Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha aceptado este martes un acuerdo de cooperación propuesto por el exjefe del oficialismo en el Senado Delcidio Amaral, quien ha implicado en la corrupción en la estatal Petrobras a la presidenta Dilma Rousseff y a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.
La información ha sido confirmada por la propia corte y ello supone que las declaraciones que el senador Amaral, detenido por el asunto, ya ha dado a la justicia pueden ser utilizadas por la Policía en la investigación sobre la red de corrupción que operó en Petrobras.
Parte de las declaraciones de Amaral han sido adelantadas por la revista Istoé, que obtuvo algunos documentos según los cuales el senador afirmó que Rousseff y Lula "sabían" de la corrupción petrolera e intentaron "manipular" a la justicia para obstruir la investigación y liberar a algunos acusados.
Fuentes del Tribunal Supremo han confirmado a Efe que el magistrado también ha decidido que, como sucede en todos los casos en que se acepta un acuerdo de cooperación, las declaraciones que ha prestado Amaral sean hechas públicas.
De hecho, este martes la prensa ha filtrado esta información que suma 255 páginas y aporta pruebas como sus agendas oficiales, listas de llamadas y pasajes aéreos. En su declaración, el senador denuncia también a numerosos políticos de partidos oficialistas y de oposición.
Supervivencia política o silencio
Amaral fue encarcelado en noviembre pasado, cuando ejercía como jefe del grupo oficialista en el Senado, acusado de "obstaculizar a la justicia" y de intentar sobornar a algunos implicados en la red de corrupción petrolera a cambio de su silencio.
Hace un mes, la Corte Suprema autorizó que siguiera detenido en su domicilio y que incluso retomara su actividad parlamentaria, lo que aún no ha hecho.
Según Istoé, la excarcelación se debió a precisamente al acuerdo de cooperación, que la revista calificó como "el más explosivo relato de la mayor trama de corrupción descubierta en Brasil".
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, asegura que no va a renunciar a su cargo pese a las presiones por la corrupción.
Rousseff y los jueces amañados, Lula y los sobornos
La revista ha indicado que Amaral culpó a Rousseff de intervenir directamente en el nombramiento de algunos miembros del Tribunal Supremo a fin de favorecer "la liberación" de algunos empresarios detenidos por el caso.
Amaral, según Istoé, ha confesado que trató ese asunto "personalmente" con Rousseff y también con por lo menos uno de los jueces que se habría "comprometido" a colaborar con la liberación de presos.
La Fiscalía brasileña presenta cargos contra Lula da Silva por varios delitos
Sobre Lula, Istoé afirmó que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le "pidió expresamente" que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborase con la Justicia.
La declaración de Amaral, de acuerdo con la revista, también se refiere a un sonado escándalo de sobornos parlamentarios destapado en 2005, durante la primera gestión de Lula.
En ese sentido, el senador había revelado que el propio Lula también "ordenó" sobornar a algunos de los implicados a fin de que no revelasen detalles sobre cómo operaba esa trama de corrupción, que llevó a la cárcel a 25 políticos y empresarios.
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Crisis de confianza, crisis de gobierno
El acuerdo de cooperación propuesto por Amaral ha sido aceptado cuando la crisis política que enfrenta el Gobierno de Rousseff se ha agudizado, espoleada por las protestas en que las que este domingo unas 3,6 millones de personas tomaron las calles de todo el país para exigir la destitución de la mandataria.
En el caso de Lula, agravan las sospechas que ha volcado en su contra la Fiscalía de Sao Paulo, que lo ha acusado formalmente de lavado de dinero vía ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, cargos que la justicia analiza pero aún no ha aceptado.
El tribunal responsable de esa causa ha pedido que el caso sea trasladado a la órbita del juez federal Sergio Moro, responsable de indagar las corruptelas en la estatal Petrobras, por las que Lula también es investigado.