El Gobierno ha apelado este miércoles a la "voluntad política" de la Administración, los partidos políticos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y ha pedido "colaboración, empatía y trabajo" para que puedan salir adelante las reformas de la financiación autonómica y local, para lo que propondrá un calendario de negociación con las comunidades autónomas.
Así lo han señalado la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en una rueda de prensa tras recibir los informes de las comisiones de expertos, que van a trasladar a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este jueves y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Tanto Sáenz de Santamaría como Montoro han recordado que este es un compromiso adquirido en la VI Conferencia de presidentes, donde se acordó aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica este año.
Si no hay un acuerdo será un "fracaso compartido"
Sáenz de Santamaría ha destacado el "buen trabajo" de los expertos en la búsqueda de consenso, sin perjuicio de que las medidas finales puedan ser "diferentes". "Se inicia un diálogo político importante", ha enfatizado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha pedido "colaboración, empatía y trabajo" para que la reforma de financiación autonómica pueda ver la luz, así como "colocarnos cada uno en el lugar del otro", dado que el modelo de financiación es "muy importante" al conllevar la financiación de los servicios públicos.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha apuntado que el nuevo modelo de financiación saldrá adelante solo si hay "voluntad política de todos", al ser preguntada sobre si las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE se mostrarían sensibles al consenso.
"El nuevo modelo de financiación saldrá adelante si hay voluntad política de todos, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y de los partidos, especialmente del PSOE y del PP, que gobiernan en buena parte de las CC.AA. y tienen una amplia mayoría en el Congreso", ha apostillado, tras indicar que si no se alcanza un acuerdo, "será un fracaso compartido".
Preguntada sobre si la reforma de la financiación autonómica y local podría ver la luz en esta legislatura, Sáenz de Santamaría ha destacado que se van cumpliendo los plazos y que en la reunión de seguimiento de la conferencia de presidentes se vio "voluntad". "Tanto o más importante que los plazos, es que salga bien, espero que vaya trabajando o avanzando. Hoy se entrega (el informe) unos días antes de plazo [acababa el 10 de agosto] y dependerá de lo que hagamos nosotros", ha añadido.
Reformar del IVA, entre las medidas propuestas
Según Europa Press, el comité de expertos sobre financiación autonómica ha propuesto la armonización en toda España del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una reforma del IVA con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan subir o bajar dicho impuesto, si bien deberían ponerse de acuerdo para hacerlo ya que el tributo debe ser igual en todo el país, según las normas europeas.
De llevarse a cabo, el IVA tendría dos tramos (uno para las regiones y otro para el Estado) con la finalidad de que el tramo autonómico pueda ser elevado cuando las regiones necesiten aumentar su recaudación, frente al modelo actual en el que las comunidades autónomas cuentan con el 50% de la recaudación del impuesto pero no tienen capacidad normativa sobre el mismo.
Aunque el mecanismo debería definirse posteriormente, los expertos proponen que, o bien por unanimidad o por una mayoría cualificada, las comunidades puedan solicitar al Gobierno una subida del tramo autonómico del IVA en el Consejo de Política Fiscal o Financiera (CPFF) o incluso en el Senado, órgano de representación territorial.
En este momento, las comunidades autónomas cuentan con la cesión del 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales (alcohol, hidrocarburos y tabaco), pero no tienen capacidad para modificar los tributos indirectos. Esto no ocurre en el caso del IRPF, cuyos tipos pueden elevar o bajar, así como introducir nuevas deducciones.
En el ámbito local, los expertos proponen cambiar el impuesto sobre la plusvalía municipal. El Gobierno está obligado a modificar este tributo local después de que en mayo de este año el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional y lo anulara parcialmente en las ventas de viviendas con pérdidas. La idea es que se grave la plusvalía real, es decir, el valor de venta menos el valor de compra. Además, para evitar la doble imposición, la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos estatales.
Los comités de expertos en financiación autonómica y local entregan sus informes al Gobierno