La Asamblea Nacional de Francia ha dado el visto bueno por una amplia mayoría a la reforma constitucional que incorpora las medidas con las que se pretende combatir ataques terroristas como los recientes atentados de París, entre ellas la inclusión del estado de emergencia y la posibilidad de despojar de la nacionalidad a los condenados por delitos graves contra la nación.
La votación de la Cámara Baja, que supone el primer tramite parlamentario de las reformas, ha resultado en 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones. Ahora, la Ley de protección de la nación se llevará al Senado en primera lectura.
Este resultado supone una mayoría ligeramente superior a las tres quintas partes que serán necesarias para que la revisión constitucional llegue a buen puerto, pero todavía le espera un largo camino por el Parlamento antes de ver la luz.
La pieza legislativa se compone de dos puntos: el primero se añade al artículo 36 de la Carta Magna para introducir en ella las condiciones en que podrá decretarse el estado de emergencia en Francia, actualmente en vigor y en proceso de ser prorrogado tres meses, a falta tan solo del refrendo en la Asamblea Nacional.
Grietas en los grandes partidos
El segundo epígrafe, el más polémico, enmienda un párrafo del artículo 34 de la Constitución para determinar que "la ley fija las reglas (...) sobre las condiciones bajo las cuales una persona podrá ser despojada de la nacionalidad francesa cuando sea condenada por un delito que constituya un ataque grave contra la vida de la nación". Esta enmienda abre la puerta a que se pueda despojar a un ciudadano francés de su nacionalidad por crímenes vinculados con el terrorismo.
La constitución francesa quitará la nacionalidad a los terroristas nacidos en Francia
Este segundo punto es el que ha provocado serias grietas en el seno del Partido Socialista del presidente François Hollande, que ha visto como la exministra de Justicia, Christiane Taubira, presentaba se renuncia en desacuerdo con la reforma. Este miércoles, las filas socialistas han quedado hechas jirones: solo 165 de los 287 miembros de su grupo parlamentario han apoyado el proyecto de ley.
Otro tanto ha ocurrido entre Los Republicanos liderados por el conservador Nicolas Sarkozy, quien, pese a su hostilidad hacia Hollande, respalda la reforma y ha alertado de que "se nos pedirán cuentas a todos" en caso de un nuevo atentado terrorista en suelo francés. Un total de 111 diputados de los 196 que tienen los conservadores han seguido las directrices de su jefe de filas, asediado por sus rivales en las primarias de la derecha para elegir al candidato presidencial que se celebrarán en noviembre.
Tras la votación, tanto la Presidencia como el primer ministro, Manuel Valls, han celebrado su victoria y se han mostrado optimistas acerca del futuro de la ley, en la que Hollande se juega buena parte de su prestigio como líder de una nación "en guerra contra el terrorismo", como acostumbra a decir. "Se ha franqueado una etapa y es algo bueno, pero el objetivo es que la revisión constitucional sea adoptada. No anticipamos los votos de las cámaras. El objetivo del Ejecutivo es convencer a los senadores para que voten el texto", ha señalado el Elíseo.
Un espinoso trámite parlamentario
Los Republicanos, que controlan el Senado, ya han prometido que tienen la intención de "reescribir" el texto para que quede claro que la medida de quitarle a un terrorista la nacionalidad se aplicará a los binacionales, una mención que los socialistas prefieren evitar para que no sea tachada de discriminatoria.
El primer ministro francés, Manuel Valls, en la Asamblea Nacional. REUTERS
Esto hará que previsiblemente no se alcance la mayoría cualificada necesaria, por lo que el texto debería volver a la Cámara baja, y así sucesivamente. El embrollo es de un calibre tal que ni siquiera está garantizado, pese a la confianza del Gobierno y del propio Sarkozy, que el proyecto de ley llegue a ser votado por el Parlamento reunido en Versalles en sesión bicameral, institución que en Francia se denomina Congreso.
Si la pieza legislativa supera la carrera de obstáculos y llega a Versalles, deberá recopilar entonces allí el apoyo de tres quintos de los parlamentarios. Desde 1958, han salido adelante 21 revisiones constitucionales aprobadas en Congreso y una más a través de un referéndum.
Una derrota en una apuesta tan personal y arriesgada supondría una pésima noticia para un Hollande, que debería jugarse su reelección en los comicios presidenciales de 2017.