La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este jueves una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, ambos del PDeCAT, por contribuir con actos concretos a la promoción, organización y celebración del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional.
Además, la Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum. Acusa a los miembros de la Sindicatura de un delito de desobediencia y usurpación de funciones, por desoír la orden de suspensión del referéndum acordada por el Tribunal Constitucional (TC).
La primera querella, que se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusa a Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona), de los delitos de desobediencia, malversación y prevaricación. La querella se presenta en este tribunal por la condición de aforados de ambos.
En el escrito, la Fiscalía considera que ambos han realizado "actos inequívocos de promoción y organización" del referéndum, pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional con el envío a los alcaldes catalanes el modelo de decreto de alcaldía a favor del referéndum y informaciones sobre la campaña.
Para la Fiscalía, ambos alcaldes son "perfectamente conocedores de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional", de la advertencias de su deber de impedir la promoción del referéndum y de que la organización de una consulta como la del 1-O "implica necesariamente la utilización ilegal de cuantiosos recursos públicos materiales, así como la movilización de una pluralidad indeterminada de personas".
Comunicación con los alcaldes para organizar el referéndum ilegal
Pese a ello, añade el ministerio público, apenas minutos después de que se aprobara el decreto de convocatoria del referéndum, ambos querellados enviaron una comunicación desde la cuenta de la AMI dirigida a los alcaldes en que les pedían que informaran de la disponibilidad de locales para el 1-O, adjuntando un modelo de decreto para que expresaran su apoyo a este.
Un vez el Constitucional había difundido públicamente su decisión de advertir a los cargos públicos de la suspensión del referéndum, Lloveras remitió un nuevo correo electrónico, según la Fiscalía, en que les hacía llegar un informe del grupo SITxCAT (secretarios interventores y tesoreros por la independencia) que defendía la legalidad del proceso electoral y señalaba que las decisiones del TC "constituyen una infracción manifiesta, clara y terminante de la ley" catalana y que no había delito en desobedecerle.
La querella sostiene también que el pasado martes los acusados, "con su ilícito proceder", enviaron otro correo electrónico a los alcaldes informándoles de que la campaña del referéndum comenzaría el 14 de septiembre y poniendo a su disposición carteles informativos sobre el 1-O.
Además, según la Fiscalía, en las páginas web de la AMI y de la ACM "se hace una pública y manifiesta defensa de la promoción, organización y celebración del referéndum secesionista" y se difunde la lista de ayuntamientos "adheridos a este proceso inconstitucional".
En su querella, la Fiscalía acusa también a Lloveras y Buch de "utilizar las plataformas AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes" a promover el 1-O, "dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales, y comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materiales, con una clara finalidad delictiva".
Piden cerrar las webs de la AMI y la ACM
En consecuencia, la Fiscalía solicita varias medidas cautelares al TSJC, como que fije fianzas económicas para los dos querellados y que cierre las páginas web de la AMI y de la ACM, además de que se dirija oficio a los alcaldes catalanes para que "impartan las instrucciones precisas" en aras a impedir la celebración del referéndum, prohibiendo la colocación de carteles y retirando los que ya estén colgados.
Lloveras y Buch figuran entre los más de 700 alcaldes que habían firmado decretos para poner a disposición de la Generalitat locales para el referéndum independentista del 1 de octubre, que fue impugnado y suspendido por el Constitucional. El miércoles, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, envió una instrucción a los fiscales de Cataluña para que soliciten la citación como investigados (imputados) de estos alcaldes y, en caso de que no comparezcan, reclamar su detención.
Maza advertía que la participación de autoridades, funcionarios públicos o incluso particulares en connivencia con estos para organizar el referéndum ilegal podría constituir "al menos" los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, delito este que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por hasta 20 años.
Buch: "No es delito; al revés, es democracia"
Neus Lloveras, presidenta de la AMI y también diputada en el Parlament, explicaba este jueves en Las mañanas de RNE que la Fiscalía todavía no les ha llamado para tomarles declaración y que cuando lo hiciera todos los alcaldes acudirán a la citación, aunque los de la CUP -una treintena- avanzaron que ellos no lo harán voluntariamente.
Las mañanas de RNE - Neus Lloveras (Junts pel Sí): "Todos los alcaldes declararemos porque no tenemos nada que ocultar" - Escuchar ahora
Por su parte, Miquel Buch también afirmaba que acudiría en caso de ser citado pero defendía que no ha cometido ningún delito. "Estamos haciendo una cosa que no es delito; al revés, es democracia", argumentaba.
Las mañanas de RNE - Buch (PDeCAT): "No estamos cometiendo ningún delito, es democracia" - Escuchar ahora
El miércoles por la tarde, en una reunión de la AMI y la ACM, los alcaldes prorreferéndum decidieron convocar un acto de protesta el sábado en la plaza de Sant Jaume en Barcelona, sede del Palau de la Generalitat, por la decisión de la Fiscalía de citar a estos regidores como investigados. Lloveras aseguró ante los medios que ambas entidades municipalistas habían pactado continuar adelante con el referéndum.