El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado evaluar si el presidente Barack Obama está facultado para aprobar por decreto la reforma de la ley de inmigración que permitiría suspender temporalmente la deportación de casi cinco millones de indocumentados, después de que varios tribunales frenaran la aplicación de la medida argumentando que el Gobierno no puede legislar en esa materia sin someterlo a votación en el Congreso.
En concreto, los nueve magistrados del Tribunal Supremo revisarán una sentencia de un Tribunal de Apelación de Nueva Orleans, que confirmaba otra anterior, de febrero de 2015, en la que el juez de distrito de Brownsville, una ciudad de Texas fronteriza con México, suspendía la aplicación de la normativa al considerar que Obama excedía al aprobarla los poderes que le concede la Constitución.
El presidente aprobó en noviembre de 2014 su plan de reforma como orden ejecutiva, una figura legal equivalente al decreto de ley que le permitió esquivar la mayoría republicana en el Congreso, que bloquea muchas de las iniciativas legislativas del Gobierno. Sin embargo, hasta 26 estados, en su mayoría gobernados por los republicanos y liderados por Texas, presentaron demandas en contra de la normativa, lo que ha impedido su aplicación.
Ante este bloqueo judicial, la administración Obama ha recurrido al Tribunal Supremo, que escuchará los argumentos jurídicos de las partes a lo largo de los próximos meses y emitirá un dictamen previsiblemente hacia finales de junio, una decisión contra la que no se podrá apelar.
Obama, de ese modo, tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias si el Supremo falla a su favor, ya que su mandato concluirá en enero de 2017. "Al igual que millones de familias en todo el país -inmigrantes que quieren trabajar de manera legal, pagar impuestos y contribuir a nuestra sociedad abierta y honestamente-, estamos encantados de que el Tribunal Supremo haya decidido revisar el caso de la inmigración", ha comentado la portavoz de la Casa Blanca, Brandi Hoffine.
Un familia de inmigrantes latinos asiste a un taller de asesoría legal en una iglesia del sur de Chicago. REUTERS
Gobernar por decreto ante el bloqueo republicano
En cualquier caso, la administración demócrata no ha dudado en recurrir a la acción ejecutiva para legislar sobre algunas materias que considera prioritarias y que no tienen posibilidades de prosperar en un Congreso con mayoría republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Así, en el último año el presidente ha firmado decretos relativos a la inmigración, la reforma sanitaria o el control de armas.
La orden ejecutiva de noviembre de 2014 consiste en la ampliación de otro programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), cuyo objetivo era evitar la deportación de los jóvenes dreamers (soñadores) que llegaron a Estados Unidos siendo niños en el seno de familias de indocumentados y al que se acogieron más de 600.000 personas.
En este caso, el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente. De este modo, hasta cinco millones de inmigrantes irregulares (de los más de once que vivien en el país) podrían acogerse al plan para evitar ser deportados temporalmente y obtener un permiso de trabajo si pueden demostrar que no tienen antecedentes penales, pagan impuestos, una multa y cumplen varios siguientes requisitos
Estos incluyen ser padre de un ciudadano estadounidense o residente permanente; no formar parte del grupo considerado "prioritario" para ser deportado por las agencias de seguridad (sospechoso de terrorismo, criminales y quienes cruzaron este año la frontera), y haber permanecido en Estados Unidos desde antes de enero de 2010. También pueden acceder a la exención quienes llegaran a Estados Unidos antes de enero de 2010 sin haber cumplido 16 años, independientemente de su edad actual.