cuenta que cerré en 2005", ha dicho Granados. Minutos después ha asegurado que la cerró cuando "entró en política" (en 1999).
La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada acusado por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos, ya que considera que la información que recibió Granados "obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación que llevaba a cabo la Guardia Civil, menoscabando la prestación de ese servicio público y causando un importante daño" a la Operación Púnica.
En la primera sesión del juicio la fiscal ha defendido que los funcionarios "amurallaron" a Granados para conseguir su impunidad.