El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto anunciar este martes el fin del plan promulgado por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados (conocidos comúnmente como dreamers, soñadores), aunque la suspensión se retrasará seis meses para que el Congreso busque una alternativa.
Así lo han dejado entrever la cadena conservadora Fox y el diario Politico, añadiendo este último el dato de ese plazo de seis meses que prevé dar Trump al Congreso para negociar y aprobar una alternativa legislativa para los beneficiarios del programa.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en sus siglas en inglés) fue promulgado por una orden ejecutiva del entonces presidente Obama en 2012 y gracias a él unos 800.000 jóvenes indocumentados han podido frenar su expulsión de EE.UU., obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir. Tres cuartas partes de los beneficiarios del programa tienen nacionalidad mexicana.
Para acceder a los beneficios de DACA y evitar la deportación, los jóvenes indocumentados tuvieron que probar que habían llegado a EE.UU. antes de los 16 años, en muchos casos siendo niños y junto a sus padres, que no tenían antecedentes penales y que estaban estudiando en el instituto o en la universidad.
Este martes se hará oficial
Altos asesores de la Casa Blanca se reunieron este domingo para preparar los detalles del anuncio sobre el futuro de DACA, que está previsto para este martes.
Consultadas por Efe, fuentes de la Casa Blanca no han querido confirmar la decisión de Trump ni los detalles y únicamente han reafirmado que el anuncio oficial será este martes.
Más allá de darse por hecho que Trump va a eliminar el programa y urgir al Congreso a buscar una solución, no hay muchas pistas por ahora sobre qué pasará si en seis meses no se ha logrado una alternativa legislativa o qué les ocurrirá a los beneficiarios cuyos permisos expiren antes de ese plazo.
Desembocará en la deportación de 685.000 trabajadores
La eliminación de DACA desembocará en la deportación de 685.000 trabajadores, lo que provocará una pérdida de más de 460.300 millones de dólares para el producto interior bruto (PIB) de EE.UU. en la próxima década, según un estudio del Center for American Progress.
Varios republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Paul Ryan, numerosos demócratas, líderes empresariales y activistas han urgido a Trump a mantener DACA.
El senador demócrata y ex aspirante presidencial Bernie Sanders ha subrayado en su cuenta de Twitter que, si finalmente Trump acaba con DACA, será una de las decisiones "más crueles jamás tomadas por un presidente" en la historia moderna de EE.UU.
En el extremo opuesto, el legislador republicano Steve King, conocido por su oposición frontal a la inmigración ilegal, urgió también en Twitter al mandatario a terminar con DACA de manera inmediata, sin ninguna demora de seis meses.
Una de las promesas electorales de Trump
Poner fin a DACA fue precisamente una de las promesas de campaña de Trump y sus seguidores más radicales apoyan el fin de ese programa, al igual que miembros destacados de su gabinete como el fiscal general, Jeff Sessions.
Trump puede acabar con el programa mediante una orden ejecutiva, el mismo mecanismo que Obama usó para promulgar el plan en 2012 con carácter temporal, pues el Congreso es el único que tiene capacidad para aprobar leyes y cambiar el sistema migratorio de Estados Unidos.
Durante la campaña electoral, Trump prometió acabar con esta medida de su antecesor, aunque posteriormente, ya desde la Casa Blanca, reconoció que ese era "uno de los temas más difíciles" a los que tenía que hacer frente durante su presidencia y aseguró que lo encararía "con corazón".
Sobre si los dreamers (soñadores), como se conoce a los jóvenes protegidos por DACA, deben estar preocupados, Trump comentó la semana pasada: "Amamos a los dreamers. Amamos a todo el mundo. Creemos que los dreamers son fantásticos".
El mandatario ha recibido una gran presión para acabar con DACA por parte de fiscales generales de diez estados conservadores, encabezados por Texas y que amenazaron con interponer antes de este martes, 5 de septiembre, una demanda contra el Gobierno si no deroga el programa.