Es difícil decir cuántas personas en España sufren pobreza energética porque no existe una definición a nivel estatal que las identifique. En principio, son aquellas que tienen derecho a recibir el bono social (ver .PDF): una reducción del 25% en la factura de la luz (el gas no está incluido). El problema es que los requisitos para acceder a él no tienen en cuenta la renta, sino que les corresponde -entre otras- a las familias numerosas con todos sus miembros en paro y a los que cobran la pensión mínima.
"Si uno de la familia logra un empleo aunque sea de 100 euros al mes ya no tiene derecho al bono, automáticamente se avisa a las compañías y se lo quitan", explica a RTVE.es Cecilia Foronda Díez, directora de cambio climático y energía de la ONG Ecodes, que critica el sistema porque sí concedería la ayuda a una familia numerosa millonaria en la que ninguno de sus miembros trabajase.
La crisis económica y los precios de la electricidad han incrementado el número de hogares que no pueden permitirse encender la calefacción en invierno o pagar los recibos de la luz, y casos como el de la anciana fallecida en Reus en el incendio provocado por una vela han removido las conciencias.
Prevenir y evitar los impagos
Para Ecodes se necesitan medidas "más contundentes" contra la pobreza energética porque los mecanismos actuales, en casos como el de Reus, "no han funcionado".
"No tenemos que llegar a que se produzcan impagos. Se necesitan medidas que empiecen con la prevención antes de llegar al caso crítico", ha señalado Cecilia Foronda, que asegura que es importante trabajar con las familias para asesorarlas sobre como reducir su factura o ahorrar en sus hábitos de consumo.
La organización apuesta por "reconocer y definir oficialmente, de una vez por todas, la pobreza energética y la figura de consumidor vulnerable", rediseñar los requisitos para la obtención del bono social, asegurar el suministro en momentos críticos, mejor coordinación entre las Administraciones competentes y mejorar la información para el consumidor.
Ni un hogar sin energía presentación (Nov 2016) from ECODES
Ecodes ha intervenido en más de 300 hogares logrando ahorros medios del 23% solo con recomendaciones de cambio de contrato, lo que supone una media de 146 euros/año, y llegando a ahorros de hasta el 35% con medidas de eficiencia energética y hábitos de consumo responsable.
Un reglamento por definir
Con el sistema actual, son los servicios sociales lo que deben identificar a las familias en riesgo, que en muchos casos desconocen que tiene derecho al bono social. Pero aquí el problema radica en que como no hay una definición del "consumidor vulnerable" es muy difícil detectarlos.
La Directiva europea de mercado interior de electricidad (2012/72/UE) obliga a los Estados miembros a definir el concepto de consumidor vulnerable. España lo hizo pero de forma incompleta en el RDL13/2012 con el texto: “Transitoriamente, hasta la definición de los consumidores vulnerables, se considerará como tales a aquellos que están acogidos al bono social”.
En el caso de Reus, la compañía eléctrica cortó la luz sin avisar al ayuntamiento, algo por lo que el consistorio denunciará a la compañía. Pero el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha dicho no entender cómo el Ayuntamiento no le comunicó que la anciana fallecida llevaba años en situación de vulnerabilidad.
El portavoz de la eléctrica argumentó que la ley de pobreza energética catalana "se tiene que reglamentar" para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. En este sentido, defendió que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas "propuestas de protocolo" de actuación, pero que "no es ningún documento que tenga validez legal".
UNESA, patronal de las eléctricas, ha explicado a RTVE.es que muchas compañías alcanzan acuerdos con los ayuntamientos sobre cómo actuar en casos de pobreza energética por propia voluntad, ya que la ley no obliga a esto. Comunidades como Aragón han sido pioneras al identificar al consumidor vulnerable con ratios sociales en una norma aprobada este mes de noviembre.
Moncloa delega en autonomías y ayuntamientos
El ministro español de Energía, Álvaro Nadal, opinó este jueves en un viaje a Marrakech que "las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos" y que existe un fondo de ayuda municipal que podía haberse utilizado en el caso de Reus. "En lo que podamos ayudar, lo haremos", dijo no obstante en sendas llamadas al conseller de la Generalitat de servicios sociales y al alcalde de Reus.
Según la Organización Mundial de la Salud, un hogar sufre pobreza energética cuando no cubre sus necesidades básicas de energía tales como, por ejemplo, mantener la vivienda a entre 18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, y eso ocurre en el 15% de la población española, según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2014 (ver. PDF).
El acceso a la energía, pese a no estar todavía reconocido como un derecho universal como el agua, sí aparece de forma implícita en la Constitución española en los artículos 43 y 47, donde se establece el derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud. "¿Es posible tener una vivienda digna o proteger nuestra salud de asma, neumonía u otras enfermedades respiratorias sin calefacción o electricidad?", se preguntan desde Ecodes.