Rumanía está viviendo las mayores manifestaciones de las últimas décadas después de que el Gobierno haya aprobado un decreto que despenaliza algunos delitos de corrupción.
El decreto, aprobado este martes de urgencia por el Ejecutivo de centroizquierda del primer ministro Sorin Grindeanu, despenaliza delitos de corrupción cuando el valor sustraído no supera los 44.000 euros.
La manifestación de este miércoles reunió a más de 150.000 personas según la televisión pública (250.000, según otras fuentes citadas por Reuters), en la que los medios rumanos consideran la mayor protesta desde la caída del régimen de Ceaucescu, en 1989.
Manifestación ante la sede del gobierno rumano en Bucarest AFP PHOTO / DANIEL MIHAILESCU
Los manifestantes corearon lemas como "Retirad el decreto y dimitid" y llamaron "ladrones" y "traidores" a los miembros del Gobierno.
“No creo que en Europa exista algo parecido a esto“
"No creo que en Europa exista algo parecido a esto. No nos iremos hasta que el Gobierno lo derogue", declaró a Efe Florin Toma, uno de los manifestantes.
El líder socialdemócrata, principal beneficiado
El gobierno rumano ha asegurado que la medida pretende reducir la población penitenciaria y adecuar la legislación a recientes fallos judiciales.
Lo cierto es que la norma beneficiará a numerosos políticos, entre ellos a Liviu Dragnea, líder del partido que encabeza el Gobierno, el Socialdemócrata (PSD).
Dragnea, considerado el hombre fuerte del PSD, se enfrenta a un proceso judicial por su gestión como gobernador provincial. Se le acusa de haber provocado pérdidas al Estado valoradas en 24.000 euros, por lo que con la nueva norma no sería juzgado.
El decreto ha provocado ya la dimisión del ministro de Empresa y Comercio, Florin Jianu, y duras críticas de la judicatura y del presidente del país, Klaus Iohannis.
La oposición ha anunciado una moción de censura que tiene pocas opciones de prosperar. La coalición formada por el PSD (que obtuvo en las elecciones de diciembre el 45% de los votos) y la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE) goza de una sólida mayoría parlamentaria.
La norma entrará en vigor en 10 días a menos que el Tribunal Constitucional la declare contraria a la Carta Magna. El tribunal se ha dado de plazo hasta el 7 de febrero para recibir alegaciones y después otros 20 días para deliberar.
Preocupación en la Comisión Europea
La Comisión Europea se ha mostrado "muy preocupada" y ha lamentado el paso atrás en la lucha contra la corrupción.
“La lucha contra la corrupción necesita avanzar, no ser deshecha“
"La lucha contra la corrupción necesita avanzar, no ser deshecha. Seguimos con gran preocupación los últimos acontecimientos en Rumanía", han indicado en un comunicado el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y el vicepresidente primero, Frans Timmermans.
La Comisión advierte que el avance en la lucha contra la corrupción es esencial en el control al que se somete al país bajo el llamado "Mecanismo de Cooperación y Verificación".
"Nuestro informe publicado la semana pasada reconoció la trayectoria lograda hasta ahora por los fiscales y jueces en Rumanía a la hora de abordar la corrupción a alto nivel (...) cualquier paso que dañe este progreso o que tenga el efecto de debilitar o disminuir el alcance de la corrupción como una ofensa, tendría un impacto en cualquier futura evaluación", subraya el comunicado.