El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata asumirá toda las investigación del caso Pujol después de que el juzgado de Barcelona que investigaba la fortuna ocultada por la familia en el extranjero se haya inhibido a favor de este tribunal, según han informado fuentes judiciales. La juez ha decidido inhibirse al considerar que existe una "estrecha vinculación" entre su causa y la que se sigue contra el primogénito, que gestionó el supuesto legado al que la familia atribuye la fortuna en Andorra.
Antes de decidir sobre la inhibición, la jueza pidió a De la Mata que le informara del objeto de la investigación que se abrió en 2012 contra Jordi Pujol Ferrusola, a raíz de una denuncia presentada por su expareja, María Victoria Álvarez.
En el mismo auto en que se inhibe, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, considera que el expresidente catalán Jordi Pujol fue propietario "en la sombra" de una de las cuentas que la familia tenía en Andorra, donde el clan ocultó una fortuna con el propósito de "encubrir el origen delictivo del dinero".
La familia no ha aportado "datos concretos"
En este sentido, la juez se remite a los datos bancarios obtenidos a través de la comisión rogatoria librada por Andorra, de los que se desprende que desde el año 1992 todos los hermanos Pujol Ferrusola son o han sido titulares de cuentas bancarias en ese país. Además, deduce que titulares también "lo son o han sido sus padres, llamando la atención que una de las cuentas era propiedad en la sombra de Jordi Pujol Soley, como se desprende de una carta manuscrita por él mismo reconociéndolo así".
La juez también remarca que, desde que inició la investigación, la familia no ha aportado "datos concretos, objetivos e inequívocos" sobre el origen del dinero y cómo lograron que de los 841.000 euros iniciales acabaran repartiéndose un millón de euros cada uno, lo que hace "sospechar de la existencia de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de blanqueo de capitales".
La juez acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que había solicitado que el juez de la Audiencia Nacional que ya investiga al hijo mayor de Pujol asumiese también la causa de los fondos ocultados en el extranjero por la familia durante más de 30 años, y que según la versión de estos tiene su origen en un legado del padre del expresidente.
Por su parte, la defensa de los Pujol tiene la intención de recurrir la inhibición de la juez, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia, la decisión final podría quedar en manos de la Audiencia de Barcelona, según han señalado a Efe fuentes judiciales.
Investigación al primogénito de Pujol
La investigación en la Audiencia se inició por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, tras una denuncia de la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Alvarez, que desprendía "el posible origen ilícito de la fortuna amasada por él y sus hermanos".
Al serle remitida la comisión rogatoria reclamada hace un año a Andorra, el juez De la Mata constató abonos en efectivo de origen desconocido en las cuentas del primogénito de los Pujol y su exesposa, por un total de 31,8 millones de euros, en distintas divisas, como pesetas, euros, dólares americanos y marcos alemanes.
Después de recibir esos abonos, Pujol Ferrusola ordenaba de forma "inmediata" que se realizaran traspasos a las cuentas en Andorra de su madre y de sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta, "en cantidades iguales o similares y simultáneamente, de lo que tampoco consta acreditada razón alguna para ello".
Además, existe un documento en el que Jordi Pujol Ferrusola acredita que su padre es el verdadero titular de una cuenta bancaria abierta en Andorra 2000, que acumuló 1,84 millones y que después fue vaciada en 2010 tras sacar dinero en efectivo en cinco ocasiones.
Posteriormente, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona abrió una investigación tras el anuncio del expresidente de la Generalitat el 25 de julio de 2014 en el que reconocía la existencia de fondos en el extranjero titularidad de sus hijos y de su mujer.
En el procedimiento abierto en Barcelona estaban ya imputados el expresidente catalán, su mujer Marta Ferrusola y cuatro de sus siete hijos -Jordi, Marta, Mireia y Pere-, mientras que en la causa que investiga De la Mata, los encausados son: Jordi Pujol Ferrusola, su exmujer Mercé Gironès y sus hermanos Pere y Josep Pujol Ferrusola -no están el expresidente catalán y su mujer, ni sus hijas Marta y Mireia-, entre otros.
Anticorrupción solicitó que se unieran ambas causas
La Fiscalía justificó su demanda --a la que se unió después la acusación popular ejercida por Manos Limpias-- porque cree que la investigación "sobre la regularidad del origen de la fortuna amasada por los hijos de Jordi Pujol Soley no puede desarrollarse de modo autónomo a la investigación de los hechos que se imputan" a Jordi Pujol Ferrusola, su primogénito.
Del mismo modo, para pedir la inhibición, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo remitió a la jueza un informe en el que sostenía que Jordi Pujol Ferrusola dirigió y gestionó "durante décadas" numerosos "negocios económicos" de la familia, "así como diferentes actuaciones dirigidas a lograr el blanqueo de los capitales obtenidos".
Para Anticorrupción, ambas causas estaban íntimamente conectadas y por tanto debían ser investigadas en una sola, ya que "resulta palmario que el enjuiciamiento acerca de la regularidad del origen de la fortuna amasada por los hijos del expresidente de la Generalitat no puede desarrollarse de modo autónomo" respecto de los hechos que se imputan al padre.
Otro de los hijos, Oleguer Pujol está siendo investigado en relación con siete operaciones inmobiliarias por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que hace más de un mes abrió una pieza secreta para ampliar su investigación a tres de sus hermanos -Jordi, Josep y Pere-, a los que atribuye delitos de tráfico de influencias y falsedad documental por unos pagos sospechosos que les hizo el empresario José Manuel Sola.
Otro hijo, Oriol, el único que se dedicó a la política, permanece también imputado por un juzgado de Barcelona por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el llamado "caso ITV", que provocó su dimisión como número dos de CDC.