La Fiscalía General del Estado ha ordenado a la Fiscalía Superior de Cataluña que presente una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, por el proceso iniciado por la Generalitat para comprar urnas para el referéndum catalán.
En un escrito, la Fiscalía General del Estado justifica la interposición de la querella, dirigida contra Borràs y contra su número dos, el secretario general de la Consellería de Governació, Francesc Esteve, porque el anuncio de licitación para la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" en Cataluña, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional.
El Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó el anuncio de la licitación para comprar las urnas que deben servir para celebrar el referéndum soberanista catalán.
La Fiscalía señala que dicha licitación contraviene las diferentes resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional para frenar el proceso independentista. Considera que el anuncio de licitación de urnas es "de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlamento y del Gobierno de Cataluña", en la ordenación territorial del Estado, o en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, "integrando una pura vía de hecho".
El anuncio de la Conselleria de Gobernación, de tres páginas, detalla que se trata de dos lotes en los que invertirá un presupuesto "meramente orientativo" de 200.000 euros: 184.000 euros para "urnas electorales transparentes" y 16.000 para "urnas de cartón". La cifra de 8.000 urnas no figura en el anuncio, pero es la que han venido facilitando fuentes del Govern.
El anuncio no alude al referéndum
El anuncio, tal como estaba previsto, no hace alusión al referéndum independentista que la Generalitat quiere convocar para septiembre, pero sí a alude a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985, la disposición transitoria segunda del Estatut de 2006 y a la Ley Orgánica de 1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum. También a las leyes catalanas de consultas populares por vía de referéndum (2010) y de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (2014).
Será la primera vez que la Generalitat dispone de urnas propias y la licitación se presenta según el acuerdo marco alcanzado para suministrar "urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", según el documento.
La licitación llega después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de miembros del Govern firmaran un manifiesto en el que se comprometían a "organizar, convocar y celebrar" un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Borràs tilda al Estado de "urnafóbico"
Ante esta querella, la consellera Borràs ha acusado al Estado de "tener miedo a las urnas" y de actuar de forma "dictatorial", al tiempo que ha asegurado que no frenará el proceso de licitación, porque es "impecable".
En una rueda de prensa, Borràs se ha quejado de que ha tenido conocimiento de la querella a través de los medios de comunicación y ha criticado que la Fiscalía actúe contra la Generalitat por querer comprar urnas cuando es un proceso que ya hizo en su momento Andalucía, ha alegado.
"Estos hechos son propios de otra época, en el sentido de que el Estado no permite el debate en el seno del Parlament y persigue un acuerdo para el suministro de urnas; es un Estado 'urnafóbico'", ha afirmado.
Ha incidido en que es un Estado que tiene "miedo a las urnas" y que actúa "más como uno dictatorial", por lo que se ha preguntado: "¿A quién le apetece vivir en un Estado así?".