La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha defendido este viernes que la Generalitat es "plenamente competente" para impulsar un proceso para homologar posibles empresas proveedoras de urnas, por lo que esta actuación es "absolutamente legal" y "de acuerdo con la ley".
El Departamento de Gobernación de la Generalitat lanzará en breve una licitación para la adquisición de 8.000 urnas destinadas al referéndum de independencia que el gobierno catalán pretende celebrar el próximo mes de septiembre.
En declaraciones a los periodistas en un acto en Santa Perpètua de Mogoda, la consellera ha señalado que las urnas que se licitarán son "para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos" y, al ser preguntada por si se usarían para el referéndum de independencia, se ha limitado a recordar el "compromiso" del Govern con este objetivo.
La titular de Gobernación ha indicado que el proceso para este acuerdo marco, que servirá para preseleccionar a empresas de modo que puedan suministrar urnas cuando se lo requiera el Govern, culminará a finales de junio.
En dicho proceso se seleccionarán empresas para aportar unas 8.000 urnas de metacrilato, más pensadas para procesos electorales, y otras 4.000 urnas de cartón para procesos participativos.
Borràs ha insistido que es una actuación "perfectamente legal", dentro del marco competencial de la Generalitat, por lo que ha dicho que no entendería una respuesta por la vía judicial del Gobierno central.
El Gobierno: la Fiscalía actuará si la Generalitat licita la compra de urnas
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido este viernes de la intervención de la Fiscalía si se materializa el "anuncio del anuncio" por parte de la Generalitat catalana de que en breve lanzará la licitación para adquirir urnas.
Méndez de Vigo ha respondido en estos términos al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, sobre el anuncio de la Generalitat catalana.
"Lo que hemos visto es un anuncio de un anuncio y si eso se traduce en hechos, sin duda alguna, la Fiscalía intervendrá", ha subrayado antes de hacer hincapié en que, en un reciente auto, el Tribunal Constitucional advirtió de que cualquier referéndum soberanista es ilegal y que esa ilegalidad vinculaba a dirigentes políticos, funcionarios y empresas.
Con ese argumento, ha confiado en que "quienes están en esa deriva, sin duda porque están en manos de los radicales y antisistemas de la CUP, deben pensar seriamente no dar más pasos adelante".