El Parlamento griego ha aprobado este domingo, con los votos de la coalición gubernamental de Syriza y Griegos Independientes (Anel), la "ley escoba" con la que el Gobierno quiere persuadir a los socios del euro de que concluyan la primera revisión del tercer rescate en el Eurogrupo del martes próximo.
"Hoy se cierra un periodo difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un periodo que también tendrá sus dificultades", aseveró el primer ministro Alexis Tsipras que añadió que "los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia , ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos" abriendo conversaciones para el alivio de la deuda.
La nueva legislación incluye la subidas de diversos impuestos indirectos, como el IVA del 23% al 24%, de los impuestos especiales de productos como el tabaco o gasoil y el gas para la calefacción y la creación de una tasa sobre las habitaciones de hotel y casas de huéspedes.con las que el Ejecutivo espera recaudar 1.800 millones de euros al año.
Venta de créditos y recortes automáticos
El paquete legislativo también liberaliza la venta de créditos morosos a fondos de inversión y configura el mecanismo de recorte automático del presupuestos en caso de que el Gobierno no cumpla los objetivos de superávit acordados con los acreedores, que debería llegar al 3,5% en 2018.
Este mecanismo obliga al Gobierno a llevar a cabo una revisión anual del déficit, y si este se desvía a la baja más del 0,25% deberá recortar en el presupuesto una cantidad equivalente. Aunque Tsipras se mostró confiado en el debate asegurando estar seguro de que "este mecanismo automático de medidas no será utilizado".
Por último el Gobierno creará una entidad privatizadora que englobará al actual TAIPED y que tendrá más atribuciones de control, y eventual venta, de empresas públicas y que escaparán parcialmente del control de Gobierno, pues su órgano director estará nombrado en acuerdo con la Comisión Europea (CE) y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
En la plaza ateniense de Syntagma se produjo por la tarde una manifestación de unas 11.000 personas, según la Policía, que clamaba contra la aprobación de la ley y respaldada por los sindicatos del sector público (ADEDY) y privado (GSEE). La concentración transcurrió sin incidentes, según las autoridades.