Los ocho jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos del presidente, Barack Obama, y han dejado en el limbo a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
La división del Tribunal Supremo supone un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se habrían beneficiado de esas medidas migratorias dictadas en noviembre de 2014 en decretos ejecutivos y dirigidas a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o nacionalidad estadounidense.
"La sentencia está dictada por un tribunal dividido en partes iguales", dice un comunicado en el que los jueces no explican los motivos de la decisión sobre las medidas migratorias de Obama, bloqueadas el pasado febrero, un día antes de su entrada en vigor, a petición de 26 estados encabezados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
La inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia dejó vacante un puesto en el Supremo y abrió la posibilidad de un empate entre los ocho magistrados restantes, divididos en cuatro jueces liberales y otros cuatro conservadores.
Obama: "Esta decisión rompe el corazón de millones de inmigrantes"
Obama ha lamentado profundamente el fallo. "El hecho de que el Supremo no pudiera tomar una decisión en este caso (...) nos aleja del país al que aspiramos convertirnos", ha afirmado en una declaración en la sala de prensa de la Casa Blanca en la que ha dicho que "esta decisión rompe el corazón de millones de inmigrantes que han construido sus vidas aquí".
"Las acciones que estoy tomando son legales", afirma Obama
En todo caso, Obama ha descartado volver a actuar por su cuenta, por medio de decretos ejecutivos, para regular el sistema migratorio del país durante el tiempo que le queda en el poder y ha dicho que le corresponde actuar al Congreso, por lo que ha confiado en que el tema cobre fuerza en la campaña para las elecciones de noviembre.
La división deja en vigor el bloqueo dictado por una corte anterior, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, aunque no establece ningún precedente legal que pueda afectar a todo el país.
"No existe un precedente que se aplique a todo el país y eso significa que pueden aplicarse diferentes legislaciones en diferentes partes del país", ha explicado a Efe la experta jurista Brianne Gorod, del Centro de Responsabilidad Constitucional.
Manifestación ante el Supremo
Como consecuencia, según Gorod, podrían interponerse demandas en los distritos judiciales en los que no tiene competencia la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, es decir, en todo el país menos en los estados de Luisiana, Misisipi y Texas.
"La decisión hace posible que los individuos presenten demandas en otras partes del país, pero no está claro cómo reaccionarían estos tribunales. No está claro si respetaría la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito o si fallarían en otro sentido. Francamente este fallo genera mucha confusión legal", ha señalado Gorod.
Los demandantes pueden de nuevo buscar el amparo del alto tribunal en el próximo periodo de sesiones del Supremo, que va desde octubre de 2016 a junio de 2017.
La posibilidad de que el Tribunal Supremo decidiera este jueves sobre las normas migratorias había despertado una gran expectación y cientos de personas se concentran ante la corte en Washington desde primera hora con pancartas en las que puede leerse mensajes como "Justicia y dignidad para los inmigrantes" y "Protejan a nuestras familias".