El Gobierno de Sudáfrica ha iniciado ante la ONU el proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), ha anunciado este viernes el ministro de Justicia del país austral, Michael Masutha.
En una carta a Naciones Unidas de la ministra de Exteriores de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane, el Gobierno ha explicado que la salida del tribunal se hará efectiva después de que el secretario general de la ONU haya recibido la misiva.
En una rueda de prensa para explicar las razones de la decisión, Michael Masutha se ha remontado a la crisis provocada por la visita en junio de 2015 a Sudáfrica del presidente de Sudán, Omar al Bachir, a quien la CPI reclama por un delito de genocidio.
"Hemos hecho llegar la notificación de la retirada del Estatuto de Roma de la CPI al secretario general de Naciones Unidas", ha declarado Masutha.
La negativa a detener a un acusado de genocidio
El malestar de Sudáfrica con la CPI se hizo patente durante la cumbre de la Unión Africana (UA) en Johannesburgo en 2015, con la polémica visita de Al Bashir.
Pretoria desobedeció a su propia Justicia al ignorar sus obligaciones como miembro de la CPI y dejar salir del país al mandatario sudanés, que presentó su viaje a un país firmante del Estatuto de Roma como una victoria política.
La retirada de Sudáfrica del CPI se produce días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, promulgara la ley votada por el Parlamento para retirarse del Estatuto de Roma.
Un continente plagado de líderes problemáticos
Masutha ha explicado que las obligaciones de su Gobierno en la resolución de conflictos internacionales son incompatibles con las actuaciones de la CPI, que ha sido acusada por varios países africanos de limitarse a perseguir a líderes del continente.
Tras comunicar a la ONU la salida de la CPI, el Gobierno sudafricano llevará al Parlamento una propuesta de ley para revocar todas las leyes aprobadas para aplicar en el país el Tratado de Roma.
El anuncio de Sudáfrica se produce dos días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, firmara la retirada de ese tribunal, que investiga la violencia política que se desató en el país en abril de 2015, cuando Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones pese a la prohibición expresa de la Constitución.
Pese a la decisión, Naciones Unidas ha recordado en los últimos días que Burundi deberá seguir cooperando con las investigaciones ya abiertas.
Además de estos dos países, en 2013, la Asamblea Nacional de Kenia aprobó también la retirada del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte.
Naciones Unidas ha informado de que ya ha recibido la notificación de Sudáfrica sobre su decisión. Un portavoz de la organización ha confirmado este viernes que la Secretaría General tiene ya la carta de las autoridades sudafricanas en su poder y la está estudiando.
El proceso podría concluir en un año desde el momento de la entrega de la misiva, según los estatutos de la Corte.
Malestar entre las ONG y los sudafricanos
El anuncio ha sido acogido con desagrado entre la oposición sudafricana, la sociedad civil y las organizaciones de defensa de derechos humanos. El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (AD), llevará a los tribunales una medida que considera "irracional" e "inconstitucional", al considerar que debería haber sido aprobada antes por el Parlamento.
Sudáfrica es la democracia más sólida de África, y desde la caída del "apartheid" en 1994 ha sido considerado uno de los países más activos en la defensa de los derechos humanos en el continente.
El paso anunciado este viernes es visto por muchos como una confirmación del creciente aislacionismo y, según Human Rights Watch, del "desprecio por la Justicia" del país bajo el mando del presidente Jacob Zuma, un político acosado por los casos de corrupción.
"El país está traicionando a millones de víctimas de las más graves violaciones de los derechos humanos, y socava el sistema internacional de justicia", ha dicho Netsanet Belay, de Amnistía Internacional (AI) África.
La salida sudafricana de la CPI confirma el malestar en el continente con este tribunal, que juzga al expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, por crímenes contra la humanidad e imputó en el pasado a otros políticos africanos como el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta.
De los 10 casos que tiene abiertos la CPI, nueve de ellos se ocupan de abusos de los derechos humanos cometidos en África, lo que ha provocado que países como Kenia, Zimbabue o la propia Unión Africana (UA) hayan acusado al tribunal actuar por intereses "neocolonialistas" y tratar de desestabilizar al continente.
La CPI se puso en marcha en 2002 y esta formada por 124 países, entre los que no se encuentran Estados Unidos (EE.UU.), China, Rusia o India.