El nombramiento del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia en el Gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, ha provocado este jueves un nuevo choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial, después de que un juez de Brasilia haya ordenado la anulación cautelar su designación como miembro del gabinete, un cargo que le permitiría blindarse ante la justicia ordinaria pese a su implicación en varios casos de corrupción.
La decisión judicial, adoptada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, se ha tomado casi al mismo tiempo que se celebraba la ceremonia en la que Lula prestaba juramento ante Rousseff. En principio, esa resolución anulaba el nombramiento hasta que hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso, pero el Gobierno defiende que Lula ya está investido, aunque no pueda ejercer.
Lula entra en el Gobierno de Rousseff y se blinda ante la justicia de Brasil
Así lo ha asegurado el responsable de la Abogacía General de la Unión de Brasil (los servicios jurídicos del Gobierno federal brasileño), José Eduardo Cardozo, que ha informado en una rueda de prensa en Brasilia de que el Ejecutivo ha presentado un recurso contra la decisión del juez Neto, de forma que Lula "tiene un impedimento para el ejercicio de su actuación, pero está investido".
La distinción entre si Lula es o no ministro es crucial para dilucidar cómo se enfrentará a la justicia, puesto que elpresidente brasileño está acusado de varios delitos de corrupción por la Fiscalía de Sao Paulo y fue detenido para ser interrogado por blanqueo de capitales en el marco de la investigación por el caso Petrobras. Si su nombramiento queda sin efecto tendría que enfrentarse a los tribunales ordinarios, mientras que si efectivamente fuera ministro, quedaría blindado y sería el Tribunal Supremo el que debería hacerse cargo de la investigación.
Una sociedad dividida
De hecho, el anuncio de su nombramiento como ministro de la Presidencia, el cargo más influyente del Gobierno, ha generado un terremoto político en Brasil, interpretado como una estrategia de Rousseff para que su mentor político esquive a la justicia. Esas sospechas se han agravado con la difusión de unas polémicas grabaciones que sugieren que la presidenta preparaba su designación como ministro desde que se inició la investigación: Rousseff le dice a Lula que le había enviado con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use "en caso de necesidad". "Está bien, está bien", responde el expresidente.
Una grabación en la que Dilma Rousseff ofrece a Lula un ministerio solivianta a los brasileños
Tras la difusión de esas grabaciones, las protestas que ya sacaron a la calle a millones de brasileños contra el Gobierno y contra Lula se han reproducido, de forma que la ceremonia en la que el exgobernante brasileño ha sido nombrado ministro ha tenido lugar en medio de manifestaciones curzadas entre los grupos opositores y los partidarios de Lula y Rousseff.
Lula ha prestado juramento ante Rousseff en el Palacio presidencial de Planalto, cercado por cientos de personas que expresaban su apoyo al Gobierno o su rechazo que el expresidente accediera al gabinete. La seguridad ha sido reforzada con decenas de policías y el tránsito de vehículos restringido en torno a la Plaza de los Tres Poderes, donde también se sitúan las sedes del Congreso y de la Corte Suprema, aunque al final los incidentes han sido menores.
En el interior del Palacio de Planalto, decenas de parlamentarios del Partido de los Trabajadores ha recibido a ambos al grito de "no habrá golpe", en alusión a la tramitación del posible juicio político contra la presidenta, que se ha reanudado este mismo jueves en la Cámara de Diputados. También estaban presentes diputados de la oposición, algunos de los cuales han gritado "vergüenza" y se han enzarzado en un breve duelo de consignas con los oficialistas.
Un juez anula cautelarmente el nombramiento de Lula como ministro en el Gobierno de Brasil.
Rousseff podría haber incurrido en delito
Casi al mismo tiempo, el juez Neto anulaba cautelarmente el nombramiento, al señalar que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentando que, si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una "intervención indebida y odiosa" en la policía, la fiscalía y el poder judicial.
La decisión del juez responde a una demanda de los partidos de la oposición, que fundamentan su petición en las causas abiertas por la justicia contra Lula. En su resolución, el juez también señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley impide al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública.
Los delitos de "responsabilidad" son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir el jefe del Estado. En este sentido, el juez ordena que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
Sería la segunda causa política contra la presidenta, puesto que la cámara baja ya autorizó encausarla por supuestas irregularidades fiscales en 2014 y 2015, aunque el procedimiento estaba suspendido: este mismo jueves se ha reanudado con la elección de los 65 miembros de una comisión especial que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político contra ella.